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Políticos, mandatarios y ciudadanos reaccionaron ante la imputación de cargos adelantada por la Fiscalía contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, siete exfuncionarios de la alcaldía anterior y tres empresarios, que quedó en firme luego de que el juez 50 penal impartiera legalidad en una audiencia que culminó en la tarde de este martes.
Uno de los que reaccionó fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que “la justicia tarda pero llega” y que son cerca de 40 exfuncionarios imputados por presuntos hechos de corrupción, comenzando “por el jefe de la banda”, como calificó a Quintero.
"El jefe de la banda ha sido imputado por corrupción e ir a juicio. Los que se robaron a Medellín creyeron que estaban por encima de todo y nadie está por encima de Dios ni de la ley. Además, este es solo un caso de los más de 650 hallazgos que le entregamos con pruebas a los entes de control", expresó Gutiérrez.
En contraste, el imputado exalcalde manifestó que se trata de mafias corruptas que quieren sacarlo de la contienda electoral a la presidencia en 2026 e insistió en la responsabilidad del actual alcalde en este caso al firmar un contrato.
"Terminó la vergüenza de imputación que me hicieron por un contrato que firmó Fico y lo demostramos en la audiencia y que finalmente va a llevar a Fico a la cárcel. Aproveché la audiencia para mostrar todas las pruebas que la fiscal no me quiso recibir y la presión ya hizo que lo empezaran a investigar. Vinieron por lana y van a salir trasquilados", manifestó el exmandatario.
A su vez, el concejal Alejandro de Bedout defendió el rol de la fiscal Yarlesy Mena Benítez, pues en su concepto pese a los cuestionamientos de los defensores de los ahora imputados, sacó adelante la diligencia.
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"La fiscal Mena tuvo pantalones, en una audiencia de más de 5 o 6 horas enfrentó a esa gavilla de abogados que intentaron enredarla y manipularla. Estos señores más bien porque no me preguntan de dónde están siendo financiados estos abogados y con recursos provenientes de dónde", aseguró el corporado.
Según la Fiscalía, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de conciliación prejudicial los exservidores públicos habrían intentado favorecer económicamente a los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez cambiando la cesión gratuita del lote de Aguas Vivas a una compraventa, y así poder pagarles más de 40 mil millones de pesos, que correspondían al valor del predio.
El ente acusador evidenció que, ante el fracaso de ese trámite, el exmandatario y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del predio, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
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Frente a los exfuncionarios, la investigación indica que habrían participado en diferentes irregularidades durante el proceso de la conciliación extrajudicial, para la modificación de la escritura pública de cesión gratuita a compraventa, la expedición del avalúo catastral por encima de lo previsto, la anulación de conceptos jurídicos negativos sobre el trámite, o la aprobación de la propuesta de pago a favor de los particulares, entre otras.
Finalmente, la mencionada conciliación fue declarada improcedente por el Consejo de Estado, que indicó que el bien ya hacía parte del patrimonio de Medellín, razón por la cual no se podía comprar.
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