Una eventual condena contra Carlos Ramón González aplicaría lo dispuesto en la Ley 2014 de 2019, la cual regula las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública. Esta norma también contempla la cesión unilateral administrativa de contratos por actos de corrupción, lo que podría generar la suspensión temporal de la operación en los comedores comunitarios.
González integra la junta directiva de la Corporación Sor Teresa de Calcuta, entidad encargada de administrar tres comedores comunitarios en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, donde actualmente reciben alimentación unas 850 personas.
El Distrito reafirmó su compromiso de garantizar la continuidad del servicio en caso de que los comedores deban suspender su operación. Como parte del plan de contingencia, señaló que los beneficiarios recibirían paquetes alimentarios mientras se adelanta el proceso para poner en marcha nuevos convenios.
La Secretaría de Integración Social aclaró que no existe ningún contrato directo con Carlos Ramón González, ni como persona natural ni como representante legal de alguna entidad. Asimismo, aseguró que actuará con diligencia para proteger el derecho de los beneficiarios a una alimentación digna.
La entidad también recordó que la operación de los comedores comunitarios en Bogotá se adjudica únicamente mediante procesos públicos abiertos y competitivos, con criterios de selección objetiva y de libre concurrencia.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.