La decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0970 de 2026, con la que se había prorrogado hasta marzo de 2029 la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo de Santurbán, generó reacciones entre los mandatarios de los municipios de Soto Norte y el gobernador de Santander.
Con la decisión queda vigente la Resolución 0221 de marzo de 2025, que estableció la zona de reserva temporal por un periodo que se extiende hasta marzo de 2027. El área comprende 75.444 hectáreas en jurisdicción de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.
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La alcaldesa de Vetas, Angélica María García, destacó que la decisión abre la posibilidad de que las comunidades participen en las discusiones sobre el futuro de la zona.
“Eso quiere decir que la zona de reserva no se cayó, sino que la prórroga que iba hasta el 2029 se derogó y la zona de reserva temporal se encuentra vigente hasta marzo del 2027. Lo que celebramos es que más allá de lo que se diga en medios es que se garantice el derecho a la participación”, señaló la mandataria.
García pidió que las decisiones relacionadas con el territorio sean concertadas con las comunidades y que se resuelvan los recursos jurídicos que han sido presentados ante el Ministerio de Ambiente.
En cuanto a la actividad minera en Vetas, la alcaldesa señaló que el municipio cuenta con cuatro titulares mineros que desarrollan pequeña minería legal y que otros 11 títulos se encuentran suspendidos, situación en la que, según indicó, se presenta minería informal.
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También aseguró que las actividades mineras señaladas se desarrollan por fuera del área de páramo y del Parque Natural Regional de Santurbán. Según García, uno de los objetivos del municipio es avanzar en la formalización y garantizar seguridad jurídica para los mineros.
“La vocación del territorio y de los habitantes se ha dedicado a la minería durante más de 470 años”, afirmó la alcaldesa, al explicar que las condiciones geográficas y climáticas de Vetas dificultan una transición inmediata hacia otras actividades económicas.
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Desde Tona, el alcalde Jesús Santiago Gutiérrez también valoró la decisión y señaló que las determinaciones del Gobierno Nacional deben tener en cuenta a las comunidades que habitan los territorios.
“Creemos que el diálogo es la forma de poder concertar con nuestras comunidades y, de esta manera, lograr un acuerdo armónico entre el Estado, en este caso el Ministerio de Ambiente, y nuestras comunidades”, manifestó.
El mandatario señaló que en el municipio se desarrollan actividades relacionadas con la minería de arrastre y recordó que en el pasado también hubo explotación de mármol.
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Gutiérrez insistió en que cualquier decisión sobre el territorio debe considerar, además de la protección ambiental, las condiciones sociales, económicas y culturales de las comunidades.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la revocatoria de la prórroga permite retomar el proceso para definir la delimitación del páramo de Santurbán dentro del plazo que queda establecido por la Resolución 0221.
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“Hay que cumplir con todas las normas para poder hacer la delimitación del páramo y la prórroga de la reserva temporal lo que hacía era alargar las penurias de los habitantes de Soto Norte y dejarlos en el limbo”, afirmó.
El gobernador señaló que ahora los diferentes actores con intereses en Soto Norte deberán trabajar para avanzar en la delimitación antes de marzo de 2027.
Díaz también cuestionó el proceso adelantado por la administración anterior y sostuvo que, a su juicio, no se escuchó suficientemente a las comunidades ni se cumplieron las normas relacionadas con el Acuerdo de Escazú.
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“Al derogarla, pues se deroga también por todos los errores que cometió el gobierno anterior, no escucharon a las comunidades, no cumplieron con las normas del Acuerdo de Escazú”, puntualizó.