Bajo la lupa de la Procuraduría continúa el contrato suscrito en agosto pasado por Air-e y la empresa China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), ante posibles riesgos identificados por el ente de control frente a este acuerdo de financiación anunciado con bombos y platillos por la compañía de energía.
En su momento, Air-e afirmó que este contrato, con una duración de 60 meses, permitiría “gestionar financiación por hasta $1 billón de pesos para desarrollar proyectos estratégicos de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.
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Sin embargo, la Procuraduría informa que, tras formular requerimientos a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, analizó “el contrato, sus anexos y la documentación recaudada, identificando aspectos que requieren especial seguimiento por sus posibles efectos financieros y operativos sobre la empresa y la prestación del servicio”.
La Procuraduría aseguró que también avanza “en la revisión de las actuaciones de los agentes especiales Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago, este último quien suscribió el contrato con CMC el 19 de agosto de 2026”.
Justamente, el saliente agente especial Jaime Mesa, un día antes de ser apartado del cargo, defendió este contrato e indicó que no había ninguna irregularidad en el mismo. Insistió en que, hasta ese momento, Air-e aún no había recibido un solo peso del billonario contrato, pues se requiere de la aprobación de un comité técnico.
Inclusive, explicó que el acuerdo contempla que los recursos comiencen a pagarse un año después de que cada proyecto entre en funcionamiento.
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El acuerdo de financiación fue resultado de casi un año de negociaciones, por eso la Procuraduría dice que su análisis “busca reconstruir la trazabilidad completa de la negociación, establecer la participación y las decisiones adoptadas durante cada administración y determinar las eventuales responsabilidades (de los agentes interventores) y los riesgos derivados del proceso de estructuración y suscripción del negocio”.
“La ‘Paz Energética’ exige anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en problemas para la prestación del servicio. La Procuraduría mantendrá su vigilancia preventiva y de control de gestión sobre Air-e el contrato y las decisiones que se adopten frente a la empresa intervenida”, dijo el ente de control.