Procuraduría inhabilita por más de 10 años a exfuncionarios de Daniel Quintero

La Procuraduría en fallo de primera instancia inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Gobierno e Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, por presuntamente coaccionar a funcionarios de la Alcaldía para aportar parte de su salario y financiar la Corporación 'El futuro se parece a nosotros', parte del proyecto político de Quintero.El ente de control también sancionó a el ex subsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín, y el ex subsecretario de la Secretaría de Suministros y Servicios, Fredy Alonso Agudelo con 12 años de inhabilidad para cada uno.Según el ente de control, el entonces secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos organizó una reunión el 8 de agosto de 2021 en la casa de Agudelo, que fue utilizada para promocionar y respaldar la causa del movimiento político Independientes.El encuentro en el que inicialmente se había propuesto compartir una celebración y abordar temas institucionales de su dependencia, posteriormente se presentó esta organización y se les solicitó a los funcionarios del distrito, a quienes se había recogido previamente sus celulares, un aporte que oscilaba entre los 300 mil y un millón de pesos como ‘membresía’ para pertenecer al mismo que efectivamente fueron desembolsados como pudo probar la Procuraduría.Señalo el ente de control que con su comportamiento Ramírez vulneró sus deberes funcionales, pues el propósito de su cargo y sus funciones no contemplaban “impulsar organizaciones de carácter particular, ni su presentación y promoción, como tampoco fomentar el aporte de dinero por parte de servidores públicos, menos aún de sus subalternos”.En cuanto a Pulgarín Correa la Procuraduría estableció que el 9 de agosto de 2021 requirió a la funcionaria María del Pilar Rodríguez información sobre el pago del aporte económico, por 800 mil pesos que le correspondía, situación que produjo la renuncia de Rodríguez al no estar de acuerdo con esta exigencia.Con este fallo de primera instancia también se pidió a la Fiscalía para que investigue la comisión del delito de falso testimonio en contra de la señora Melissa Peláez, representante legal de la aludida corporación, quien en declaración rendida ante la Procuraduría, bajo la gravedad de juramento, pretendió evadir su asistencia a la reunión del 8 de agosto de 2021, lo que pudo interferir en la actuación disciplinaria.