El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Gobierno nacional diseñar e implementar, en un plazo máximo de 30 días, un plan de intervención urgente en el municipio de Briceño, Norte antioqueño, ante el deterioro del orden público y el riesgo que enfrenta la población civil por la presencia de grupos armados ilegales.
Hay que recordar que las peticiones de las autoridades locales se incrementaron con la muerte del periodista Mateo Pérez, que fue retenido y luego asesinado por las disidencias de alias 'Calarcá'. Por ello, la decisión fue adoptada de oficio como medida cautelar dentro de una acción popular coadyuvada por la Gobernación de Antioquia.
El alto tribunal concluyó que los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público y la protección de los bienes públicos se encuentran amenazados debido a las disputas por el control territorial y las economías ilícitas que afectan a la localidad.
Tras conocerse el fallo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la decisión y aseguró que esta respalda las denuncias realizadas por la Administración Departamental sobre la situación de Briceño.
Según manifestó, los habitantes del municipio enfrentan un riesgo constante por la acción de estructuras armadas ilegales y explicó que el Tribunal, “le dio 10 días hábiles a la Presidencia de la República para informar cuántos efectivos se necesitan para contener la grave situación de seguridad en la región”.
Como parte de las medidas cautelares, también se ordenó la conformación temporal de un Consejo de Seguridad Extraordinario, liderado por la Presidencia de la República, con el propósito de diseñar una política pública y un plan de protección para la población civil de Briceño, mientras se adoptan acciones que permitan restablecer las condiciones de seguridad en el municipio.