Tras seis días de bloqueos y protestas campesinas en Santander y otras regiones del país por el aumento en los avalúos catastrales, el Gobierno Nacional logró un acuerdo que permitió levantar las manifestaciones y restablecer la movilidad.
El punto central del acuerdo establece una hoja de ruta para revisar los avalúos que han generado inconformidad en miles de propietarios rurales. Como primer paso, se instalarán mesas de trabajo regionales en departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar.
Estas mesas deberán entrar en funcionamiento en un plazo máximo de dos semanas y tendrán tres tareas clave: identificar posibles inconsistencias en la aplicación de las metodologías catastrales, priorizar los casos más críticos y proponer ajustes técnicos dentro del marco legal vigente.
En el proceso participarán entidades del orden nacional como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), junto con gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, organizaciones campesinas, veedurías ciudadanas y organismos del Ministerio Público, con el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo.
El acuerdo también busca garantizar que las revisiones se hagan de manera técnica, transparente y con participación directa de las comunidades, uno de los principales reclamos de los manifestantes.
Las revisiones se apoyarán en la Resolución 384 de 2026, que modificó disposiciones de la Resolución 2057 de 2025 y otorgó facultades a las direcciones territoriales del IGAC para ajustar los porcentajes de incremento derivados de actualizaciones catastrales.
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Según lo expuesto por funcionarios de la entidad, esta normativa permitirá hacer ajustes cuando se evidencien inconsistencias o cuando los avalúos no reflejen la realidad económica de los predios.
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Otro de los compromisos alcanzados consiste en fortalecer los procesos de socialización antes de aplicar modificaciones en los avalúos catastrales.
Las autoridades acordaron que cualquier resolución o ajuste que pueda impactar el valor de los predios deberá ser informado previamente a alcaldías, comunidades y organismos de control, con el fin de evitar nuevos conflictos sociales.
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