Gobernación frena a empresas de transporte por altos incrementos en buses intermunicipales
Gobernación de Cundinamarca investigará a empresas de transporte por presuntos abusos en incrementos de pasajes en buses intermunicipales.
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Con la llegada de 2026, el bolsillo de miles de usuarios que deben movilizarse entre municipios de Cundinamarca sintió el golpe del incremento del salario mínimo. En pleno arranque del año, los nuevos precios de varios pasajes intermunicipales despertaron preocupación entre trabajadores, estudiantes y familias.
Las quejas no tardaron en llegar y, con ellas, una reacción directa desde la administración de Jorge Emilio Rey, abriendo el debate sobre hasta dónde debe permitirse la libertad tarifaria a las empresas de transporte y quién protege al usuario cuando los incrementos se exceden.
Luego de que se hicieran públicos los aumentos que, en varios casos, superaron el 30 %, la Gobernación de Cundinamarca anunció que tomará acciones para revisar la legalidad de estos incrementos. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel solicitó a la Superintendencia de Transporte ejercer labores de vigilancia, inspección y control sobre las empresas que operan rutas intermunicipales en el departamento.
La idea es verificar si los incrementos aplicados cumplen con la normatividad vigente y si están debidamente sustentados en criterios técnicos. Desde la administración departamental se ha señalado que estas alzas impactan directamente las finanzas de las familias, especialmente de quienes usan el transporte intermunicipal como principal medio para llegar al trabajo, al estudio u otras actividades.
La Gobernación fue clara en un punto clave: no tiene competencia directa para fijar o autorizar las tarifas del transporte intermunicipal. Según el marco legal, los precios se definen bajo el principio de libertad tarifaria, es decir, son establecidos por las propias empresas prestadoras del servicio.
Sin embargo, esa libertad no puede ser arbitraria. La regulación exige que cualquier ajuste esté respaldado por estudios técnicos sólidos, en los que se expliquen de manera detallada aspectos como:
Además, estos estudios deben ser socializados de forma clara y oportuna con los usuarios.
La solicitud enviada a la Superintendencia de Transporte también busca verificar si las empresas cumplieron con la divulgación de la información y si existieron prácticas irregulares o posibles abusos. De encontrarse inconsistencias, podrían derivarse sanciones administrativas o medidas correctivas.
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El gobernador Rey insistió en que el transporte intermunicipal debe prestarse bajo principios de transparencia, responsabilidad social y equilibrio económico.