En una contundente operación contra la explotación ilícita de recursos naturales, tropas del Ejército Nacional lograron la captura de 23 personas en una mina ilegal de carbón ubicada en zona rural del municipio de San Cayetano, en Norte de Santander.Durante el operativo, las autoridades encontraron una gran cantidad de elementos utilizados para esta actividad ilícita, entre ellos 69 barras de explosivo artesanal y 9 barras de explosivo tipo Indugel, además de maquinaria y herramientas como plantas eléctricas, motores, martillos neumáticos, motosierras, taladros mecánicos y equipos de ventilación, entre otros.Según el reporte oficial, estos elementos eran empleados para la extracción ilegal de carbón, una práctica que no solo afecta gravemente el medio ambiente, sino que también pone en riesgo la vida de quienes participan en estas labores sin las condiciones mínimas de seguridad.En una segunda acción, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 5, en coordinación con la Policía Metropolitana de Cúcuta, capturaron a un hombre en el sector de Oripaya, en la capital nortesantandereana, por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. En el procedimiento fue incautado un camión que transportaba 16 metros cúbicos de madera tipo bloque aserrada, cuya procedencia ilegal fue evidenciada durante la inspección.Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de judicialización.Las autoridades de Norte de Santander indicaron que, tras estas intervenciones, se reforzó la presencia militar en las zonas afectadas con el fin de evitar la reactivación de estas actividades ilegales, que en muchas ocasiones están vinculadas a economías criminales y generan graves impactos ambientales.Este operativo se suma a las acciones que adelantan las Fuerzas Militares en el nororiente del país para combatir delitos relacionados con la minería ilegal y la explotación indiscriminada de recursos naturales, problemáticas que han venido en aumento en regiones como Norte de Santander, donde confluyen factores como la presencia de grupos armados ilegales y la falta de control en zonas rurales.
El turismo se consolida como uno de los sectores más importantes de la economía colombiana después de que, en 2025, las divisas generadas por actividades asociadas a los viajes alcanzaron 11.166 millones de dólares, superando ampliamente los ingresos por exportaciones de café y carbón.Las cifras, divulgadas por la Anato, muestran un crecimiento sostenido del sector y confirman que el turismo ya no es una actividad complementaria, sino uno de los principales motores de ingreso de divisas para el país.¿Cuánto creció el turismo en 2025?De acuerdo con el informe, el total de divisas por exportaciones relacionadas con el turismo creció 9,3 % en 2025 frente a 2024.El principal aporte provino del rubro de viajes, que generó 9.426,97 millones de dólares, con un incremento de 8,4 %. A esto se sumó el transporte aéreo de pasajeros, que aportó 1.739,15 millones de dólares y registró un crecimiento aún mayor, de 14,3 %.Según Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato , estos resultados consolidan la tendencia positiva que el sector viene mostrando desde los últimos años.“Con este resultado el sector volvió a demostrar su importante peso en la economía colombiana y va en línea con el buen desempeño observado en 2024”, explicó la dirigente gremial.Supera a exportaciones tradicionalesUno de los datos más llamativos es que el turismo volvió a ubicarse por encima de sectores históricos de exportación.En 2025, los ingresos generados por los viajes superaron por más del doble las exportaciones de carbón, que sumaron 4.901 millones de dólares, y también estuvieron por encima del café, que alcanzó 5.788,2 millones de dólares.Además, el turismo llegó a representar el 89 % del valor de las exportaciones de petróleo y sus derivados, que totalizaron 12.482 millones de dólares, aunque este último sector registró una caída del 17 % frente al año anterior.Estas cifras confirman que la industria turística se consolida como el segundo mayor generador de divisas del país.¿Cuáles son los destinos más visitados en Colombia?En cuanto a la llegada de visitantes internacionales, algunos destinos tradicionales continúan liderando las preferencias.Entre enero y octubre de 2025, el ranking de regiones más visitadas fue encabezado por:Bogotá, con 1,5 millones de turistas internacionales.Antioquia, con 1 millón de visitantes.Bolívar, con más de 700.000 viajeros.Al mismo tiempo, varios destinos emergentes registraron crecimientos importantes en la llegada de turistas extranjeros.Entre los más destacados aparecen Chocó, La Guajira y Vichada, cada uno con incrementos cercanos al 100 % frente al mismo periodo de 2024.También sobresalen otros territorios que han ganado visibilidad internacional, como Norte de Santander (45 %), San Andrés (43 %), Córdoba (32 %), Casanare (27,1 %) y Nariño (24 %).El informe también señala que Estados Unidos continúa siendo el principal país de origen de los visitantes extranjeros que llegan a Colombia.
