La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Ana Caterina Heyck, dio un paso controversial al presentar una denuncia de extinción de dominio ante la fiscal general. Esta acción, realizada en su calidad de ciudadana y no como funcionaria de la JEP, busca la extinción de bienes, ingresos y ganancias de empresas radicadas en Colombia.
Específicamente, Drummond y Glencore, por su presunta relación con el genocidio en Gaza. La magistrada subrayó que actúa en cumplimiento de un deber legal y constitucional. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, explicó que el objetivo principal de esta denuncia es que los bienes de las empresas señaladas sean objeto de extinción de dominio.
Detalló que es "una acción patrimonial independiente de la penal", que busca despojar de la propiedad a quienes se han lucrado "impunemente" con actividades ilícitas. La base de la denuncia es el informe de la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, Francesca Albanese, titulado "De la economía de genocidio a la economía de ocupación".
Dicho informe identifica a diversas empresas en diferentes sectores (armas, informática, infraestructura) y señala directamente a Drummond y Glencore, establecidas en Colombia. Según la relatora, y retomado por Heyck, las exportaciones de carbón de estas empresas han "incidido o afectado" y "han permitido" que el genocidio continúe, haciendo que sea "lucrativo para muchas empresas".
Y es que el carbón colombiano representa el 60 % de las importaciones energéticas de Israel, un insumo clave que, según la relatora, ha incentivado la continuidad de estas acciones.
Sustento jurídico y deber ciudadano
La denuncia de la magistrada Heyck tiene un sustento jurídico. Se apoya en la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio), que "establece la obligación de denunciar bienes relacionados con conductas ilícitas", según indicó.
Aunque la exportación de carbón no es ilegal en sí misma, Heyck argumentó que sí fomenta o permite la realización de actividades ilícitas como el genocidio, entonces se torna ilegal. Comparó esta lógica con el narcotráfico, donde "nadie cuestiona la extinción de propiedades relacionadas con actividades ilícitas", aplicando el mismo principio a crímenes de carácter internacional.
“Vender maquinaria o vender insumos que, a su turno, son utilizados en una actividad ilegal lo torna en ilícita”, precisó.
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La Corte Constitucional ha respaldado que la extinción de dominio es viable, incluso, para bienes inicialmente lícitos si tienen relación con actividades ilegales.
Además, la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por Colombia, es un pilar fundamental, según añadió la magistrada. Esta convención es obligatoria para los estados signatarios, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha establecido que un genocidio está ocurriendo allí, "obligando a los estados a romper relaciones comerciales que lo fomenten".
Ana Caterina Heyck enfatizó que, aunque actúa como ciudadana, su formación y su rol como magistrada de la JEP, cuya referencia jurídica es el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, le otorgan un deber superior de denuncia.
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Para ella, no puede ser indiferente ante un genocidio que ocurre "ante los ojos de la humanidad entera" en tiempo presente, a diferencia de eventos históricos como el Holocausto, que no contaban con la misma visibilidad global.
"Llevo mucho tiempo sintiendo una impotencia y nosotros, los magistrados de la JEP, tenemos de referente jurídico que es el Derecho Internacional Humanitario (...)", puntualizó.
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