Magistrada JEP pide extinción de dominio para empresas que han exportado carbón a Israel

La magistrada de la Sección de Revisión de la JEP Caterina Heyck Puyana presentó una denuncia, a título personal, de extinción de dominio ante la Fiscalía para que se adelante ese trámite frente a los bienes, ingresos y ganancias de algunas empresas que están radicadas en Colombia y que hacen parte del informe elaborado por Francesca Albanese denominado “De la economía de ocupación a la economía del genocidio”.“La Fiscalía debe activar sus competencias en materia de extinción de dominio, de acuerdo con la Ley 1708 de 2014, frente a los bienes, ingresos y ganancias de las empresas atrás mencionadas y las demás que corresponda del informe, que apoyan la comisión de crímenes internacionales, las cuales, como lo denuncia la relatora de Naciones Unidas, se están lucrando del genocidio contra el pueblo palestino, lo que ha llevado a que el genocidio continúe”, señala Heyck en su denuncia.Entre las empresas mencionadas en esta denuncia están Drummond LTD Colombia y Glencore Colombia, también hay compañías de maquinaria pesada, del sector financiero, asegurador, transportador y de tecnología, entre otras.“Si años atrás el fenómeno delincuencial del narcotráfico inspiró el diseño y aprobación del Código de Extinción de Dominio para contrarrestar este flagelo que atenta contra la salud pública y es uno delos negocios transnacionales más lucrativos del planeta, que claramente traspasa las fronteras de los Estados; el genocidio contra el pueblo palestino, como crimen que concierne, ofende y degrada la humanidad, debe llevar también a su aplicación en Colombia, para impedir que en este país y en otros que sigan su ejemplo, especialmente en aquellos que tienen mecanismos legales como la extinción de dominio, las empresas se sigan lucrando impunemente de su comisión”, señala la denuncia de Heyck.Al finalizar el documento Heyck señala que “con la presente denuncia pretendo honrar los postulados establecidos en la Convención contra el Genocidio, que ubica en cabeza, no solo de los Estados, sino de las instituciones, autoridades y de todas las personas, la obligación de adoptar promover medidas qué estén al alcance para prevenir, sancionar e impedir un genocidio como el que hoy en día acontece ante los ojos de la humanidad entera”.