En un operativo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue desmantelada una actividad ilegal de producción de carbón vegetal en la vereda La Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar.De acuerdo con la CAR, en el lugar se hallaron restos de muebles abandonados, guacales, carretes de aglomerado y otros desechos, que habían sido amontonados de forma indiscriminada para fabricar carbón vegetal mediante la quema incompleta de retales de madera, pinturas, metales y otros materiales contaminantes. En total, las autoridades encontraron 16 pilas en combustión y una más en proceso de armado, dentro de un área aproximada de 0,19 hectáreas.Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, advirtió sobre los graves impactos ambientales de esta práctica: “Las quemas a cielo abierto afectan principalmente al recurso aire, por la dispersión de gases y vapores durante el proceso de combustión, que en casos como este son emisiones contaminantes porque los materiales que entran en contacto con el fuego no son segregados de manera adecuada, permitiendo que compuestos orgánicos volátiles e irritantes, que no solo afectan la calidad del aire, sino además la salud de las comunidades aledañas”.Según el más reciente Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, la vereda La Quiba está catalogada como agroparque, un territorio destinado a la conservación, restauración y educación ambiental, por lo que actividades como la minería o la quema de materiales están prohibidas.La CAR advirtió además que estas prácticas provocan la pérdida de la capa orgánica del suelo, afectan el hábitat de especies nativas y alteran el equilibrio de los ecosistemas de alta montaña.Como resultado del operativo, las autoridades suspendieron las actividades ilegales e impusieron medidas preventivas, además de capturar a dos personas en flagrancia.
El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de medidas cautelares contra la licencia ambiental otorgada a la empresa Zurich International Trading para la explotación de carbón en el municipio de La Paz.El congresista dice que con la acción judicial busca frenar un proyecto que ha generado polémica en la región, no solo por el reciente intento de ingreso de la empresa acompañado por el Ejército Nacional, sino también por presuntas irregularidades de origen en el licenciamiento, otorgado en 2014 por la Corporación Autónoma de Santander (CAS).“El Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base para la licencia ambiental fue hecho con normas derogadas. Es un error garrafal: no tiene caracterización socioeconómica del área de influencia, no establece la zonificación ambiental que define dónde se puede y dónde no se puede hacer minería, y tampoco incluye una evaluación económica de los impactos. Sin esos tres elementos, la licencia es ilegal e inviable”, señaló Avendaño.El congresista también cuestionó a los protagonistas del proceso. Recordó que, “en el momento del licenciamiento, uno de los principales dueños del título minero era Ricardo Vanegas Sierra, condenado por minería ilegal y construcción en zona protegida en Bogotá, y que la autorización fue firmada por Flor María Rangel, entonces directora de la CAS, hoy condenada por corrupción”.La demanda también solicita que se decrete la suspensión inmediata de los efectos de la resolución que otorgó la licencia. Avendaño recordó que, en un proceso anterior, logró frenar el proyecto minero de la empresa COLCCO en Santander.“Estamos frente a un licenciamiento hecho a la medida de los intereses privados, no de la ley. Por eso pedimos medidas cautelares inmediatas: no se puede permitir que este proyecto avance ni un paso más mientras se decide de fondo la nulidad”, puntualizó.
