La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango; a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y al presidente Abelardo De La Espriella suspender y revisar de manera preventiva, antes de su eventual adjudicación, la convocatoria pública ST1-2026, relacionada con la construcción de una nueva subestación eléctrica en Lorica, Córdoba.
La solicitud plantea que el proceso sea revisado con la participación de los organismos de control antes de que se adopte una decisión sobre su adjudicación. Según la información entregada, la convocatoria fue promovida durante el gobierno saliente y está relacionada con la gestión del exministro de Minas y Energía Edwin Palma y de la exgerente Cristina Portocarrero.
La petición se conoce después de que el abogado Pablo Bustos presentara una denuncia ante la Fiscalía contra los exfuncionarios por presuntos sobrecostos que, de acuerdo con el señalamiento de la Red de Veedurías, alcanzarían los $2 billones. La denuncia también cuestiona que el proceso cuente con un único proponente.
En paralelo, la Contraloría General de la República solicitó información a la UPME sobre la convocatoria ST1-2026. El requerimiento fue dirigido a la entidad y establece un plazo de tres días para entregar la documentación solicitada, con la advertencia correspondiente frente al cumplimiento del requerimiento.
Entre los documentos solicitados por el organismo de control se encuentran los relacionados con el proceso de selección, las especificaciones técnicas, el acuerdo de confidencialidad, el contrato de fiducia y las respuestas entregadas a las observaciones formuladas por los inversionistas, además de otros elementos relacionados con la convocatoria.