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Consejo de Estado ordena tomar medidas inmediatas para bajar tarifas de energía en el Caribe

El alto tribunal confirmó una medida cautelar que obliga al regulador a modernizar la infraestructura y verificar que las pérdidas de energía que les cobran a los usuarios sean reales.

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Air-e referencia
Air-e

El Consejo de Estado respaldó en las últimas horas una decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que obliga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas y Energía actuar de forma inmediata frente a la crisis tarifaria que padecen los usuarios de energía eléctrica en la región Caribe.

Durante el desmonte del llamado régimen tarifario especial, el cual cobraba a los usuarios del norte del país gastos de operación y pérdidas por robo de energía, se presentó una apelación por parte de MinMinas, la Creg y Air-e que advertía un “riesgo en la sostenibilidad financiera del servicio”, en caso de avanzar en el cambio de las fórmulas tarifarias y por ende en la reducción del precio de la factura.

No obstante, ahora el alto tribunal consideró que eso sí es posible modernizando la infraestructura para proteger las redes y desplegando actividades para prevenir el robo de energía y la manipulación de medidores.

De tal modo, entre la orden impartida hacia esas entidades también está que se active un protocolo que verifique que las pérdidas que reporta Air-e correspondan a la realidad, siguiendo las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios. Además, adoptar las medidas necesarias para que la variación de las tarifas en la región Caribe sea proporcional al promedio nacional.

También es importante mencionar que la providencia, con ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña, surge de una acción popular interpuesta por las personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, en la que denunciaron que durante el régimen tarifario especial las compañías Air-e y Afinia estarían cobrando a los usuarios los costos de un sistema deteriorado, sin haber hecho las inversiones que prometieron.

De hecho, el fallo es contundente al señalar que las empresas han trasladado a los usuarios "los costos del deterioro del sistema, de la falta de inversión en infraestructura y tecnologías, y de la falta de control de las pérdidas no técnicas de energía eléctrica."

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