La tensión continúa en el Centro Transitorio de Detención (CTD) Norte de Santa Marta, luego de un motín que dejó una persona muerta, varios heridos y al menos 35 reclusos fugados, según reportes de defensores de derechos humanos.
El hecho ha generado preocupación entre autoridades, comerciantes y organizaciones sociales, especialmente porque ocurre a pocos días de iniciar la temporada turística de Semana Santa. De acuerdo con el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, la situación evidencia fallas en la planificación de seguridad frente a un problema que, asegura, ya había sido advertido.
“Esto ya había ocurrido antes, incluso, con personas de alta peligrosidad que se fugaron y regresaron a los grupos armados. Hoy se vuelven a escapar decenas de detenidos, la mayoría procesados por hurto y concierto para delinquir, en una ciudad donde el robo a mano armada es una constante”, señaló.
Para Dimas, la fuga masiva refleja la falta de planes de contingencia frente a motines o intentos de escape, pese a que el centro de reclusión ya había registrado situaciones similares en el pasado.
“El problema no era desconocido. Era una bomba de tiempo. La pregunta es dónde estaban los planes de contingencia de la Alcaldía y de la Policía para evitar que esto ocurriera”, afirmó.
Tras lo ocurrido, el alcalde de Santa Marta solicitó públicamente al presidente Gustavo Petro que facilite una reunión urgente en la ciudad con el ministro de Justicia y el director del Inpec, con el fin de buscar soluciones a la crisis carcelaria que enfrenta el distrito.
Según el mandatario, el motín dejó tres policías y cinco detenidos heridos, además de una persona fallecida. La administración distrital insiste en que el problema del hacinamiento en estaciones de Policía y centros transitorios requiere una respuesta del Gobierno nacional.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, cuestionó el manejo que el Distrito le ha dado a la situación carcelaria y señaló que la crisis responde a la falta de medidas para descongestionar estos centros.
“La rebelión obedece al crítico manejo que el distrito le ha dado al hacinamiento y a la negligencia para suscribir convenios con la Cárcel Rodrigo de Bastidas”, afirmó.
La mandataria indicó que desde la Gobernación se adelantaron gestiones con el Inpec que permitieron el traslado de 194 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía del departamento, como medida para aliviar la presión en estos espacios.
Mientras tanto, la situación también impacta la actividad comercial del Centro Histórico de Santa Marta. La directora de la Corporación Centro Histórico, Diana Giraldo, señaló que el temor por los hechos ha provocado el cierre de varios establecimientos.
“La gente está sumamente preocupada. El comercio de las calles 10, 11 y 12 está prácticamente cerrado por la situación de seguridad”, explicó. Según indicó, los comerciantes aún evalúan las pérdidas económicas mientras esperan un pronunciamiento oficial de las autoridades.
Hasta el momento, ni la Policía Metropolitana de Santa Marta ni otras autoridades judiciales han entregado un balance oficial completo sobre la fuga ni sobre el número exacto de detenidos recapturados.
Entre tanto, en la ciudad persiste la preocupación por las consecuencias que esta situación pueda tener en materia de seguridad, especialmente en vísperas de una de las temporadas turísticas más importantes del año.
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