Sigue la crisis para la Rama Judicial: el Tribunal Superior de Medellín pidió al Consejo Superior de la Judicatura evaluar otra suspensión de términos por las dificultades que continúan teniendo tras la implementación de un nuevo sistema de gestión de procesos. Solicitaron un plan de choque urgente frente a la problemática.
A un mes de haberse conocido por parte de la opinión pública la compleja situación que afronta el sistema de administración de justicia en Medellín, poco o nada ha cambiado el panorama por lo que hay nuevas solicitudes.
Así quedó en evidencia en una carta remitida en las últimas horas por parte del Tribunal Superior de Medellín al Consejo Superior de la Judicatura para que adopte medidas urgentes ante el colapso en los procesos que se siguen registrando por la implementación de un nuevo sistema de información de gestión de procesos y manejo documental llamado Justicia XXI Web TYBA.
En la carta, el presidente del Tribunal, Benjamín de Jesús Yepes, manifestó que los fallos constantes en la plataforma siguen generando un impacto directo y negativo en la adecuada prestación del servicio de justicia en los diferentes despachos de la ciudad.
Entre los principales inconvenientes están la lentitud para los registros de los procesos, inconsistencias en los nombres de las partes o en radicados y procesos existentes que fueron migrados a la nueva plataforma como inactivos, entre otras situaciones.
La problemática ya había sido denunciada también por Asonal Judicial. Su presidente, Diego Escobar, manifestó que toda la carga de las fallas en esta implementación la han asumido los servidores de los despachos con extensas jornadas laborales, incluso nocturnas.
“Nos toca trabajar de manera nocturna a partir de las 8 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana para poder subir toda la información. Eso nos tiene a nosotros al borde de una enfermedad por el estrés y muy posiblemente estaríamos cerrando los despachos judiciales”, aseguró.
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Ante esta realidad, en su reciente pronunciamiento el Tribunal Superior de Medellín solicitó la adopción de un plan de choque urgente para aliviar la congestión que persiste en materia de tutelas y procesos del área civil y de familia.
Por eso, propuso al Consejo Superior de la Judicatura como una de las medidas más efectivas en el corto plazo, evaluar la suspensión de los términos en los procesos pero por un lapso más amplio, ya que aseguraron que el otorgado entre el 27 y 28 de abril resultó insuficiente.
Se estima que hasta mediados de abril habían represados más de 3.000 procesos, cifra que con el paso de las semanas ha aumentado y podría llegar a configurar aperturas de vigilancias administrativas a los despachos por mora en su deber de administrar justicia.
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