Campesinos del Páramo del Almorzadero denunciaron presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional frente a los acuerdos firmados tras las movilizaciones realizadas en octubre de 2024 y advirtieron que podrían convocar un nuevo paro si no reciben respuestas concretas.A través de un video difundido en las últimas horas, líderes de la comunidad aseguraron que, pese a múltiples reuniones con representantes del Gobierno, aún no se ha materializado ninguno de los compromisos pactados durante las protestas que se desarrollaron el 21 de octubre de ese año.Cristian Vargas, líder campesino de la región, explicó que las movilizaciones surgieron por el desacuerdo de las comunidades frente al proceso de delimitación del páramo, el cual calificó como “arbitrario”.“Nosotros, como campesinos del Almorzadero, hicimos un paro en octubre del 2024, del cual quedaron firmados unos acuerdos con el Gobierno Nacional a fin de que tuviéramos una protección para el páramo”, manifestó.Según indicó, entre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo estaban la creación de una reserva temporal, la titulación de tierras para los campesinos de la zona y la devolución de la frontera agrícola, además de otros puntos relacionados con la protección ambiental y la permanencia de las familias en el territorio.Sin embargo, Vargas aseguró que, casi dos años después de las protestas, no se ha avanzado en ninguno de los acuerdos.“Al día de hoy no nos han cumplido ni con una coma de los acuerdos del paro. Absolutamente el Gobierno nacional nos escuchó, nos ha atendido, hemos tenido muchas reuniones, pero no nos han cumplido”, afirmó.El líder campesino también expresó preocupación por los alcances de la delimitación del páramo, señalando que las comunidades temen que se incluyan dentro del área protegida extensas zonas productivas donde actualmente habitan y trabajan miles de familias.“El Almorzadero es un territorio bastante amplio, con una zona productiva de más de 100.000 hectáreas y un páramo que no cubre más de 30.000 hectáreas. Quieren meter dentro de la zona de páramo toda la zona productiva”, explicó.De acuerdo con Vargas, la aplicación de la Ley 1930 restringiría actividades agropecuarias y ganaderas en estas áreas, lo que, según advierten los campesinos, pondría en riesgo el sustento de más de 10.000 familias.“Nos dejan en la calle porque nos quitan el derecho a producir en nuestras tierras”, sostuvo el vocero.Las comunidades del Almorzadero solicitaron al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Ambiente un pronunciamiento claro y por escrito sobre el estado de los acuerdos firmados tras el paro.Asimismo, señalaron que esperan respuestas durante la visita prevista del mandatario este viernes al municipio de Málaga, y advirtieron que, de no haber avances, podrían retomar las movilizaciones y las vías de hecho.
Luego de las protestas y bloqueos que afectaron la movilidad en varias vías del departamento durante abril, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expedirá resoluciones para disminuir los avalúos catastrales en cuatro municipios de Santander, como resultado de las mesas de concertación con comunidades campesinas.La medida beneficiará a habitantes rurales de Lebrija, Páramo, Cabrera y Barichara, donde se habían registrado incrementos significativos en los avalúos, generando inconformidad entre los productores del campo.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que en municipios como Lebrija la reducción promedio será del 60 % en 27 zonas rurales, lo que representa un alivio importante para las economías campesinas.“Estamos llevando justicia tributaria al campo santandereano. En muchos casos se corrigieron cobros desproporcionados y se ajustaron a la realidad económica de cada región”, afirmó el mandatario, quien destacó las gestiones adelantadas ante el IGAC Nacional para revisar los avalúos.Según cifras oficiales, al menos 33.500 familias campesinas ya se benefician con estos ajustes, que buscan corregir distorsiones en la actualización catastral y evitar cargas tributarias que superaban la capacidad económica de los propietarios rurales.El conflicto se originó tras la inconformidad de las comunidades por los altos incrementos en el impuesto predial, lo que derivó en protestas y bloqueos en corredores estratégicos del departamento durante varios días, afectando el transporte de alimentos y la movilidad regional.Como parte del seguimiento a los compromisos adquiridos, el próximo 6 de mayo se realizará una reunión a nivel nacional para evaluar los avances de las mesas de concertación entre campesinos y el IGAC, y definir nuevas medidas que garanticen estabilidad en los procesos catastrales.Las autoridades departamentales señalaron que el objetivo es mantener el diálogo con las comunidades y evitar nuevos escenarios de protesta, al tiempo que se avanza en soluciones estructurales para el sector rural.
