Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, se refirió a la expedición de un nuevo decreto que modificaría la norma que prohíbe la exportación de carbón a Israel.
Desde el Congreso de Minería, Nariño aseguró que este decreto, que según se conoció ya estaría listo para ser expedido por el Gobierno nacional, tiene efectos profundos, incluso, en la relación entre el Estado y el sector privado, especialmente en los contratos a largo plazo.
“Es un nuevo decreto que termina de prohibir la exportación de carbón a Israel, que es una evolución del decreto anterior, que lo que intentaba era que no se cometieran actos irregulares en esa actividad, esta evolución así, no puedo decir mucho más, tiene efectos profundos, incluso hacia adelante, en la manera en cómo la relación del Estado sé hace con el sector privado y sobre todo con los contratos a largo plazo, que era lo que intentaba proteger el primer decreto”, explicó.
Acerca de posibles sanciones de tribunales internacionales por esta modificación de contratos vigentes, el presidente de ACM sostuvo que es una consecuencia normal cuando se toman decisiones de forma ligera.
“Es el devenir normal de los negocios, el devenir normal de unos contratos vigentes y para eso también Colombia había firmado, y siguen vigentes, contratos con otros países, a través de los contratos de libre comercio, para esos son el sustento jurídico, entonces, cuando eso se pasa por encima de forma ligera, la consecuencia normal es que uno acuda a ese contrato y haga las reclamaciones necesarias”, dijo.
El pasado 6 de agosto, la Procuraduría General de la Nación envió al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un documento con observaciones sobre el proyecto de decreto.
El ente de control que la propuesta del Gobierno podría afectar permisos ya otorgados, lo que implicaría desconocer derechos adquiridos y principios básicos como la buena fe.
Publicidad
Además, indicó el Ministerio Público, que el proyecto incluye temas que solo pueden ser tratados por el Congreso, como medidas que afectan la economía y la libertad de empresa. La Procuraduría indica que no se presentaron razones jurídicas suficientes para que el Ejecutivo asuma estas decisiones.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.