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Presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones es la razón por la que la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Rosa Irene Rosado Hernández, quien fungió como gerente del Centro de Salud Usiacurí, Atlántico, entre 2021-2024.
El ente de control explicó que la exfuncionaria, pese a no tener competencias ni facultades para ello, habría ordenado el embargo de recursos parafiscales y la retención de los dineros depositados por la Nueva Empresa Promotora de Salud S. A., Nueva EPS S. A. en cuentas corrientes, de ahorro, CDT, en bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, y compañías de financiamiento comercial, en todo el país, por $ 883’441.446.
La Procuraduría advierte que “aparentemente Rosado Hernández desconoció la inembargabilidad de los recursos destinados al sistema general de seguridad social en salud”.
Agregó que, “con su proceder, la exgerente pudo transgredir los límites de legalidad que le determinaban la Constitución, la ley y el manual de funciones, al parecer, vulnerando los principios de responsabilidad y moralidad de la función administrativa”.
Para la Procuraduría esta posible conducta es una “falta grave cometida a título de culpa grave”, ya que “el manejo de los recursos destinados a la prestación del servicio de salud no puede depender de la voluntad de un servidor público, sino de las normas que previamente se establecieron para el buen funcionamiento del sistema”.
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