Denuncian toque de queda criminal liderado por el Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba

Para la organizaciones defensoras de derechos humanos como, Cordoberxia, los audios revelados por la Unidad investigativa de Noticias Caracol entre Danilo Rueda y alias Jerónimo del Clan del Golfo, evidencian que los acuerdos del Gobierno Nacional con este grupo “carecen de transparencia y vulneran los principios de participación social efectiva”, priorizando concesiones en mesas internacionales por encima de la seguridad de los habitantes de Tierralta y el resto del departamento.

Tal es la situación que denuncia Andrés Chica, coordinador general de Cordoberxia, que en Tierralta y sus 19 corregimientos actualmente hay un confinamiento social impuesto por el Clan del Golfo que afecta a más de 900 personas, ya que al parecer fue dada la orden de que después de las 5:00 de la tarde no entre ni salga nadie del territorio.

De hecho manifiesta el defensor de derechos humanos que ni siquiera el Ejército Nacional y sus soldados, o la Policía, tienen la oportunidad de visitar a sus familias en estas poblaciones.

“En la actualidad no pueden entrar, los policías cuando están de vacaciones y llegan a Tierralta, tienen que ver a sus familias en otros lados porque los integrantes del Clan del Golfo lo tienen prohibido. Claro, es un efecto de sacar a la inteligencia del territorio. Lo generalizaron tanto que al pobre soldado que iba de vacaciones lo terminaban matando, como ocurrió en varios casos, o en efecto lo desterraban hasta que se desligara de las fuerzas militares”, declaró a Blu Radio.

También rechazaron la posibilidad de que sea establecida una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta, la cual se viene negociando entre el Gobierno Nacional y este grupo armado.

Explica Andrés Chica que hasta ahora el Gobierno Nacional no ha hecho un acercamiento directo con las comunidades para explicarles lo que va a pasar en estas zonas de ubicación, por lo que hay mucha incertidumbre en Tierralta. Por el momento, y a la espera de saber si será instalada o no las próximas semanas, la población civil la observa como un riesgo grande.