Las denuncias en redes sociales, en las que se indicaba que 19 concejales de Valledupar presuntamente habían recibido el pago de un soborno por 300 millones de pesos a cambio de aprobar dos proyectos de acuerdo presentados por el alcalde municipal, relacionados con las concesiones de tránsito y alumbrado público, llevaron a que la Procuraduría General les abriera una investigación y, posteriormente, les formulara pliego de cargos.
De acuerdo con el análisis financiero practicado por el Ministerio Público, los concejales, entre los años 2022 y 2023, tal como lo señala la denuncia, habrían aumentado su patrimonio de manera injustificada, lo cual quedó evidenciado al comparar sus ingresos legales con sus gastos y adquisiciones.
Sobre la investigación
Durante la investigación, la Procuraduría recaudó registros bancarios, declaraciones de impuestos y certificados de propiedad para determinar la responsabilidad individual en estos posibles actos de corrupción, que constituirían una falta gravísima cometida a título de dolo.
Encontró, por ejemplo, en casi todos los casos, que los concejales no pudieron justificar las diferencias entre sus ingresos y sus gastos o inversiones durante la vigencia 2022 y el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023, lo que constituye una falta grave.
De los 19 cabildantes, solo Thelma Gómez Strauch presentó alegatos intentando explicar el origen de sus ingresos, los cuales justificó con la movilización de ganado, la venta de leche, préstamos bancarios, entre otros; aun así, no logró justificar el incremento patrimonial detectado por la Procuraduría.
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