La suspensión provisional de la resolución que dio origen a la mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano podría poner en riesgo los avances alcanzados durante casi dos años de negociaciones. Así lo advirtió Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno, quien aseguró que la decisión del Consejo de Estado llega cuando buena parte de los acuerdos ya fueron implementados en los territorios.
En diálogo con Blu Radio, Novoa sostuvo que, aunque respeta la decisión judicial, esta resulta tardía frente al desarrollo que ha tenido el proceso de paz en Nariño y Putumayo.
"Es una decisión, en cierto sentido, inocua, porque llega de forma tardía, dado que los acuerdos y el desescalamiento del conflicto, que se ha sentido con mucha fuerza en los territorios de Nariño y Putumayo, no se pueden deshacer. Sería un contrasentido y un imposible jurídico devolvernos al momento anterior a la realización de esos acuerdos por efecto de la suspensión provisional que adopta el Consejo de Estado", afirmó.
El jefe negociador explicó que aún no conoce en detalle el contenido de la providencia, pero anticipó que la delegación del Gobierno acudirá a los recursos previstos en la ley para controvertir la decisión.
"La decisión del Consejo de Estado, que todavía no conozco en su integridad, puede poner en grave riesgo todos esos avances. Pero, sin duda, lo que nos corresponde hacer es acudir a los recursos e instrumentos de impugnación que contemple el Código de Procedimiento Administrativo para controvertir la decisión mediante los mecanismos que establece la ley", señaló.
Novoa enfatizó que la suspensión de la resolución expedida en 2024 no invalida los compromisos que ya fueron ejecutados entre las partes.
"Se suspende la resolución de 2024, pero los acuerdos que se han adoptado con posterioridad ya se han llevado a la práctica. No podemos devolver los acuerdos de destrucción de material explosivo, no podemos terminar la zona de ubicación temporal ni lanzar a las 99 personas que renunciaron a las armas fuera de la zona para devolverlas a la ilegalidad y ponerlas nuevamente en brazos de la violencia", indicó.
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El funcionario recordó que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano surgió tras una escisión de la Segunda Marquetalia y explicó que, luego de esa ruptura, el Gobierno expidió en junio de 2025 una resolución mediante la cual designó a los negociadores de esa nueva estructura.
En ese sentido, insistió en que el proceso de paz suspendido por el Consejo de Estado corresponde exclusivamente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y no a la Segunda Marquetalia.
"Desde el punto de vista material, la delegación del Gobierno ha llevado a cabo unas negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y no con la Segunda Marquetalia. Como producto de esas negociaciones hemos tenido avances significativos e importantes, sobre todo para las comunidades en los territorios", aseguró.
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Entre los principales resultados, Novoa destacó la reducción de cerca del 50 % de las muertes violentas relacionadas con el conflicto armado en Nariño y Putumayo, al comparar las cifras registradas entre 2024 y 2025.
Asimismo, afirmó que uno de los logros más importantes ha sido la destrucción de 15 toneladas de material de guerra, producto de los acuerdos alcanzados entre la delegación del Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Otro de los avances mencionados fue el respaldo del grupo armado al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
"En el departamento de Putumayo se inscribieron cerca de 14.000 familias en el programa Renacemos. Como producto de esa acción del Gobierno, desde la mesa se logró crear condiciones para que se erradicaran voluntariamente, en los últimos seis meses, cerca de 8.000 hectáreas de hoja de coca", afirmó.
Novoa también defendió la creación de la zona de ubicación temporal para los integrantes del grupo armado y aseguró que su implementación fue producto de varios meses de trabajo técnico.
"No es ninguna medida improvisada porque se pactó desde mayo de 2025 y, desde ese mes hasta diciembre del mismo año, se construyeron más de diez protocolos con el acompañamiento de representantes del sector Defensa y, en particular, del Ministerio de Defensa", explicó.
Sobre el futuro de esa zona, sostuvo que su funcionamiento ya no depende de la continuidad de la mesa de diálogos.
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"Nosotros hemos señalado que la zona de ubicación temporal ya está por fuera de la mesa de diálogos de paz, porque el propósito es lograr la reincorporación a la vida civil de quienes están en armas", manifestó.
Añadió que ese objetivo ya fue cumplido con las personas que permanecen en el lugar.
"Ese propósito con las personas que ingresaron a la zona de ubicación temporal ya se cumplió. En ese orden de ideas, la zona de ubicación temporal está bajo el control del Estado y de las autoridades", dijo.
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El jefe negociador recordó que la zona fue creada mediante un acto administrativo que conserva plena vigencia y presunción de legalidad.
"Que se termine la mesa de diálogos de paz no necesariamente implica que quede sin efecto la zona de ubicación temporal, que fue creada mediante un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y que está vigente", sostuvo.
Frente a los pasos que seguirá el Gobierno, Novoa indicó que la delegación analizará jurídicamente el alcance de la decisión y buscará mantener abierto el camino del diálogo.
"Ese tema hay que dialogarlo con el grupo, porque se debe mantener la voluntad de paz, del diálogo y de la superación de las violencias en los territorios. La paz es un principio fundante del Estado social de derecho", afirmó.
También señaló que el Gobierno acatará la decisión del Consejo de Estado, aunque buscará preservar los avances que considera irreversibles en el proceso de negociación.
Sobre el futuro de la mesa con el próximo Gobierno, Novoa expresó que espera entregar un balance detallado de los resultados obtenidos.
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"Nosotros aspiramos a poder entregar un informe de actividades completo sobre los logros que hemos tenido en la mesa y esperaríamos que, de forma responsable, ponderada y serena, el nuevo Gobierno y sus comisiones de empalme valoren estos logros, que no son especulaciones, sino realidades tangibles en los territorios", indicó.
Finalmente, el jefe negociador rechazó las declaraciones de un coronel retirado de la Fuerza de Tarea Hércules, quien habría afirmado que desde la mesa de diálogos se impartieron instrucciones para disminuir las operaciones militares contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
"En esta mesa nunca se ha pactado un cese bilateral al fuego. Por consiguiente, la Fuerza Pública no ha tenido ninguna limitación para el despliegue de sus operaciones de control territorial en las zonas de influencia de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Eso no corresponde a la realidad", afirmó.
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Novoa explicó que las únicas suspensiones de operaciones ofensivas fueron temporales y exclusivamente para facilitar el traslado de los integrantes del grupo armado hacia los lugares donde se desarrollaban las reuniones.
"Las únicas operaciones ofensivas que se suspendieron fueron puntuales y circunstanciales para el traslado de los miembros del grupo a los sitios donde se llevaban a cabo las reuniones. Pero eso no pasó de dos o tres días, cada dos o tres meses", concluyó, al insistir en que la Fuerza Pública "nunca ha tenido las manos amarradas para hacer presencia institucional en las zonas bajo el control de este grupo".
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