Campesinos del Páramo del Almorzadero denunciaron presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional frente a los acuerdos firmados tras las movilizaciones realizadas en octubre de 2024 y advirtieron que podrían convocar un nuevo paro si no reciben respuestas concretas.A través de un video difundido en las últimas horas, líderes de la comunidad aseguraron que, pese a múltiples reuniones con representantes del Gobierno, aún no se ha materializado ninguno de los compromisos pactados durante las protestas que se desarrollaron el 21 de octubre de ese año.Cristian Vargas, líder campesino de la región, explicó que las movilizaciones surgieron por el desacuerdo de las comunidades frente al proceso de delimitación del páramo, el cual calificó como “arbitrario”.“Nosotros, como campesinos del Almorzadero, hicimos un paro en octubre del 2024, del cual quedaron firmados unos acuerdos con el Gobierno Nacional a fin de que tuviéramos una protección para el páramo”, manifestó.Según indicó, entre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo estaban la creación de una reserva temporal, la titulación de tierras para los campesinos de la zona y la devolución de la frontera agrícola, además de otros puntos relacionados con la protección ambiental y la permanencia de las familias en el territorio.Sin embargo, Vargas aseguró que, casi dos años después de las protestas, no se ha avanzado en ninguno de los acuerdos.“Al día de hoy no nos han cumplido ni con una coma de los acuerdos del paro. Absolutamente el Gobierno nacional nos escuchó, nos ha atendido, hemos tenido muchas reuniones, pero no nos han cumplido”, afirmó.El líder campesino también expresó preocupación por los alcances de la delimitación del páramo, señalando que las comunidades temen que se incluyan dentro del área protegida extensas zonas productivas donde actualmente habitan y trabajan miles de familias.“El Almorzadero es un territorio bastante amplio, con una zona productiva de más de 100.000 hectáreas y un páramo que no cubre más de 30.000 hectáreas. Quieren meter dentro de la zona de páramo toda la zona productiva”, explicó.De acuerdo con Vargas, la aplicación de la Ley 1930 restringiría actividades agropecuarias y ganaderas en estas áreas, lo que, según advierten los campesinos, pondría en riesgo el sustento de más de 10.000 familias.“Nos dejan en la calle porque nos quitan el derecho a producir en nuestras tierras”, sostuvo el vocero.Las comunidades del Almorzadero solicitaron al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Ambiente un pronunciamiento claro y por escrito sobre el estado de los acuerdos firmados tras el paro.Asimismo, señalaron que esperan respuestas durante la visita prevista del mandatario este viernes al municipio de Málaga, y advirtieron que, de no haber avances, podrían retomar las movilizaciones y las vías de hecho.
Luego de las protestas y bloqueos que afectaron la movilidad en varias vías del departamento durante abril, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expedirá resoluciones para disminuir los avalúos catastrales en cuatro municipios de Santander, como resultado de las mesas de concertación con comunidades campesinas.La medida beneficiará a habitantes rurales de Lebrija, Páramo, Cabrera y Barichara, donde se habían registrado incrementos significativos en los avalúos, generando inconformidad entre los productores del campo.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que en municipios como Lebrija la reducción promedio será del 60 % en 27 zonas rurales, lo que representa un alivio importante para las economías campesinas.“Estamos llevando justicia tributaria al campo santandereano. En muchos casos se corrigieron cobros desproporcionados y se ajustaron a la realidad económica de cada región”, afirmó el mandatario, quien destacó las gestiones adelantadas ante el IGAC Nacional para revisar los avalúos.Según cifras oficiales, al menos 33.500 familias campesinas ya se benefician con estos ajustes, que buscan corregir distorsiones en la actualización catastral y evitar cargas tributarias que superaban la capacidad económica de los propietarios rurales.El conflicto se originó tras la inconformidad de las comunidades por los altos incrementos en el impuesto predial, lo que derivó en protestas y bloqueos en corredores estratégicos del departamento durante varios días, afectando el transporte de alimentos y la movilidad regional.Como parte del seguimiento a los compromisos adquiridos, el próximo 6 de mayo se realizará una reunión a nivel nacional para evaluar los avances de las mesas de concertación entre campesinos y el IGAC, y definir nuevas medidas que garanticen estabilidad en los procesos catastrales.Las autoridades departamentales señalaron que el objetivo es mantener el diálogo con las comunidades y evitar nuevos escenarios de protesta, al tiempo que se avanza en soluciones estructurales para el sector rural.
