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Millonaria recompensa. Autoridades en Antioquia ofrecieron 1.000 millones de pesos por información que permita identificar a quienes están orquestando una invasión en el municipio de Anorí. En el sitio persiste la medida del toque de queda, por la situación de orden público
Más de 200 familias armaron cambuches en un predio destinado para la construcción de una pista de patinaje en el municipio de Anorí desde hace una semana, tras promesas de tener una vivienda digna y a la espera de que el Gobierno nacional les dé una solución sobre el tema.
La situación ha generado posiciones divididas. Mientras las autoridades departamentales rechazan las vías de hecho, quienes están en el sitio dicen que se trata de una especie de refugio humanitario. De hecho, la Secretaría de Seguridad de Antioquia anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos, por información que permita la identificación, individualización, ubicación y judicialización de los promotores de estas invasiones en terrenos del municipio.
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Esto porque, al parecer, las autoridades tienen información de que quienes están tras la invasión son miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, que viene azotando a esa zona del Nordeste antioqueño, con recientes atentados terroristas.
El temor que viene generando el accionar de este grupo también generó que en zonas rurales los niños no pudieran asistir a clases desde finales de septiembre, por lo que se espera que esta semana puedan retornar a las aulas, así lo explicó en su momento el alcalde Gustavo Silva.
“Hay varias banderas de estos grupos ubicadas en distintas partes del municipio y entonces todo esto ha creado temores en la comunidad y por esa razón es que los padres de familia y estudiantes tomaron la decisión de desescolarizarse”, aseguró.
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Desde el ente departamental han explicado que se trata de una bolsa de recompensas porque se espera determinar cuántos son y qué tan valiosa es la información entregada por la ciudadanía para poder lograr su captura.
Mientras que en Anorí se mantiene la versión de que la invasión la están adelantando víctimas del conflicto que llegaron por voluntad propia, allí persiste la zozobra por los recientes hechos violentos que, incluso, tocaron la puerta del alcalde Gustavo Silva, quien recibió amenazas de muerte recientemente; como lo denunció el propio gobernador Andrés Julián Rendón.
Por lo pronto, en la localidad continúan implementando medidas ante las alteraciones de orden público, por lo que hasta el martes rige el toque de queda, la prohibición del parrillero en moto y el parqueo de todo tipo de vehículos en el perímetro del parque principal. Los comercios deben cerrar a las 9:00 de la noche.
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