La protesta campesina que durante una semana bloqueó el acceso al aeropuerto de Bucaramanga, capital del departamento colombiano de Santander, fue levantada este martes tras un acuerdo entre el Gobierno y autoridades regionales que contempla la revisión de los avalúos catastrales que originaron las manifestaciones."Se ha podido firmar un acta", afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al término de una reunión en Bucaramanga con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.Benedetti agregó que "los alcaldes afectados van a revisar dónde fue que hubo un incremento" de los avalúos por encima de lo esperado por los campesinos de la zona y que en consecuencia aumentó los impuestos a pagar por las propiedades rurales. Asimismo, indicó que se crearán mesas técnicas para analizar la situación.El ministro subrayó que con estos compromisos "se ha levantado el paro" en Santander y celebró que se haya evitado una escalada de violencia, uno de los principales temores del Ejecutivo durante las jornadas de protesta.Por su parte, los departamentos de Boyacá, Casanare y Risaralda se sumaron este martes a los acuerdos alcanzados en Santander para levantar el paro campesino contra el alza en los avalúos catastrales. Las protestas también se registraron en Norte de Santander y en el departamento del Cesar. En Casanare se levantó el bloqueo a la salida de Yopal hacia Villavicencio, sobre la vía Marginal del Llano.En Risaralda también quedó habilitada la vía entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Allí se acordó suspender por tres meses el cobro del impuesto predial para predios en Dosquebradas, y se exigió el regreso del equipo técnico del Área Metropolitana Centro Occidente para revisar los avalúos directamente con la comunidad. En Boyacá se levantaron cinco puntos de bloqueoLos municipios de Chitaraque y Moniquirá desbloquearon las vías nacionales, y avanzaron las mesas de diálogo en Chiquinquirá, Saboyá y en Tinjacá. Mientras que el departamento del Cesar se levantaron los bloqueos en San Alberto, el sector El Retorno, en la Autopista Río Grande y Troncal del Magdalena Medio en el sur del departamento. Hay que recordar que el origen del paro es la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que actualizó los avalúos catastrales en 527 municipios. En algunos casos los incrementos superaron el 8.000%, lo que elevó el cobro del impuesto predial… Una reunión de seguimiento está programada para el 6 de mayo en la capital del país.
Tras seis días de bloqueos y protestas campesinas en Santander y otras regiones del país por el aumento en los avalúos catastrales, el Gobierno Nacional logró un acuerdo que permitió levantar las manifestaciones y restablecer la movilidad.El punto central del acuerdo establece una hoja de ruta para revisar los avalúos que han generado inconformidad en miles de propietarios rurales. Como primer paso, se instalarán mesas de trabajo regionales en departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar.Estas mesas deberán entrar en funcionamiento en un plazo máximo de dos semanas y tendrán tres tareas clave: identificar posibles inconsistencias en la aplicación de las metodologías catastrales, priorizar los casos más críticos y proponer ajustes técnicos dentro del marco legal vigente.En el proceso participarán entidades del orden nacional como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), junto con gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, organizaciones campesinas, veedurías ciudadanas y organismos del Ministerio Público, con el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo.El acuerdo también busca garantizar que las revisiones se hagan de manera técnica, transparente y con participación directa de las comunidades, uno de los principales reclamos de los manifestantes.Las revisiones se apoyarán en la Resolución 384 de 2026, que modificó disposiciones de la Resolución 2057 de 2025 y otorgó facultades a las direcciones territoriales del IGAC para ajustar los porcentajes de incremento derivados de actualizaciones catastrales.Según lo expuesto por funcionarios de la entidad, esta normativa permitirá hacer ajustes cuando se evidencien inconsistencias o cuando los avalúos no reflejen la realidad económica de los predios.Otro de los compromisos alcanzados consiste en fortalecer los procesos de socialización antes de aplicar modificaciones en los avalúos catastrales.Las autoridades acordaron que cualquier resolución o ajuste que pueda impactar el valor de los predios deberá ser informado previamente a alcaldías, comunidades y organismos de control, con el fin de evitar nuevos conflictos sociales.
