Un llamado a “propender” soluciones efectivas y hacer cumplir el régimen constitucional y/o legal en el servicio prestado por la empresa Air-e fue el que hizo la Defensoría del Pueblo tanto al ministerio de Minas y Energía como a la Superintendencia de Servicios Públicos, incluyendo a los gobernadores del Atlántico, Magdalena y La Guajira para garantizar que no se registren cortes de energía en los 37 sectores del Caribe con baja tasa de recaudo.
En medio de una reciente visita a La Guajira que se dio a través de una comitiva de DD.HH., el jefe del ministerio público, Julio Balanta Mina, recepcionó las quejas de cientos de usuarios en cuanto a la prestación del servicio, máxime cuando, según dijo, una serie de derechos fundamentales “les están siendo vulnerados” como la vida digna en conexidad con la salud.
Siendo así, el Ministerio Público aseguró que le hará “seguimiento detallado” a lo pactado entre mandatarios, empresa Air-e, ministerio de Minas y Energía y Superintendencia de Servicios Públicos, teniendo en cuenta que los cortes se aplicaron durante casi seis días en 37 sectores del Caribe, distribuidos en 21 municipios.
Al menos así lo aseguró Julio Balandra Mena, Defensor del Pueblo, quien indicó que "era una acción a todas luces inconstitucional, sobre todo porque tener acceso al servicio no es un privilegio, sino una condición, además, para el disfrute necesario de una serie de derechos a partir de la conservación de alimentos, la climatización de espacios, la iluminación, el acceso a la educación, entre otras actividades".
Por tal motivo, el Ministerio Público espera que en el transcurso de los próximos meses la empresa Air-e y las autoridades competentes logren establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar soluciones estructurales, a fin de que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población, así se encuentren en sectores subnormales.
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