Fiscalía expone que planos incautados en Usme sugerirían ataques a batallones y civiles
En diligencias judiciales tras la captura de 2 personas, la Fiscalía aseguró que explosivos y armas incautadas estarían relacionados con posibles ataques contra bases militares, población civil o funcionarios del Estado.
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En las audiencias de judicialización por el hallazgo de una fábrica de explosivos en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, la Fiscalía reveló que entre el material incautado se encontraron planos hechos a mano que, presuntamente, estarían relacionados con posibles ataques contra bases militares, población civil o funcionarios del Estado.
Los capturados fueron identificados como Harol Zuluaga Arroyabe, alias “Plumilla”, y Gerson Hernández Flórez, señalados de estar involucrados en la fabricación, almacenamiento y comercialización de elementos explosivos en una vivienda ubicada en el sector de Charalá.
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Durante las diligencias, la Fiscalía expuso que entre los elementos materiales probatorios “se logró incautar unas hojas que tenían al parecer unos planos a mano alzada”, y precisó que en uno de ellos “dice o está referido Batallón, Barrio, Segovia y se refiere un número pero no se alcanza a determinar y dice 10 pasos”. Para el ente acusador, ese hallazgo indicaría que “probablemente sí se estaría llevando a cabo la fabricación de estos artefactos explosivos para afrontar contra algún batallón o contra la población civil o contra funcionarios del Estado, como se indica en ese informe de inteligencia”.
En el operativo fueron encontrados 897 cartuchos, un lanzagranadas, 100 iniciadores de cartuchos, un revólver, dos escopetas, cuerpos de granadas de 60 milímetros, cerca de un kilo de pólvora negra e insumos químicos para la elaboración de mezclas explosivas. Sobre ese material, la Fiscalía explicó en audiencia que estos elementos “son empleados por grupos al margen de la ley para impulsar o lanzar cilindros y otros contenedores o elementos y posteriormente ser activados a distancia y así causar muertes y afectación a infraestructuras”, lo que, según indicó, “corrobora o confirma la información obtenida y de las labores de verificación que realizó la Policía Judicial”, en las que se advertía que podrían estar destinados a la afectación de población civil, entidades estatales o la Fuerza Pública.
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La fiscal también hizo referencia al análisis técnico del armamento, señalando que en el informe de laboratorio “se evidenciaron que son piezas esenciales tanto para armas de fuego de uso privativo como de uso personal” y que la incautación del lanzagranadas corrobora lo aportado en el informe de inteligencia, en el que se mencionaba que en el lugar “no solo se estaría encontrando los artefactos sino también armas como lanzagranadas”, circunstancia que, según afirmó, fue confirmada en la diligencia de allanamiento y registro.
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Durante la audiencia, los dos procesados, que tenían antecedentes, aceptaron cargos y fueron enviados a prisión. La Fiscalía sostuvo que la conducta fue cometida “con pleno conocimiento de la misma, evidenciándose esa intencionalidad de cometer la conducta punible”, y enfatizó que “estas personas no son infractores primarios”, pues “con anterioridad han sido vencidos en juicio frente a diferentes procesos donde ellos tienen conocimiento que su actuar va en contra de la ley, pero que aun así han tenido esa voluntad de realización de estas conductas punibles”, razón por la cual calificó la modalidad como dolosa.