La crítica situación de orden público producto de los bloqueos en las vías de acceso a Barrancabermeja está afectando gravemente la prestación de servicios de salud, con dificultades en el traslado de pacientes, medicamentos e insumos médicos esenciales.Así lo advirtió el secretario de Salud del distrito, Andrés Manosalva, quien denunció que, pese a la identificación de la misión médica, en varios puntos de bloqueo se presentan obstáculos para el paso de ambulancias y de suministros vitales.“Desde finales de la semana pasada empezamos a recibir reportes de prestadores de salud a quienes no les estaban dejando ingresar insumos, incluso para pacientes con tratamientos oncológicos que requieren atención diaria”, explicó el funcionario.La situación se ha agravado con el paso de los días. Según Manosalva, actualmente el distrito enfrenta un bajo abastecimiento de oxígeno, niveles mínimos en bancos de sangre y dificultades para el transporte de medicamentos que requieren cadena de frío. A esto se suma la falta de recolección de residuos hospitalarios, lo que representa un riesgo sanitario adicional.Uno de los hechos más preocupantes denunciados por la Secretaría de Salud es la falta de respeto hacia las ambulancias. De acuerdo con el reporte, algunas personas en los bloqueos han llegado a ingresar a los vehículos, revisar historias clínicas e incluso cuestionar la veracidad de los pacientes transportados. “La historia clínica es un documento de absoluta reserva. Estas situaciones son inaceptables”, enfatizó el secretario.También se ha evidenciado que ambulancias que trasladan pacientes hacia Bucaramanga no pueden retornar a Barrancabermeja, lo que limita la disponibilidad de estos vehículos en el distrito y afecta la capacidad de respuesta ante emergencias.Ante este panorama, el funcionario reiteró que la misión médica no solo implica el transporte de pacientes, sino todo el sistema que garantiza la atención en salud, incluyendo oxígeno, sangre, medicamentos, insumos quirúrgicos y la disposición de residuos hospitalarios.Frente a la emergencia, la Alcaldía de Barrancabermeja adoptó una serie de medidas urgentes para mitigar el impacto de los bloqueos. Entre ellas se encuentra la entrega de tarjetas de identificación de misión médica a las IPS, la creación de un canal de comunicación para facilitar el intercambio de insumos entre prestadores, y el desplazamiento de funcionarios a los puntos de bloqueo para mediar y explicar la importancia del corredor humanitario.Asimismo, se estableció un sistema de referencia que busca garantizar la movilidad de las misiones médicas que entran y salen del distrito.“Hemos recogido todas estas necesidades y las llevaremos a la mesa de diálogo en el departamento. El mensaje es claro: el corredor humanitario debe ser respetado, porque de él depende la vida y la salud de los barranqueños”, concluyó Manosalva.Las autoridades hicieron un llamado urgente a los actores del paro para que se garantice el libre tránsito de la misión médica y se evite una crisis mayor en el sistema de salud del puerto petrolero.
