La explosión ocurrida el jueves 11 de septiembre en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá continúa generando preocupación y rechazo. Aunque las autoridades confirmaron que una persona resultó herida al manipular un artefacto explosivo, los testimonios de la comunidad universitaria evidencian la incertidumbre que se vive dentro del campus.
Ronald Vargas, representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería, señaló en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, que los estudiantes, profesores y trabajadores son los principales afectados por estos hechos.
“El estudiantado, los egresados, los profesores y los trabajadores de la universidad son víctimas de todo lo que está pasando y no cómplice, como algunas personas quieren hacerlo ver”, afirmó. Vargas relató que los encapuchados ingresan al campus, fabrican explosivos en lugares sin vigilancia y generan enfrentamientos con la fuerza pública. “Lo de ayer es una tragedia que no se puede minimizar. En uno de los baños de Sociología se estaban fabricando explosivos y en la manipulación estallaron. Esto no es nuevo, ya ha ocurrido en varias oportunidades”, agregó.
El estudiante advirtió que estas acciones han obligado a evacuar el campus en varias ocasiones, lo que interrumpe las clases, afecta a los menores que asisten a cursos de extensión y perjudica a los trabajadores y estudiantes que dependen de los comedores universitarios.
Según Vargas, en los últimos días se ha registrado la presencia de al menos seis grupos clandestinos, conformados en gran parte por personas externas a la universidad. “Aprovechan la autonomía universitaria para protagonizar disturbios con la fuerza pública y usar nuestro campus como trinchera. La comunidad académica está en contra de estas expresiones”, subrayó.
Frente a las medidas de seguridad, el representante reiteró que el ingreso de la fuerza pública no es la solución, recordando los saldos trágicos de anteriores intervenciones. Sin embargo, pidió que haya articulación institucional para enfrentar la situación: “Lo primero es no normalizarlo. Hoy ya no puede ocurrir en los campus universitarios. Se requiere articulación entre la Alcaldía, el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y derechos humanos”.
Vargas también denunció amenazas en su contra por alzar la voz. “Quienes nos atrevemos a denunciar terminamos señalados. A mí me han hostigado, grafiteado mi nombre con insultos y declarado persona no grata en la universidad. La administración no ha hecho nada. Todo se queda en comunicados”, aseguró.