En la mañana de este jueves, el partido Cambio Radical presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra los decretos 1047 de 2024 y 949 de 2025 del Gobierno nacional que prohibieron la exportación de carbón a Israel. El partido solicitó, como medida cautelar, la suspensión provisional de la determinación para evitar perjuicios económicos y sociales mientras se decide de fondo.El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, calificó la decisión como ilegal e inconstitucional, argumentando que el Ejecutivo se extralimitó al imponer por acto administrativo una sanción internacional sin autorización legal.La demanda sostiene que no existe soporte técnico que demuestre que el carbón colombiano sea utilizado con fines militares en Israel y acusa al Gobierno de incurrir en desviación de poder al usar facultades económicas con fines de política exterior y presión diplomática.El recurso señala además que la medida vulnera el principio de proporcionalidad, afecta exportaciones, empleo, regalías y golpea la estabilidad de las regiones productoras. Según cifras del Dane citadas en el documento, entre enero y agosto de 2023 Colombia exportó a Israel cerca de 375 millones de dólares, de los cuales el 93 % fueron minero-energéticos y alrededor del 90 % correspondió a carbón térmico.“Esta prohibición improvisada es ilegal e inconstitucional. No se puede sacrificar el ingreso de las regiones ni desconocer compromisos internacionales del país”, concluyó Córdoba.
Colombia dejó de exportar más de 8 millones de toneladas de carbón este año, lo que llevó a una reducción de la carga movilizada en los puertos del país, según cifras del propio Gobierno.Los puertos colombianos pasaron de mover 53 millones de toneladas de productos de exportación en el primer semestre del año pasado a 44 millones de toneladas, una caída del 16,7 %, según las estadísticas de la Superintendencia de Transporte.El boletín señala que la principal caída se dio en la movilización de carbón de exportación, que tuvo una contracción del 27,2 %, equivalente a 8,4 millones de toneladas.Esta cifra recoge el efecto del primer decreto del Gobierno Petro para frenar las exportaciones de carbón hacia Israel como represalia por la guerra en Gaza. En ese momento todavía estaba saliendo carbón de los contratos vigentes, pero a partir del 28 de agosto se prohibió cualquier tipo de salida de carbón.Por su parte, las exportaciones de petróleo, en volumen, aumentaron apenas un 2,4 %. Lo que sí creció fue la salida de banano, frutas y café.En el primer semestre del año, los puertos colombianos movieron 85,4 millones de toneladas de carga, lo que implica una reducción del 6,12 % frente a las 91 millones de toneladas del primer semestre de 2024.La región Caribe lideró el movimiento de carga con 72,3 millones de toneladas (84,7 %), seguida por la región Pacífico con 11,7 millones de toneladas (13,7 %). Los puertos de Turbo, Santa Marta y San Andrés fueron los de mayor crecimiento porcentual en exportaciones, con incrementos del 45,9 %, 29,3 % y 8,1 %, respectivamente.“Colombia está fortaleciendo su infraestructura portuaria y avanzando hacia una mayor competitividad logística, generando empleo y dinamizando la economía. La modernización de nuestros puertos y la apuesta por una movilidad sostenible son pilares de este Gobierno para conectar mejor al país con el mundo”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.
