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TransMilenio decidió ponerle freno a uno de los dolores de cabeza más grandes del sistema: los colados. Desde esta semana, 200 guardas de seguridad privada comenzaron a operar en diferentes estaciones y portales, como parte de una estrategia conjunta con la Policía Nacional y empresas de vigilancia. El objetivo es claro: reducir la evasión, que según cifras del Concejo de Bogotá afecta a más de 262.000 personas cada día.
El problema no es menor. Solo en el segundo semestre de 2024, TransMilenio reportó pérdidas superiores a $100.000 millones por usuarios que ingresan sin pagar el pasaje. Ante esa situación, el Distrito decidió pasar de los llamados pedagógicos a la acción directa, aunque con un enfoque de diálogo.
La operación se concentrará inicialmente en los portales de Suba, Las Américas, Tunal y Usme, además de estaciones estratégicas como San Mateo y Avenida Jiménez, puntos reconocidos por su alto flujo de usuarios y frecuentes intentos de evasión.
Los nuevos guardas no portarán armas. Su labor será principalmente preventiva y de mediación, buscando disuadir a quienes intenten colarse y promover una cultura de respeto hacia el sistema. En los casos más complejos, trabajarán de la mano con los gestores de convivencia y la Policía Nacional.
Incluso habrá guardas motorizados que patrullarán las zonas cercanas a los portales para reforzar la seguridad en los accesos, una medida pensada para cerrar los pasos informales que algunos ciudadanos usan para ingresar sin pagar.
Según Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, el propósito va más allá de la vigilancia: “Estamos cumpliendo con todos los preceptos de protección de los derechos humanos y, sobre todo, garantizando la tranquilidad y convivencia dentro del sistema. Queremos que, cuando llegue el Metro, ya exista una cultura de respeto y cuidado”.
El impacto de la medida se evaluará a través de tres indicadores clave: el aumento del recaudo, la disminución del número de colados y el fortalecimiento de la cultura ciudadana.
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Con este nuevo plan, TransMilenio espera que Bogotá dé un paso firme hacia un uso más responsable del transporte público, donde pagar el pasaje deje de ser visto como una opción y se entienda como un deber ciudadano.
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