Una alerta hicieron desde la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), luego de que la Directiva Ministerial 009 establece medidas para proteger a las comunidades educativas y garantizar la continuidad del servicio tras los estragos que dejó el terremoto del 10 de agosto en varias zonas del país.
Según indicó la presidenta del sindicato, Lida Morales, aunque el magisterio acompañó a las comunidades afectadas por la emergencia con compromiso y solidaridad, su vocación no puede sustituir la responsabilidad del Estado, con por ejemplo las inspecciones a las sedes educativas que resultaron afectadas.
Aseguró que los reportes fotográficos de rectores sólo deben servir para una caracterización preliminar y no pueden utilizarse para evaluar la estabilidad estructural ni ordenar el regreso a clases; ninguna institución afectada debe reabrirse sin la certificación de profesionales y equipos técnicos acreditados.
"Los directivos docentes no tienen la formación, la competencia técnica y la responsabilidad de certificar la estabilidad de una edificación. Esa labor corresponde a personal idóneo, ingenieros civiles y estructurales, profesionales en gestión de riesgo y equipos técnicos acreditados. Exigimos que ninguna institución afectada o sobre la cual exista alguna duda sea reabierta únicamente con fotografías, inspecciones visuales o decisiones administrativas", expuso Morales.
La organización sindical pidió evaluaciones estructurales presenciales, independientes y certificadas a las instituciones afectadas tras el sismo.
Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia indicó que mantiene comunicación permanente con los municipios no certificados y los rectores de las instituciones educativas, quienes han sido los encargados de reportar las afectaciones en cada una de sus instituciones. La Secretaría de Educación, junto con el Dagran, ha visitado 66 instituciones priorizadas de acuerdo con su nivel de riesgo.
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A su vez, señalaron que durante esta semana los representantes de cada municipio fueron citados a una mesa técnica, en la que presentarán los reportes de sus instituciones educativas y se atenderán las solicitudes correspondientes. Por lo pronto, destacan desde el ente departamental, ingenieros de la Secretaría de Educación continúan visitando las subregiones más afectadas para continuar con la evaluación de los riesgos.
Datos tras la declaratoria de calamidad pública
De acuerdo con el balance consolidado de la Gobernación, en medio de la declaratoria de calamidad pública para atender las afectaciones, se reportaron 4.090 viviendas afectadas, 33 de ellas colapsadas; 777 centros educativos; 30 centros hospitalarios con daños; 72 iglesias o centros religiosos afectados; 17 vías o puentes con afectaciones y 162 equipamientos no habitacionales impactados.
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"Seguiremos actuando desde los 9 sectores del departamento de Antioquia para intervenir, no solamente en las viviendas afectadas, sino también la infraestructura educativa, hospitalaria y otro equipamiento en el departamento de Antioquia. En Antioquia estamos haciendo que las cosas pasen para recuperar esas afectaciones por el sismo el 10 de agosto", explicó en su momento la directora del Dagran, Vanessa Paredes.