La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ana Caterina Heyck, dio un paso controversial al presentar una denuncia de extinción de dominio ante la fiscal general. Esta acción, realizada en su calidad de ciudadana y no como funcionaria de la JEP, busca la extinción de bienes, ingresos y ganancias de empresas radicadas en Colombia.Específicamente, Drummond y Glencore, por su presunta relación con el genocidio en Gaza. La magistrada subrayó que actúa en cumplimiento de un deber legal y constitucional. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, explicó que el objetivo principal de esta denuncia es que los bienes de las empresas señaladas sean objeto de extinción de dominio.Detalló que es "una acción patrimonial independiente de la penal", que busca despojar de la propiedad a quienes se han lucrado "impunemente" con actividades ilícitas. La base de la denuncia es el informe de la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, Francesca Albanese, titulado "De la economía de genocidio a la economía de ocupación".Dicho informe identifica a diversas empresas en diferentes sectores (armas, informática, infraestructura) y señala directamente a Drummond y Glencore, establecidas en Colombia. Según la relatora, y retomado por Heyck, las exportaciones de carbón de estas empresas han "incidido o afectado" y "han permitido" que el genocidio continúe, haciendo que sea "lucrativo para muchas empresas".Y es que el carbón colombiano representa el 60 % de las importaciones energéticas de Israel, un insumo clave que, según la relatora, ha incentivado la continuidad de estas acciones.Sustento jurídico y deber ciudadanoLa denuncia de la magistrada Heyck tiene un sustento jurídico. Se apoya en la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio), que "establece la obligación de denunciar bienes relacionados con conductas ilícitas", según indicó. Aunque la exportación de carbón no es ilegal en sí misma, Heyck argumentó que sí fomenta o permite la realización de actividades ilícitas como el genocidio, entonces se torna ilegal. Comparó esta lógica con el narcotráfico, donde "nadie cuestiona la extinción de propiedades relacionadas con actividades ilícitas", aplicando el mismo principio a crímenes de carácter internacional.“Vender maquinaria o vender insumos que, a su turno, son utilizados en una actividad ilegal lo torna en ilícita”, precisó.La Corte Constitucional ha respaldado que la extinción de dominio es viable, incluso, para bienes inicialmente lícitos si tienen relación con actividades ilegales.Además, la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por Colombia, es un pilar fundamental, según añadió la magistrada. Esta convención es obligatoria para los estados signatarios, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha establecido que un genocidio está ocurriendo allí, "obligando a los estados a romper relaciones comerciales que lo fomenten".Ana Caterina Heyck enfatizó que, aunque actúa como ciudadana, su formación y su rol como magistrada de la JEP, cuya referencia jurídica es el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, le otorgan un deber superior de denuncia.Para ella, no puede ser indiferente ante un genocidio que ocurre "ante los ojos de la humanidad entera" en tiempo presente, a diferencia de eventos históricos como el Holocausto, que no contaban con la misma visibilidad global."Llevo mucho tiempo sintiendo una impotencia y nosotros, los magistrados de la JEP, tenemos de referente jurídico que es el Derecho Internacional Humanitario (...)", puntualizó.
La magistrada de la Sección de Revisión de la JEP Caterina Heyck Puyana presentó una denuncia, a título personal, de extinción de dominio ante la Fiscalía para que se adelante ese trámite frente a los bienes, ingresos y ganancias de algunas empresas que están radicadas en Colombia y que hacen parte del informe elaborado por Francesca Albanese denominado “De la economía de ocupación a la economía del genocidio”.“La Fiscalía debe activar sus competencias en materia de extinción de dominio, de acuerdo con la Ley 1708 de 2014, frente a los bienes, ingresos y ganancias de las empresas atrás mencionadas y las demás que corresponda del informe, que apoyan la comisión de crímenes internacionales, las cuales, como lo denuncia la relatora de Naciones Unidas, se están lucrando del genocidio contra el pueblo palestino, lo que ha llevado a que el genocidio continúe”, señala Heyck en su denuncia.Entre las empresas mencionadas en esta denuncia están Drummond LTD Colombia y Glencore Colombia, también hay compañías de maquinaria pesada, del sector financiero, asegurador, transportador y de tecnología, entre otras.“Si años atrás el fenómeno delincuencial del narcotráfico inspiró el diseño y aprobación del Código de Extinción de Dominio para contrarrestar este flagelo que atenta contra la salud pública y es uno delos negocios transnacionales más lucrativos del planeta, que claramente traspasa las fronteras de los Estados; el genocidio contra el pueblo palestino, como crimen que concierne, ofende y degrada la humanidad, debe llevar también a su aplicación en Colombia, para impedir que en este país y en otros que sigan su ejemplo, especialmente en aquellos que tienen mecanismos legales como la extinción de dominio, las empresas se sigan lucrando impunemente de su comisión”, señala la denuncia de Heyck.Al finalizar el documento Heyck señala que “con la presente denuncia pretendo honrar los postulados establecidos en la Convención contra el Genocidio, que ubica en cabeza, no solo de los Estados, sino de las instituciones, autoridades y de todas las personas, la obligación de adoptar promover medidas qué estén al alcance para prevenir, sancionar e impedir un genocidio como el que hoy en día acontece ante los ojos de la humanidad entera”.
