La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Fabricio López Barón, quien se desempeñaba como secretario general de Metrolínea S.A. y fue supervisor de dos contratos de vigilancia y seguridad privada suscritos durante 2023, por un valor conjunto de $1.359 millones.
La investigación es adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y busca establecer si el funcionario habría incumplido sus deberes de vigilancia y control sobre los contratos celebrados con la Cooperativa de Vigilancia de Santander, Coopvigsan CTA.
De acuerdo con el organismo de control, López Barón presuntamente no habría exigido al contratista la calidad de los servicios contratados para garantizar la seguridad de la infraestructura de Metrolínea y prevenir hechos como hurtos y actos de vandalismo.
Los dos contratos fueron suscritos en 2023. El primero tuvo un valor de aproximadamente $1.011 millones, mientras que el segundo alcanzó los $347 millones. En ambos documentos, López Barón figuraba como supervisor.
La Procuraduría busca determinar si estas presuntas omisiones pudieron vulnerar los principios de responsabilidad y moralidad de la función pública. De manera provisional, calificó la conducta investigada como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
El proceso disciplinario se conoce en medio del deterioro que presenta buena parte de la infraestructura del sistema. Un informe de la Dirección de Operaciones de Metrolínea, con fecha del 9 de enero de 2026 y citado dentro del expediente, señala que 26 de las 33 estaciones del sistema aparecían vandalizadas y 24 estaban fuera de servicio.
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Además, documentos oficiales de Metrolínea muestran el deterioro de varias estaciones, algunas de las cuales requieren recuperación de sus sistemas eléctricos, obras civiles, puntos de datos y otros componentes.
La situación también ha afectado a los portales. En septiembre, Metrolínea reconoció públicamente el deterioro y vandalismo de infraestructura que permanece fuera de operación desde hace varios años. En el caso del portal de Piedecuesta, incluso, se ha reportado el robo de elementos como el ascensor.
En el portal de Girón, que permanece fuera de servicio, también se han registrado incendios de vehículos que permanecían estacionados en el lugar, según la información aportada para esta investigación.
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El pliego de cargos no constituye una sanción ni determina la responsabilidad disciplinaria del funcionario. Se trata de una etapa del proceso en la que López Barón podrá presentar sus descargos y controvertir las pruebas que hacen parte del expediente.