Una grave situación de orden público y humanitaria se estaría registrando en la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde comunidades denuncian que grupos armados ilegales han tomado el control del territorio y restringen actividades como la pesca, principal sustento de cientos de familias.
Pescadores de municipios como Puebloviejo, Sitionuevo y zonas palafíticas aseguran que no pueden salir a trabajar libremente, ya que hay sectores delimitados por actores armados que deciden quién puede pescar y quién no.
Además, denuncian que han sido víctimas de robos de motores, redes y canoas, y que en algunos casos han sido obligados a transportar personas armadas o a realizar actividades ilícitas dentro del complejo lagunar.
El defensor de derechos humanos Lerber Dimas advirtió que la situación es crítica y que se ha venido agravando en los últimos meses sin una respuesta efectiva del Estado. “Hoy tenemos aumento de homicidios, pescadores que no pueden salir, zonas donde no pueden trabajar y comunidades a las que les están quitando sus herramientas. Incluso los están obligando a movilizar gente armada dentro de la ciénaga”, señaló.
Dimas también alertó sobre el impacto directo en la seguridad alimentaria de las comunidades, al no poder ejercer su principal actividad económica. “Estamos frente a una crisis humanitaria. La gente no puede pescar, no puede trabajar, y eso pone en riesgo la alimentación de muchas familias en una zona históricamente golpeada por la pobreza”, agregó.
Según las denuncias, en lo que va del año ya se registran al menos seis homicidios, intentos de asesinato y hallazgos de restos humanos, lo que aumenta el temor en la población.
El defensor también advirtió que la presencia de grupos armados ilegales en la zona ha generado confrontaciones que se reflejan en el aumento de la violencia en municipios cercanos. “La Ciénaga hoy no la patrulla la Fuerza Pública; la patrullan los grupos armados. Tienen control territorial y eso está generando un escenario muy peligroso”, afirmó.
Ante este panorama, organizaciones de derechos humanos han solicitado al Estado la realización de un consejo de seguridad ministerial en el territorio, con el fin de tomar decisiones urgentes que permitan recuperar el control institucional.
Dimas advirtió que, de no intervenirse a tiempo, podrían repetirse hechos de violencia masiva como los ocurridos en el pasado en los pueblos palafitos.
Mientras tanto, las comunidades continúan enfrentando una realidad marcada por el miedo, la incertidumbre y la falta de garantías para trabajar y vivir en sus territorios.
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