Los dos ataques con explosivos en los kilómetros 67 y 40 de la vía que conduce de la mina hasta Puerto Bolívar, desde donde se exporta el carbón, han causado que la empresa detenga las operaciones de transporte por esa zona de La Guajira, mientras realizan reparaciones y las autoridades investigan el hecho.Los atentados simultáneos ocurrieron en la noche del pasado lunes 8 de septiembre y fueron escuchados por comunidades indígenas cercanas, quienes alertaron a las autoridades tras percibir las fuertes detonaciones.A esta hora, la zona permanece militarizada para garantizar que las investigaciones por parte de la Policía y el CTI de la Fiscalía se adelanten durante el día de hoy.Cerrejón, a través de un comunicado, rechazó este hecho y manifestó que no hay heridos, pero sí daños en la infraestructura, lo que genera temor entre la población.“La compañía lamenta estos actos de violencia, que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y comunidades, afectan la operación y generan consecuencias negativas para el desarrollo del departamento”, expresó Cerrejón.En lo que va de 2025, Cerrejón ha sufrido cinco atentados con explosivos contra su vía férrea. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el ataque a ningún grupo delincuencial; sin embargo, se conoce que en la zona tienen injerencia las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra y el ELN.
En la vía que comunica al municipio de Sitionuevo con el corregimiento de Palermo, en el Magdalena, fueron incautados 2.000 bultos de carbón vegetal producidos de manera ilegal con la deforestación de 300 hectáreas de bosque nativo, lo que representa un grave impacto ambiental para esta zona del Caribe.Llama la atención que la mercancía incautada, cuyo peso alcanza las 30 toneladas, fue hallada por el Ejército muy cerca del Vía Parque Isla Salamanca, una reserva natural que ha venido siendo atacada con múltiples quemas provocadas por el hombre de manera indiscriminada para extraer dicho carbón vegetal.El teniente coronel Rony Buitrago Vergara, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate N.°2, destaca que el operativo fue un duro golpe contra las finanzas de los grupos armados organizados que se benefician de estas actividades ilícitas y afectan el medio ambiente."Se logra la captura de dos sujetos que se dedicaban a la explotación ilegal de carbón vegetal. Este mineral es evaluado aproximadamente en 60 millones de pesos, pero lo lamentable es la afectación al medio ambiente, cientos de hectáreas de bosques fueron taladas para conseguir este material", dijo el oficial.De los dos capturados se pudo establecer que estarían detrás de la producción de ese carbón vegetal en la jurisdicción de Palermo, por lo que deberán responder ante la justicia por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y posible daño ambiental.
A través de un comunicado oficial, Venezuela lamentó los hechos violentos de los últimos días que han dejado víctimas mortales y graves afectaciones para la población civil en el Catatumbo, según indican en el texto,En el documento, difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta de la red social X, el país vecino asegura haber sido “sorprendido” por los recientes acontecimientos y rechazó cualquier acción armada que ponga en riesgo la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas.El pronunciamiento se conoce en medio del deterioro de la situación de orden público en el Catatumbo colombiano, después de que el ELN incendiara un bus en la vía Málaga–Pamplona, un ataque que se suma a otros dos casos registrados durante el último mes en corredores viales estratégicos que conectan a los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander.Hay que recordar que esta es una región estratégica, considerada uno de los principales corredores del narcotráfico y de operaciones de grupos armados ilegales.“El país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”, señala el comunicado.El Gobierno venezolano insistió además en que la paz y la estabilidad regional solo podrán preservarse mediante “mecanismos de entendimiento y respeto mutuo”, evitando acciones que puedan profundizar las tensiones o aumentar los riesgos para las poblaciones fronterizas.
