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SIC reveló presunta corrupción entre el AMVA y Metroparques; habría detrimento de $1.300 millones

Metroparques habría terminado subcontratando el 100 % de los requerimientos, sin ejecutar directamente las obras o actividades técnicas contratadas y a cambio, habría cobrado una comisión.

Metroparques
Metroparques es una de las entidades sobre la que los entes de control ya avanzan en investigaciones.
Metroparques

La Superintendencia de Industria y Comercio reveló un presunto esquema de corrupción contractual que habría operado en 2021 en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, relacionado con la contratación para el mantenimiento y operación del Parque de las Aguas, durante la administración de Daniel Quintero.

De acuerdo con el informe de la Delegatura para la Protección de la Competencia, se habría utilizado contratos interadministrativos para evitar procesos de selección competitivos y posteriormente direccionar al menos ocho invitaciones privadas hacia determinados proveedores.

Por ello, la SIC puso bajo la lupa algunos contratos mediante los cuales el Área Metropolitana habría canalizado más de $15.748 millones hacia Metroparques. Según el organismo, esta última entidad no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica necesaria para ejecutar directamente las actividades contratadas.

El informe señala que Metroparques habría terminado subcontratando el 100 % de los requerimientos, sin ejecutar directamente las obras o actividades técnicas. A cambio, habría cobrado una comisión cercana al 8 % por la administración de los recursos, que representó aproximadamente $1.368 millones, lo que para la SIC habría generado un costo adicional e innecesario, es decir, un detrimento patrimonial.

Entre las empresas señaladas aparecen Comercializadora JPino, 1Soluciones y Constru Americana, mismas que, presuntamente, no tendrían la capacidad técnica, operativa o financiera requerida para desarrollar los trabajos.

El informe fue notificado a las entidades y personas involucradas y será trasladado a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, determinen las eventuales responsabilidades penales y fiscales.

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La SIC, por su parte, recomendó sanciones contra quienes habrían colaborado, facilitado, ejecutado o permitido las conductas investigadas en un proceso que se suma a las investigaciones que ya adelantan las autoridades por presuntas irregularidades en la contratación del Parque de las Aguas.

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