La protesta campesina que durante una semana bloqueó el acceso al aeropuerto de Bucaramanga, capital del departamento colombiano de Santander, fue levantada este martes tras un acuerdo entre el Gobierno y autoridades regionales que contempla la revisión de los avalúos catastrales que originaron las manifestaciones."Se ha podido firmar un acta", afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al término de una reunión en Bucaramanga con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.Benedetti agregó que "los alcaldes afectados van a revisar dónde fue que hubo un incremento" de los avalúos por encima de lo esperado por los campesinos de la zona y que en consecuencia aumentó los impuestos a pagar por las propiedades rurales. Asimismo, indicó que se crearán mesas técnicas para analizar la situación.El ministro subrayó que con estos compromisos "se ha levantado el paro" en Santander y celebró que se haya evitado una escalada de violencia, uno de los principales temores del Ejecutivo durante las jornadas de protesta.Por su parte, los departamentos de Boyacá, Casanare y Risaralda se sumaron este martes a los acuerdos alcanzados en Santander para levantar el paro campesino contra el alza en los avalúos catastrales. Las protestas también se registraron en Norte de Santander y en el departamento del Cesar. En Casanare se levantó el bloqueo a la salida de Yopal hacia Villavicencio, sobre la vía Marginal del Llano.En Risaralda también quedó habilitada la vía entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Allí se acordó suspender por tres meses el cobro del impuesto predial para predios en Dosquebradas, y se exigió el regreso del equipo técnico del Área Metropolitana Centro Occidente para revisar los avalúos directamente con la comunidad. En Boyacá se levantaron cinco puntos de bloqueoLos municipios de Chitaraque y Moniquirá desbloquearon las vías nacionales, y avanzaron las mesas de diálogo en Chiquinquirá, Saboyá y en Tinjacá. Mientras que el departamento del Cesar se levantaron los bloqueos en San Alberto, el sector El Retorno, en la Autopista Río Grande y Troncal del Magdalena Medio en el sur del departamento. Hay que recordar que el origen del paro es la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que actualizó los avalúos catastrales en 527 municipios. En algunos casos los incrementos superaron el 8.000%, lo que elevó el cobro del impuesto predial… Una reunión de seguimiento está programada para el 6 de mayo en la capital del país.
Tras seis días de bloqueos y protestas campesinas en Santander y otras regiones del país por el aumento en los avalúos catastrales, el Gobierno Nacional logró un acuerdo que permitió levantar las manifestaciones y restablecer la movilidad.El punto central del acuerdo establece una hoja de ruta para revisar los avalúos que han generado inconformidad en miles de propietarios rurales. Como primer paso, se instalarán mesas de trabajo regionales en departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar.Estas mesas deberán entrar en funcionamiento en un plazo máximo de dos semanas y tendrán tres tareas clave: identificar posibles inconsistencias en la aplicación de las metodologías catastrales, priorizar los casos más críticos y proponer ajustes técnicos dentro del marco legal vigente.En el proceso participarán entidades del orden nacional como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), junto con gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, organizaciones campesinas, veedurías ciudadanas y organismos del Ministerio Público, con el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo.El acuerdo también busca garantizar que las revisiones se hagan de manera técnica, transparente y con participación directa de las comunidades, uno de los principales reclamos de los manifestantes.Las revisiones se apoyarán en la Resolución 384 de 2026, que modificó disposiciones de la Resolución 2057 de 2025 y otorgó facultades a las direcciones territoriales del IGAC para ajustar los porcentajes de incremento derivados de actualizaciones catastrales.Según lo expuesto por funcionarios de la entidad, esta normativa permitirá hacer ajustes cuando se evidencien inconsistencias o cuando los avalúos no reflejen la realidad económica de los predios.Otro de los compromisos alcanzados consiste en fortalecer los procesos de socialización antes de aplicar modificaciones en los avalúos catastrales.Las autoridades acordaron que cualquier resolución o ajuste que pueda impactar el valor de los predios deberá ser informado previamente a alcaldías, comunidades y organismos de control, con el fin de evitar nuevos conflictos sociales.