La investigación por la muerte de una madre y su pequeña hija de tres años tomó un rumbo inesperado luego de que las autoridades determinaran que existen serias inconsistencias en la versión entregada por el esposo de la mujer, quien inicialmente aseguró que todo se trató de un accidente.Las víctimas fueron identificadas como Iria Djanira Roman Costa Talaska, de 36 años, y María Laura Roman Talaska, de apenas tres años. Sus cuerpos fueron encontrados dentro del automóvil de la familia, que terminó sumergido en el río Paraná, en el municipio de Puerto Rico, en el estado de Paraná, en Brasil.Por estos hechos fue detenido Márcio Talaska, de 38 años, esposo de Iria y padre de la menor. La Policía Civil de Paraná lo considera el principal sospechoso, luego de contrastar su testimonio con imágenes de cámaras de seguridad y con los resultados de la reconstrucción del recorrido realizado la noche de la tragedia.De acuerdo con las autoridades, Márcio aseguró en un primer momento que su esposa era quien conducía el vehículo y que habría perdido el control antes de caer al agua. Sin embargo, la evidencia recopilada apunta a que era él quien estaba al volante.Las grabaciones de seguridad muestran que el trayecto hasta la rampa desde donde el automóvil se precipitó al río duró cerca de ocho minutos. Según los investigadores, durante ese recorrido no hubo señales de desorientación ni indicios de que la familia estuviera perdida, lo que debilitó la hipótesis de un accidente fortuito.Los cuerpos de Iria y de la niña fueron localizados por los bomberos en la madrugada del 3 de mayo. El informe forense concluyó que ambas murieron por ahogamiento, lo que indica que seguían con vida en el momento en que el vehículo cayó al río.Otro elemento clave en la investigación es el comportamiento del sospechoso después del hecho. Según la Policía Civil, Márcio logró salir rápidamente del automóvil y tardó alrededor de un minuto y medio en solicitar ayuda.Horas antes, la familia había asistido a una reunión social. Testigos afirmaron que el ambiente entre la pareja era tenso y que Iria eligió una canción relacionada con una traición amorosa, situación que habría provocado incomodidad y pudo desencadenar una discusión.Aunque no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, las autoridades analizan si la muerte de Iria puede ser tipificada como feminicidio, mientras que la de la menor es investigada como homicidio.La defensa de Márcio Talaska indicó que sus familiares se encuentran conmocionados por lo sucedido. Entretanto, la Policía continúa reuniendo pruebas para establecer si la caída del vehículo al río fue un acto intencional y no un accidente, como se creyó en un principio.
Habitantes del sector de Colina Campestre y del barrio Santa Helena, en la localidad de Suba, realizaron un plantón para denunciar el presunto relleno ilegal de un predio con escombros y residuos biológicos, situación que, según la comunidad, estaría generando graves afectaciones ambientales y de salud en la zona.La protesta se llevó a cabo en el Bosque Urbano Santa Helena, el martes 12 de mayo, donde vecinos bloquearon el paso de las volquetas que, según denunciaron, ingresan constantemente al terreno para depositar residuos de construcción y demolición.“Todo el tiempo hay polvo, hay olores horribles, todo el tiempo se puede ver cómo se mueven las casas por el paso de volquetas totalmente llenas de escombros”, denunció Laura una de las habitantes del sector.La comunidad afirmó que el terreno lleva cerca de un año siendo intervenido y que inicialmente las personas encargadas de las obras aseguraron que únicamente realizarían labores de limpieza y retiro de maleza. Sin embargo, los residentes denuncian que posteriormente excavaron varios metros de profundidad y comenzaron a rellenar el lugar con basura y escombros.Según los vecinos, al sitio ingresarían incluso hasta dos volquetas por minuto durante gran parte del día. Además, denunciaron presuntas agresiones por parte de trabajadores y contratistas cuando intentan impedir el paso de los vehículos.“Agredieron a una señora de la tercera edad que intentó bloquear el paso de las volquetas y también golpearon a un vecino”, agregó Laura.Ante las denuncias, el alcalde local de Suba, César Salamanca, aseguró que la actividad no cuenta con licencia y anunció medidas contra quienes estarían realizando el relleno del predio.“El lote es privado, pero lo están rellenando sin licencia. La curaduría nos confirmó que no existe permiso para esta actividad”, señaló el mandatario local.Salamanca explicó que actualmente existen 10 expedientes abiertos por este caso y anunció que la Alcaldía Local adelanta el proceso para realizar el sellamiento definitivo de la actividad.Además, indicó que también se revisará la situación de los permisos de movilidad para las volquetas y el impacto que estas han generado sobre las vías del sector.“Esperamos que la comunidad pueda ver la restauración de las vías afectadas y que todo quede como estaba antes de que comenzara esta actividad”, agregó.Salamanca también aseguró que, aunque los responsables del predio argumentaban tener permisos ambientales, la Secretaría de Ambiente habría aclarado que únicamente se emitió un PIN informativo, documento que no autoriza el ingreso, ni disposición de residuos de construcción y demolición en el lugar.