La crisis por los bloqueos viales en el departamento de Santander sigue escalando y ya golpea con fuerza al sector de la construcción, uno de los motores clave de la economía regional. Así lo advirtió la Camacol Santander, que alertó sobre pérdidas millonarias y riesgos inminentes para miles de empleos.Según el gremio, tras más de cinco días de bloqueos en las principales vías del departamento, las afectaciones han alcanzado niveles críticos, con pérdidas estimadas cercanas a los $600.000 millones. La interrupción en la cadena de suministros ha generado desabastecimiento de materiales esenciales como cemento, acero y agregados, lo que compromete la continuidad de múltiples proyectos.Camacol advirtió que la situación podría derivar en la paralización total o parcial de obras, afectando directamente más de 107.000 empleos entre directos e indirectos. Además, el retraso en los cronogramas de construcción está generando sobrecostos para las empresas, que deben asumir gastos operativos pese a la inactividad.Actualmente, más de 90 proyectos de vivienda presentan retrasos en sus tiempos de entrega, impactando no solo a las constructoras sino también a cientos de familias que esperan recibir sus hogares.El impacto también se extiende a la cadena de suministro. Industriales reportan caídas superiores al 50 % en sus ventas, mientras que los ferreteros registran disminuciones cercanas al 30 %, con inventarios que apenas alcanzan para pocos días. De mantenerse la situación, se estiman pérdidas diarias cercanas a los $950 millones en este sector.Este panorama se presenta en medio del paro campesino que mantiene bloqueados corredores estratégicos del departamento, en protesta por el aumento en los avalúos catastrales definidos por el IGAC, lo que ha generado un efecto dominó en la economía regional.El sector constructor, que representa el 5,2 % del PIB de Santander, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, autoridades locales y manifestantes para priorizar el diálogo y permitir el restablecimiento de la movilidad.Camacol advirtió que la prolongación de los bloqueos podría generar un impacto financiero irreversible, afectar el abastecimiento y poner en riesgo el desarrollo económico del departamento.
Las protestas campesinas en Santander continúan y ya completan bloqueos en al menos 10 puntos del departamento, como rechazo al incremento en los avalúos catastrales que, aseguran, afecta gravemente su economía.Uno de los casos es el de José David Acero, campesino de Lebrija, quien denunció que su predio pasó de estar avaluado en 60 millones a más de 268 millones de pesos tras la actualización catastral. Su finca, de dos hectáreas, cuenta con una vivienda humilde y cultivos de cítricos que actualmente no producen debido a enfermedades.“Nos sentimos afectados porque ese avalúo que nos puso el Gobierno es muy alto. Pasar de 60 a casi 270 millones es injusto”, expresó.A esta situación se suma la de María Socorro Beltrán, quien también cuestionó el impacto de la medida. Según dijo, la crisis en sus cultivos le impide asumir el aumento en los impuestos. “Los cultivos se dañaron y ahora no hay cómo pagar ese impuesto tan caro”, afirmó.Esta problemática se estaría presentando en 68 de los 87 municipios del departamento, lo que motivó a decenas de campesinos a salir a las vías para exigir soluciones.Ernesto Ramírez, otro de los afectados, señaló que la baja productividad del campo agrava el panorama. “La tierra también se cansa y en estos momentos no quiere dar frutos, ¿de dónde vamos a sacar para pagar con esos avalúos?”, cuestionó.El impacto del paro ya empieza a sentirse en otros sectores. Desde Asoleche advierten dificultades en el acopio de miles de litros de leche y reportan pérdidas diarias que ascenderían a $120.000 millones en Santander.Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Rincón, hizo un llamado a buscar soluciones que no perjudiquen la economía regional. “No se puede mostrar una economía afectando cada uno de los sectores”, indicó.Entre tanto, las conversaciones entre líderes campesinos y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Bogotá no han llegado a acuerdos. Los manifestantes anunciaron que continuarán en paro indefinido hasta que se derogue la resolución 2057, que fija los incrementos en los avalúos catastrales rurales para 2026.