La crítica situación de orden público producto de los bloqueos en las vías de acceso a Barrancabermeja está afectando gravemente la prestación de servicios de salud, con dificultades en el traslado de pacientes, medicamentos e insumos médicos esenciales.Así lo advirtió el secretario de Salud del distrito, Andrés Manosalva, quien denunció que, pese a la identificación de la misión médica, en varios puntos de bloqueo se presentan obstáculos para el paso de ambulancias y de suministros vitales.“Desde finales de la semana pasada empezamos a recibir reportes de prestadores de salud a quienes no les estaban dejando ingresar insumos, incluso para pacientes con tratamientos oncológicos que requieren atención diaria”, explicó el funcionario.La situación se ha agravado con el paso de los días. Según Manosalva, actualmente el distrito enfrenta un bajo abastecimiento de oxígeno, niveles mínimos en bancos de sangre y dificultades para el transporte de medicamentos que requieren cadena de frío. A esto se suma la falta de recolección de residuos hospitalarios, lo que representa un riesgo sanitario adicional.Uno de los hechos más preocupantes denunciados por la Secretaría de Salud es la falta de respeto hacia las ambulancias. De acuerdo con el reporte, algunas personas en los bloqueos han llegado a ingresar a los vehículos, revisar historias clínicas e incluso cuestionar la veracidad de los pacientes transportados. “La historia clínica es un documento de absoluta reserva. Estas situaciones son inaceptables”, enfatizó el secretario.También se ha evidenciado que ambulancias que trasladan pacientes hacia Bucaramanga no pueden retornar a Barrancabermeja, lo que limita la disponibilidad de estos vehículos en el distrito y afecta la capacidad de respuesta ante emergencias.Ante este panorama, el funcionario reiteró que la misión médica no solo implica el transporte de pacientes, sino todo el sistema que garantiza la atención en salud, incluyendo oxígeno, sangre, medicamentos, insumos quirúrgicos y la disposición de residuos hospitalarios.Frente a la emergencia, la Alcaldía de Barrancabermeja adoptó una serie de medidas urgentes para mitigar el impacto de los bloqueos. Entre ellas se encuentra la entrega de tarjetas de identificación de misión médica a las IPS, la creación de un canal de comunicación para facilitar el intercambio de insumos entre prestadores, y el desplazamiento de funcionarios a los puntos de bloqueo para mediar y explicar la importancia del corredor humanitario.Asimismo, se estableció un sistema de referencia que busca garantizar la movilidad de las misiones médicas que entran y salen del distrito.“Hemos recogido todas estas necesidades y las llevaremos a la mesa de diálogo en el departamento. El mensaje es claro: el corredor humanitario debe ser respetado, porque de él depende la vida y la salud de los barranqueños”, concluyó Manosalva.Las autoridades hicieron un llamado urgente a los actores del paro para que se garantice el libre tránsito de la misión médica y se evite una crisis mayor en el sistema de salud del puerto petrolero.
La crisis por los bloqueos viales en el departamento de Santander sigue escalando y ya golpea con fuerza al sector de la construcción, uno de los motores clave de la economía regional. Así lo advirtió la Camacol Santander, que alertó sobre pérdidas millonarias y riesgos inminentes para miles de empleos.Según el gremio, tras más de cinco días de bloqueos en las principales vías del departamento, las afectaciones han alcanzado niveles críticos, con pérdidas estimadas cercanas a los $600.000 millones. La interrupción en la cadena de suministros ha generado desabastecimiento de materiales esenciales como cemento, acero y agregados, lo que compromete la continuidad de múltiples proyectos.Camacol advirtió que la situación podría derivar en la paralización total o parcial de obras, afectando directamente más de 107.000 empleos entre directos e indirectos. Además, el retraso en los cronogramas de construcción está generando sobrecostos para las empresas, que deben asumir gastos operativos pese a la inactividad.Actualmente, más de 90 proyectos de vivienda presentan retrasos en sus tiempos de entrega, impactando no solo a las constructoras sino también a cientos de familias que esperan recibir sus hogares.El impacto también se extiende a la cadena de suministro. Industriales reportan caídas superiores al 50 % en sus ventas, mientras que los ferreteros registran disminuciones cercanas al 30 %, con inventarios que apenas alcanzan para pocos días. De mantenerse la situación, se estiman pérdidas diarias cercanas a los $950 millones en este sector.Este panorama se presenta en medio del paro campesino que mantiene bloqueados corredores estratégicos del departamento, en protesta por el aumento en los avalúos catastrales definidos por el IGAC, lo que ha generado un efecto dominó en la economía regional.El sector constructor, que representa el 5,2 % del PIB de Santander, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, autoridades locales y manifestantes para priorizar el diálogo y permitir el restablecimiento de la movilidad.Camacol advirtió que la prolongación de los bloqueos podría generar un impacto financiero irreversible, afectar el abastecimiento y poner en riesgo el desarrollo económico del departamento.
