La empresa Air-e suspendió el servicio de energía a 14 plastiqueras en Galapa a las que les detectaron transformadores ilegales con los que presuntamente hurtaban energía afectando a comunidades vulnerables vecinas. La compañía señaló que los establecimientos le adeudan más de $2.700 millones de pesos.
Junto a la Policía y funcionarios de la Alcaldía de Galapa, Air-e Intervenida realizó un operativo en el sector de Las Petronitas, en zona rural del municipio, donde fueron detectados 14 transformadores ilegales asociados a establecimientos dedicados a la transformación y comercialización de productos plásticos, conocidos como plastiqueras.
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Durante la jornada fueron inspeccionadas las plastiqueras y otros establecimientos comerciales, entre ellos, tres centros recreacionales, dos trituradoras, una tapicería de muebles, una bloquera y una rosquitería.
Señala Air-e que la alta demanda de energía de estos establecimientos y la constante manipulación de las redes afectaba el servicio a cientos de familias vulnerables en esta zona, considerada eléctricamente subnormal.
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“Uno de los casos más representativos corresponde a la plastiquera La Esperanza, ubicada en el predio Arturo Ávila, que registra una deuda cercana a los $659 millones con la compañía”, dijo la empresa en un comunicado.
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Agregó que en un predio donde operaban cuatro establecimientos comerciales, tres plastiqueras y una trituradora de piedra, fueron encontrados ocho transformadores ilegales que, “de acuerdo con la capacidad instalada identificada, cercana a los 126.000 kwh, podrían abastecer hasta 700 familias durante un mes”.
Para la empresa, estos hallazgos evidencian una problemática que requiere mayor control por parte de las autoridades, como lo es la presencia de establecimientos comerciales e industriales en zonas rurales y sectores eléctricamente subnormales que, en algunos casos, utilizan conexiones ilegales y manipulan las redes.
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La operación irregular de actividades comerciales con alta demanda de energía genera sobrecargas en los circuitos, aumenta el riesgo de fallas y puede inclusive afectar la vida de las personas.
Sobre el particular, el agente especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade, señaló que la compañía continuará trabajando con las autoridades para combatir las conexiones ilegales y proteger la infraestructura eléctrica.
“En el caso de la zona rural de Galapa el nivel de manipulación de las redes es bastante alto. Si bien es cierto que en tiempo récord construimos el nuevo circuito Juan Mina 3 y próximamente entrará en operación el circuito Caracolí 7 para el municipio, si no se controlan las conexiones ilegales volveremos a enfrentar los mismos problemas a corto o mediano plazo”, afirmó.
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En ese sentido Jhon Carvajal, gerente de Seguridad de Air-e Intervenida, dijo que ante los hallazgos se suspendió el servicio de energía a 14 plastiqueras que acumulan una deuda de 2.767 millones de pesos, equivalente al 62 % de la cartera identificada en este grupo de establecimientos. En total, los negocios intervenidos registran obligaciones con Air-e Intervenida por aproximadamente 4.400 millones de pesos.