Movimiento Canábico debate decreto que prohíbe consumo de drogas en parques de Bucaramanga

La entrada en vigencia del decreto 0907 de 2025, con el que la Alcaldía de Bucaramanga prohibió el consumo de sustancias psicoactivas en parques y otros espacios públicos, abrió un nuevo frente de debate jurídico y social en la ciudad. Desde el Movimiento Canábico de Santander, su vocero William Cáceres cuestionó el alcance de la medida y advirtió que podría incurrir en los mismos errores legales de normas anteriores que ya fueron anuladas por la justicia administrativa.Cáceres recordó que el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del Decreto 0007, expedido por la administración anterior, al considerar que resultaba desproporcionado frente a los derechos fundamentales de las personas adultas consumidoras. En ese sentido, señaló que cualquier nueva regulación debe ajustarse estrictamente a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-127 de 2023.“Esa sentencia establece un equilibrio claro entre la protección reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el reconocimiento de los derechos de las personas adultas que usan sustancias psicoactivas. La Alcaldía no puede desconocer esos criterios”, afirmó el vocero.De acuerdo con Cáceres, la administración municipal debe estructurar sus decisiones bajo tres principios constitucionales esenciales: el criterio pro infans, la proporcionalidad y la razonabilidad, evitando prohibiciones generales que terminen criminalizando el consumo adulto sin distinguir contextos ni impactos reales sobre la convivencia.El vocero fue enfático en señalar que desde la Mesa de Usuarios de Cannabis no existe intención alguna de afectar a la comunidad ni de invadir espacios frecuentados por menores. Por el contrario, aseguró que el colectivo viene trabajando en propuestas orientadas a la creación de espacios privados para el consumo responsable de cannabis por parte de adultos.“No queremos incomodar en el espacio público ni afectar a niños, niñas y familias. Estamos abogando por espacios privados, sin estigmas, donde se reduzca el impacto negativo del consumo y se fortalezca la convivencia ciudadana”, explicó Cáceres.Según el Movimiento Canábico, este enfoque no solo se ajusta mejor al marco constitucional vigente, sino que también contribuye a una política pública más efectiva y menos punitiva.El Decreto 0907 de 2025, firmado por el alcalde Cristian Portilla, comenzó a regir el 24 de diciembre y prohíbe el consumo, distribución, ofrecimiento y comercialización de sustancias psicoactivas naturales o sintéticas en un radio de 60 metros alrededor de parques, canchas deportivas, zonas históricas y centros educativos, tanto en suelo urbano como rural.La restricción se aplica diariamente entre 4:30 de la mañana y 11:30 de la noche, facultando a la Policía Metropolitana para realizar decomisos, retirar a consumidores de las zonas vedadas e imponer sanciones. En el caso de menores de edad, se contempla la intervención de comisarías de familia y procesos de restablecimiento de derechos.Adicionalmente, el decreto habilita la participación de reservas de la Policía y el Ejército en labores preventivas y abre la puerta a recompensas para ciudadanos que suministren información sobre expendio de drogas en zonas frecuentadas por menores.Mientras la administración defiende la medida como un mecanismo de protección de la niñez y recuperación del espacio público, organizaciones como el Movimiento Canábico de Santander advierten que, si no se ajusta al precedente constitucional, el decreto podría enfrentar nuevas demandas de nulidad ante los estrados judiciales.