En el municipio de Urumita, Guajira, hay dos oficinas de Personería abiertas con atención al público: ambos tienen acta de posesión y nombramiento en calidad de encargado. Sin embargo, Carlos Díaz Daza fue asignado el pasado 29 de febrero por la mesa directiva del concejo y Rafael Eduardo Ramos el pasado 1 de marzo por la alcaldía.
La situación ha generado un choque de poderes entre ambas entidades, pues cada cual asegura tener argumentos jurídicos para justificar dicho nombramiento de manera temporal, debido a que se encuentra suspendido el proceso de elección de un personero en firme.
Por una parte, la alcaldesa Mary Luz Corrales asegura que ella procedió a designar transitoriamente a Rafael Eduardo Ramos, porque el concejo municipal no se encontraba en periodo de sesiones para el 1 de marzo, fecha en la que se generó la vacancia por la salida del anterior funcionario, lo que, según explica, trasladaba a su despacho la competencia para realizar el nombramiento.
"Ellos cometieron un prevaricato. La vacancia del personero por el vencimiento del periodo institucional se generó el 1 de marzo. ¿Qué tal que en el país hiciera carrera esta maniobra y que las autoridades, ante la vacancia futura, designará a alguien? Seguramente lo que estarían próximos a pensionarse o los que sufren de enfermedades terminales ya tendrían reemplazo. Para mi es clara la falta del concejo municipal", manifestó la mandataria.
Entre tanto, Alcides Lagos Duarte, presidente del concejo municipal, manifestó que el nombramiento el 29 de febrero, último día de sesiones ordinarias, estaba dentro del orden jurídico, porque el 1 de marzo debía empezar la función el personero encargado. Para esto hizo el acta de posesión para el mismo día y realizó un empalme entre el saliente y entrante representante del Ministerio Público, pero al día siguiente todo cambió.
"La comunidad hoy de Urumita está en una encrucijada. ¿Ante quién se quejan? ¿Ante quién se dirigen? ¿Quién hace seguimiento y control a los funcionarios de municipios? ¿Quién hace seguimiento al programa del PAE?", expresó Lagos.
Por el complejo panorama, ni el Ministerio del Interior tomó una decisión al respecto, luego de visitar el municipio para tomar posición en este litigio casi que macondiano, por ello, ambas partes presentaron una demanda de solicitud de Nulidad de acción electoral ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de La Guajira. Este proceso ya se encuentra en despacho y a espera de un fallo.
Doble atención
De acuerdo con Carlos Iván Daza, el personero nombrado por el concejo, sus funciones se ven limitadas, debido a que la Alcaldía no lo reconoce, lo que le dificulta su trabajo para ejercer vigilancia sobre la labor de las dependencias de la misma.
"Es materialmente imposible que se cumplan estas funciones por dos personas. Las personas se encuentran frente a esta confusión. Incluso las personas que acuden a mis despachos se ven enfrentadas a una imposibilidad de mi parte para hacer ciertas funciones. Por ejemplo, si es para control disciplinario sobre los funcionarios del municipio, no se me facilita hacerlo", explicó Daza.
En lo único en lo que se ponen de acuerdo el presidente del Concejo, la alcaldesa y uno de los personeros es que ni la Fiscalía ni la Procuraduría a hecho algo frente a este caso único en el país, en el que la comunidad queda acéfala.
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