Las protestas campesinas en Santander continúan y ya completan bloqueos en al menos 10 puntos del departamento, como rechazo al incremento en los avalúos catastrales que, aseguran, afecta gravemente su economía.Uno de los casos es el de José David Acero, campesino de Lebrija, quien denunció que su predio pasó de estar avaluado en 60 millones a más de 268 millones de pesos tras la actualización catastral. Su finca, de dos hectáreas, cuenta con una vivienda humilde y cultivos de cítricos que actualmente no producen debido a enfermedades.“Nos sentimos afectados porque ese avalúo que nos puso el Gobierno es muy alto. Pasar de 60 a casi 270 millones es injusto”, expresó.A esta situación se suma la de María Socorro Beltrán, quien también cuestionó el impacto de la medida. Según dijo, la crisis en sus cultivos le impide asumir el aumento en los impuestos. “Los cultivos se dañaron y ahora no hay cómo pagar ese impuesto tan caro”, afirmó.Esta problemática se estaría presentando en 68 de los 87 municipios del departamento, lo que motivó a decenas de campesinos a salir a las vías para exigir soluciones.Ernesto Ramírez, otro de los afectados, señaló que la baja productividad del campo agrava el panorama. “La tierra también se cansa y en estos momentos no quiere dar frutos, ¿de dónde vamos a sacar para pagar con esos avalúos?”, cuestionó.El impacto del paro ya empieza a sentirse en otros sectores. Desde Asoleche advierten dificultades en el acopio de miles de litros de leche y reportan pérdidas diarias que ascenderían a $120.000 millones en Santander.Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Rincón, hizo un llamado a buscar soluciones que no perjudiquen la economía regional. “No se puede mostrar una economía afectando cada uno de los sectores”, indicó.Entre tanto, las conversaciones entre líderes campesinos y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Bogotá no han llegado a acuerdos. Los manifestantes anunciaron que continuarán en paro indefinido hasta que se derogue la resolución 2057, que fija los incrementos en los avalúos catastrales rurales para 2026.
Sube la tensión entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales por la crisis del impuesto predial en Santander, el gobernador Juvenal Díaz respondió con dureza al presidente Gustavo Petro, quien lo advirtió públicamente sobre posibles sanciones si no se logran acuerdos con los alcaldes.“¿Advertido de qué?”, lanzó el mandatario departamental, dejando claro que no está dispuesto a asumir responsabilidades que, según él, no le corresponden.Díaz fue enfático en que el paro no es promovido por la Gobernación y que quienes hoy están en las vías son campesinos afectados por decisiones del orden nacional: “Le guste o no al presidente, los que están protestando son campesinos”, afirmó.Según explicó, el origen de la crisis está en la Resolución 2057 y en los avalúos catastrales definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que habrían generado incrementos desproporcionados en el valor de los predios.El gobernador reveló casos que han encendido la indignación en el campo, propiedades que pasaron de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos, “eso no solo impacta el predial, vuelve a los campesinos ricos en el papel, tienen que pagar impuesto al patrimonio, y cuando vaya a vender el lote o la parcela, pues tiene que liquidar los gastos notariales sobre ese valor, lo que los campesinos no tienen para pagar, eso es lo que ellos están reclamando”, advirtió.Frente a la exigencia del presidente Petro de que se ajusten las tarifas, Díaz insistió en que los alcaldes liquidan el impuesto con base en esos avalúos, por lo que el problema de fondo no está en las administraciones locales.“A mí no me pueden obligar a hacer lo que no está a mi alcance, yo no puedo modificar las resoluciones del IGAC ni ordenarles a los alcaldes”, señaló, marcando distancia frente a las advertencias del Gobierno nacional.El gobernador también hizo un llamado directo al presidente para que se involucre en el diálogo y conozca de primera mano la situación, “yo invito al presidente a que ojalá nos acompañara, así fuera de manera virtual en esta reunión, para que se dé cuenta de que los que están protestando acá no son ricos, son personas de diferentes movimientos, incluso que lo apoyaron a él, como lo han manifestado, y todavía lo apoyan para sus fines políticos, pero que hoy tienen un problema que hay que solucionárselo”, reiteró.“Acá no se trata de pelear, se trata de liderar": Díaz insistió en que la salida no está en las amenazas ni en “echar culpas”, sino en un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los alcaldes para corregir lo que calificó como el “problema madre” los avalúos catastrales.