Sube la tensión entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales por la crisis del impuesto predial en Santander, el gobernador Juvenal Díaz respondió con dureza al presidente Gustavo Petro, quien lo advirtió públicamente sobre posibles sanciones si no se logran acuerdos con los alcaldes.“¿Advertido de qué?”, lanzó el mandatario departamental, dejando claro que no está dispuesto a asumir responsabilidades que, según él, no le corresponden.Díaz fue enfático en que el paro no es promovido por la Gobernación y que quienes hoy están en las vías son campesinos afectados por decisiones del orden nacional: “Le guste o no al presidente, los que están protestando son campesinos”, afirmó.Según explicó, el origen de la crisis está en la Resolución 2057 y en los avalúos catastrales definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que habrían generado incrementos desproporcionados en el valor de los predios.El gobernador reveló casos que han encendido la indignación en el campo, propiedades que pasaron de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos, “eso no solo impacta el predial, vuelve a los campesinos ricos en el papel, tienen que pagar impuesto al patrimonio, y cuando vaya a vender el lote o la parcela, pues tiene que liquidar los gastos notariales sobre ese valor, lo que los campesinos no tienen para pagar, eso es lo que ellos están reclamando”, advirtió.Frente a la exigencia del presidente Petro de que se ajusten las tarifas, Díaz insistió en que los alcaldes liquidan el impuesto con base en esos avalúos, por lo que el problema de fondo no está en las administraciones locales.“A mí no me pueden obligar a hacer lo que no está a mi alcance, yo no puedo modificar las resoluciones del IGAC ni ordenarles a los alcaldes”, señaló, marcando distancia frente a las advertencias del Gobierno nacional.El gobernador también hizo un llamado directo al presidente para que se involucre en el diálogo y conozca de primera mano la situación, “yo invito al presidente a que ojalá nos acompañara, así fuera de manera virtual en esta reunión, para que se dé cuenta de que los que están protestando acá no son ricos, son personas de diferentes movimientos, incluso que lo apoyaron a él, como lo han manifestado, y todavía lo apoyan para sus fines políticos, pero que hoy tienen un problema que hay que solucionárselo”, reiteró.“Acá no se trata de pelear, se trata de liderar": Díaz insistió en que la salida no está en las amenazas ni en “echar culpas”, sino en un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los alcaldes para corregir lo que calificó como el “problema madre” los avalúos catastrales.
La tensión por el impuesto predial en Lebrija está al rojo vivo. Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que los alcaldes podrían ser destituidos si no logran acuerdos, el mandatario local, Gabriel Martínez Calderón, salió al paso con una respuesta directa: el problema no es del municipio.“Lo primero es que no se puede generar más discordia ni desinformación”, afirmó, dejando claro que la crisis tiene dos frentes que hoy tienen enfrentadas a comunidades y autoridades: los avalúos y las tarifas del impuesto.El alcalde fue contundente al señalar que los municipios no tienen control sobre los avalúos catastrales, responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y ahí, justamente, estaría el origen del conflicto.Según explicó, en Lebrija hay casos que han generado indignación: "Fincas que pasaron de valer cerca de 100 millones a más de 2.500 millones de pesos, son predios sobreavaluados, demasiado sobreavaluados”, insistió.A esto se suma que, según el mandatario, no se tuvo en cuenta la realidad del territorio zonas de ladera, cercanía a ríos y condiciones geográficas que, aun así, fueron tasadas como si tuvieran valor comercial alto.Frente a la exigencia del Gobierno Nacional de ajustar tarifas, el alcalde fue claro, no pueden hacerlo sin que primero se corrija la base. “Nosotros no podemos cambiar los avalúos. Una vez el IGAC entregue una nueva base, ahí sí se podrá hacer un estudio técnico y financiero”, explicó.Incluso, advirtió que cualquier cambio real en el impuesto solo podría aplicarse a partir de 2027, lo que deja en evidencia que la solución no será inmediata.Sobre la advertencia del presidente, Martínez Calderón lanzó una frase que sube aún más la tensión: “Es una forma de tirar la pelota”, explicó.Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los habitantes de Lebrija, que siguen esperando en las vías, una solución a cobros que, según denuncian, están completamente fuera de la realidad, aparte que no tienen como pagarla, aseguran que están a punto d eperder sus tierras por el impuetso predial.