A pocas semanas del cierre de la legislatura, organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y lideresas indígenas encendieron las alarmas por el riesgo de que se hunda el proyecto de ley que busca prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF) en Colombia.La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y solo le falta una última discusión en la plenaria del Senado. Sin embargo, la congestión legislativa y la prioridad que han tomado otros proyectos, como el de jurisdicción agraria, tienen en vilo su aprobación antes del 20 de junio, fecha en la que termina el actual periodo legislativo.Ante este panorama, catorce organizaciones enviaron una carta urgente a la Mesa Directiva del Senado solicitando que el proyecto sea priorizado en el orden del día de la plenaria de niñez para evitar que se archive por falta de trámite.En la carta, las organizaciones advirtieron que “nos queda poco tiempo” y señalaron que la protección de niñas y adolescentes no puede seguir aplazándose. También recordaron que la mutilación genital femenina constituye una grave violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género que deja consecuencias físicas y psicológicas permanentes.El proyecto de ley busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en Colombia frente a esta práctica, reconocida oficialmente por el Estado desde hace casi 20 años. De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones, entre 2020 y 2025 se documentaron al menos 204 casos, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, especialmente en departamentos como Risaralda y Chocó.Especialistas y defensoras de derechos humanos aseguran que las cifras podrían ser mucho más altas debido al subregistro, especialmente en territorios apartados y comunidades donde la práctica persiste por razones culturales y tradicionales.La iniciativa legislativa propone una política pública integral basada en prevención, atención y producción de información. Entre las medidas contempladas están estrategias pedagógicas en las comunidades, fortalecimiento de los sistemas de registro y creación de rutas claras de atención en salud para niñas y mujeres en riesgo.Uno de los puntos que destacan las organizaciones es que el proyecto tiene un enfoque no punitivo e intercultural, construido con participación y liderazgo de mujeres indígenas. El objetivo, aseguran, es promover el diálogo comunitario y proteger a las niñas sin estigmatizar a los pueblos indígenas ni afrodescendientes.El pasado 7 de abril, la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa, liderada por la senadora Clara López Obregón. Durante ese debate se reveló que el 56 % de las víctimas registradas son niñas entre los 0 y 5 años de edad y que también se han identificado casos en población afrodescendiente.Las organizaciones firmantes, entre ellas Equality Now, Profamilia, Fundación Plan, la Red Nacional de Mujeres y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, insistieron en que la aprobación de esta ley representaría un hecho histórico para la región, pues podría convertirse en la primera legislación específica contra la mutilación genital femenina en América Latina.Además, recordaron que en noviembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó por primera vez una audiencia pública temática sobre esta práctica en las Américas y pidió a los Estados adoptar marcos normativos sólidos para enfrentarla.“El Senado tiene hoy la oportunidad histórica de convertir el reconocimiento del problema en una respuesta legal efectiva”, señalaron las organizaciones en la carta enviada al Congreso.Si el proyecto no alcanza a ser debatido y aprobado antes del cierre de la legislatura, deberá iniciar nuevamente todo su trámite desde cero en el próximo periodo legislativo.
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.