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Así como otras organizaciones y veedores ciudadanos, en su momento, María Del Pilar Rodríguez se convirtió en uno de los símbolos de la lucha contra los ruidos de presunta corrupción que salpicaban la administración de Daniel Quintero.
La entonces directora de la Unidad Técnica de la Niñez de la Secretaría de Inclusión Social fue una de la funcionarias que en 2021 se negó a aportar a la corporación El Futuro se Parece a Nosotros, situación que le valió su salida de la administración distrital, inclusive en medio de presiones por parte de uno de los ahora sancionados, el exsubsecretario de Grupos Poblacionales Juan Daniel Pulgarín.
"Lo que te pedí por cuarta vez ahora, por favor, entrégame tu carta de renuncia vía Mercurio o me dices qué haremos, si digamos el tema de insubsistencia o algo", dice Pulgarín, a lo que le responde Rodríguez: "No, porque yo te la voy a presentar, lo que pasa es que en su momento estoy aislada, estoy esperando que una persona que vive acá...", se escucha en la llamada.
Sin embargo y según registros de la Procuraduría, el coordinador de toda esta estrategia que pretendía de manera irregular recolectar recursos que permitieran financiar futuras aspiraciones políticas de Daniel Quintero fue el entonces secretario de Gobierno e Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez, uno de sus más cercanos aliados.
En su momento Blu Radio dio a conocer detalles de esa reunión del 8 de agosto de 2021 donde con una escala salarial, a los contratistas se les exigía mensualmente el pago de 50.000, 100.000 y hasta 200.000 pesos como una supuesta ‘membresía’ de la corporación, además de seguir asegurando su puesto en la administración distrital.
Precisamente por este tipo de conductas María del Pilar Rodríguez asegura que se está haciendo justicia, aunque confesó en diálogo con Blu Radio que no tenía fe frente al avance del caso que ella misma había revivido con una apelación tras ser archivado en primera instancia.
"Yo no esperaba mucho de la justicia, pero me sorprendió, pues, gratamente, porque veo que sí hay sanción para los corruptos, para las personas que le hacen daño a la sociedad, a Medellín, o sea, personas que inescrupulosamente robaron a los funcionarios, a sus contratistas y todo, para poder sacar dinero", dijo la denunciante.
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Tras esta decisión de la Procuraduría que inhabilitó por 14 años a Ramírez, y 12 años a Pulgarín y al exsubsecretario de la Secretaría de Suministros y Servicios, Fredy Alonso Agudelo, Rodríguez comentó que debe ser un precedente para que con todo el acervo recaudado hasta el momento prosigan los respectivos procesos penales ante la Fiscalía.
"Debe servir y por eso le compulsa copias a la Fiscalía, a la Procuraduría para que inicie un proceso en caso de no haberlo iniciado. Como ya lo inició, lo lógico es que tenga en cuenta, la analice, la estudie para que él pueda tomar una decisión para comenzar a imputar", agregó.
Aunque este caso es el primero que impone inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos a exfuncionarios de Quintero, ya son al menos 40 los imputados por diferentes hechos de presunta corrupción.
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Los más recientes fueron los implicados en el caso del lote Aguas Vivas donde se habría modificado el uso del suelo de esta propiedad en un exclusivo sector de la ciudad para favorecer a un privado y sin contar con la aprobación del Concejo.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó que han sido más de 650 los hallazgos que hasta ahora han entregado a los entes de control. “No hay uno que se salve. Van cayendo uno a uno, los que se robaron a Medellín. Sinvergüenzas”, declaró el mandatario.
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