La prolongación de los bloqueos viales en el departamento de Santander continúa generando un fuerte impacto económico y social, con pérdidas estimadas en cerca de $120.000 millones diarios, según advirtió la Alianza por Santander.La situación, que ya completa varios días, ha afectado gravemente el abastecimiento de alimentos, el transporte de carga y pasajeros, así como la prestación de servicios esenciales. Los gremios aseguran que la crisis ha escalado a un nivel crítico, comprometiendo la competitividad del departamento y el funcionamiento normal de distintos sectores productivos.De acuerdo con el pronunciamiento, los bloqueos han paralizado corredores estratégicos, dificultando la movilidad entre municipios clave y generando desabastecimiento en diferentes zonas de Santander. Además, advierten sobre el impacto en el empleo y el riesgo de suspensión de operaciones en empresas debido a la falta de insumos.Este panorama se da en medio del paro campesino que exige al IGAC la revisión de los avalúos catastrales tras el aumento del impuesto predial, situación que mantiene múltiples vías cerradas en el departamento.Frente a este escenario, desde la Alianza por Santander se hizo un llamado urgente a levantar los bloqueos y aprovechar los espacios de diálogo abiertos con el Gobierno Nacional.El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, reiteró la preocupación del sector empresarial: “No se puede solucionar un problema creando uno mucho mayor”, afirmó.Los gremios insisten en que Santander no puede continuar detenido, mientras crece la presión para alcanzar acuerdos que permitan restablecer la movilidad y mitigar las millonarias pérdidas que deja la crisis.
Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California."Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos", informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI.Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a contener el suceso.Wahl agregó que la investigación de este trágico suceso "requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas".Asimismo, precisó que las autoridades competentes están analizando el incidente bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario."Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana", concluyó el agente.La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en el Centro Islámico de San Diego alrededor de las 12:00 hora local después de obtener conocimiento de la presencia de un "tirador activo" en el área.Imágenes compartidas en redes sociales y en televisión muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunos de ellos menores de edad, cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad.Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.El centro, ubicado en el barrio de Clairemont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local.
Fue liberado el ingeniero y contratista Omar Giovanny Cordero Toscano, quien permanecía secuestrado desde el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca, en un caso que había generado preocupación entre la comunidad y llamados urgentes para reforzar la seguridad en la región.La liberación ocurrió en la mañana de este lunes festivo 18 de mayo, hacia las 11:00 a. m., en un paraje rural del departamento de Arauca, según la información conocida hasta el momento.Cordero Toscano había sido secuestrado luego de ser interceptado por hombres armados en el municipio de Fortul. De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades y reportes locales, el contratista fue sacado a la fuerza de un establecimiento comercial de la zona céntrica y llevado contra su voluntad por hombres pertenecientes a las disidencias de las Farc.Durante los días de cautiverio, líderes sociales, sectores políticos, comerciantes y habitantes del departamento hicieron llamados humanitarios exigiendo respeto por la vida del contratista y su pronta liberación. La comunidad también pidió mayor presencia institucional ante el deterioro de las condiciones de seguridad en el piedemonte araucano.El secuestro de Omar Giovanny Cordero Toscano había encendido las alarmas entre empresarios, comerciantes y contratistas de Fortul, un municipio donde, según habitantes de la región, persiste el temor por el accionar de grupos armados ilegales y el incremento de hechos violentos.Aunque la liberación del ingeniero ha generado alivio, varias personas permanecen privadas