La tensión por el impuesto predial en Lebrija está al rojo vivo. Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que los alcaldes podrían ser destituidos si no logran acuerdos, el mandatario local, Gabriel Martínez Calderón, salió al paso con una respuesta directa: el problema no es del municipio.“Lo primero es que no se puede generar más discordia ni desinformación”, afirmó, dejando claro que la crisis tiene dos frentes que hoy tienen enfrentadas a comunidades y autoridades: los avalúos y las tarifas del impuesto.El alcalde fue contundente al señalar que los municipios no tienen control sobre los avalúos catastrales, responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y ahí, justamente, estaría el origen del conflicto.Según explicó, en Lebrija hay casos que han generado indignación: "Fincas que pasaron de valer cerca de 100 millones a más de 2.500 millones de pesos, son predios sobreavaluados, demasiado sobreavaluados”, insistió.A esto se suma que, según el mandatario, no se tuvo en cuenta la realidad del territorio zonas de ladera, cercanía a ríos y condiciones geográficas que, aun así, fueron tasadas como si tuvieran valor comercial alto.Frente a la exigencia del Gobierno Nacional de ajustar tarifas, el alcalde fue claro, no pueden hacerlo sin que primero se corrija la base. “Nosotros no podemos cambiar los avalúos. Una vez el IGAC entregue una nueva base, ahí sí se podrá hacer un estudio técnico y financiero”, explicó.Incluso, advirtió que cualquier cambio real en el impuesto solo podría aplicarse a partir de 2027, lo que deja en evidencia que la solución no será inmediata.Sobre la advertencia del presidente, Martínez Calderón lanzó una frase que sube aún más la tensión: “Es una forma de tirar la pelota”, explicó.Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los habitantes de Lebrija, que siguen esperando en las vías, una solución a cobros que, según denuncian, están completamente fuera de la realidad, aparte que no tienen como pagarla, aseguran que están a punto d eperder sus tierras por el impuetso predial.
La prolongación de los bloqueos viales en el departamento de Santander continúa generando un fuerte impacto económico y social, con pérdidas estimadas en cerca de $120.000 millones diarios, según advirtió la Alianza por Santander.La situación, que ya completa varios días, ha afectado gravemente el abastecimiento de alimentos, el transporte de carga y pasajeros, así como la prestación de servicios esenciales. Los gremios aseguran que la crisis ha escalado a un nivel crítico, comprometiendo la competitividad del departamento y el funcionamiento normal de distintos sectores productivos.De acuerdo con el pronunciamiento, los bloqueos han paralizado corredores estratégicos, dificultando la movilidad entre municipios clave y generando desabastecimiento en diferentes zonas de Santander. Además, advierten sobre el impacto en el empleo y el riesgo de suspensión de operaciones en empresas debido a la falta de insumos.Este panorama se da en medio del paro campesino que exige al IGAC la revisión de los avalúos catastrales tras el aumento del impuesto predial, situación que mantiene múltiples vías cerradas en el departamento.Frente a este escenario, desde la Alianza por Santander se hizo un llamado urgente a levantar los bloqueos y aprovechar los espacios de diálogo abiertos con el Gobierno Nacional.El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, reiteró la preocupación del sector empresarial: “No se puede solucionar un problema creando uno mucho mayor”, afirmó.Los gremios insisten en que Santander no puede continuar detenido, mientras crece la presión para alcanzar acuerdos que permitan restablecer la movilidad y mitigar las millonarias pérdidas que deja la crisis.
Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