de la libertad por actores armados ilegales en municipios como Arauca, Arauquita y Fortul, una situación que mantiene bajo alerta a las autoridades y a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Una reunión familiar que debía ser motivo de celebración terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer en México, luego de que descubriera que su esposo presuntamente le era infiel con una de sus propias hermanas. El relato, compartido en TikTok por Lorenza Hernández, rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales.Según contó la mujer, todo ocurrió durante un encuentro familiar realizado en una casa de descanso en Cuernavaca, Morelos, con motivo de la celebración del Día de las Madres. A la convivencia asistieron familiares de ambas partes, entre ellos sus cinco hermanas, sobrinos y varios allegados.Lorenza explicó que jamás sospechó de una relación entre su pareja y su hermana, pues siempre consideró a su esposo como una persona cercana y amable con toda la familia. Durante la noche, mientras varios invitados permanecían reunidos cerca de la alberca conversando y tomando bebidas, ella decidió subir a descansar junto a uno de sus hijos pequeños.Desde el balcón observó a su esposo jugando en la piscina con otro de sus hijos, una escena que describió como un momento familiar y afectuoso, razón por la cual volvió a bajar para acompañarlos unos minutos más.Sin embargo, horas después todo cambió. De acuerdo con su versión, subió nuevamente a descansar, pero al notar que su celular se había quedado sin batería decidió buscar el cargador. Fue entonces cuando un sobrino le comentó que su esposo había subido acompañado de una de sus hermanas, supuestamente para ayudarla porque se encontraba en estado de embriaguez.Aunque en un principio no sospechó nada extraño, comenzó a inquietarse cuando no logró encontrarlos en ninguna de las habitaciones. Lorenza aseguró que recorrió varias áreas de la propiedad, incluyendo la terraza y la cocina, hasta que empezó a pensar que algo no estaba bien.“Por lógica dije: ‘Dios mío, que no sea lo que estoy pensando’”, dijo. La mujer relató que finalmente bajó por una escalera que conducía a una zona en construcción dentro de la vivienda. Allí, según explicó, se encontró primero con su esposo, quien habría salido apresuradamente mientras acomodaba su ropa y mostraba una actitud nerviosa.Momentos después, aseguró haber encontrado a su hermana desnuda en una de las habitaciones en obra negra. Lorenza afirmó que al confrontarlos, su esposo intervino para pedirle que no responsabilizara a la hermana y que cualquier reclamo fuera dirigido únicamente hacia él.Tras el impactante descubrimiento, la mujer confesó que quedó completamente devastada emocionalmente. Incluso aseguró que minutos más tarde volvió a encontrarlos juntos y muy cerca uno del otro, situación que aumentó aún más su indignación. “Me empecé a llenar de asco, de muchísimo asco”, contó.
En Blu 4.0 de este lunes festivo 18 de mayo de 2026, Juan Manuel Ramírez y Tata conversan sobre tecnología, transformación digital, ciberseguridad y los desafíos que enfrentan las empresas en medio de un entorno global cada vez más conectado y cambiante.Ismael Rojas, líder y cantante de Buena Fe, habló sobre cómo este proyecto se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la música cubana contemporánea.Raymond Umerley, Field CISO de Coveware desde 2023 y uno de los referentes más activos en el desarrollo de metodologías de respuesta a incidentes y análisis forense, compartió detalles sobre cómo realizar un análisis forense de ciberseguridad.Camilo Garzón, product manager de Epson Colombia, habló sobre la compañía y explicó cómo la personalización, la digitalización y la sostenibilidad se han convertido en factores decisivos para competir.David Salas, director de Educación Continua de la Universidad de los Andes, analizó cómo las universidades se están ajustando a la nueva realidad de la inteligencia artificial.Escuche el programa completo:
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció este lunes la lista de 26 futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que incluyó a Neymar, que no juega con la Canarinha desde octubre de 2023.Todos los convocados de Brasil para la Copa del MundoLa lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.Los ausentesLos grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).
