Campesinos del Páramo del Almorzadero denunciaron presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional frente a los acuerdos firmados tras las movilizaciones realizadas en octubre de 2024 y advirtieron que podrían convocar un nuevo paro si no reciben respuestas concretas.A través de un video difundido en las últimas horas, líderes de la comunidad aseguraron que, pese a múltiples reuniones con representantes del Gobierno, aún no se ha materializado ninguno de los compromisos pactados durante las protestas que se desarrollaron el 21 de octubre de ese año.Cristian Vargas, líder campesino de la región, explicó que las movilizaciones surgieron por el desacuerdo de las comunidades frente al proceso de delimitación del páramo, el cual calificó como “arbitrario”.“Nosotros, como campesinos del Almorzadero, hicimos un paro en octubre del 2024, del cual quedaron firmados unos acuerdos con el Gobierno Nacional a fin de que tuviéramos una protección para el páramo”, manifestó.Según indicó, entre los compromisos adquiridos por el Ejecutivo estaban la creación de una reserva temporal, la titulación de tierras para los campesinos de la zona y la devolución de la frontera agrícola, además de otros puntos relacionados con la protección ambiental y la permanencia de las familias en el territorio.Sin embargo, Vargas aseguró que, casi dos años después de las protestas, no se ha avanzado en ninguno de los acuerdos.“Al día de hoy no nos han cumplido ni con una coma de los acuerdos del paro. Absolutamente el Gobierno nacional nos escuchó, nos ha atendido, hemos tenido muchas reuniones, pero no nos han cumplido”, afirmó.El líder campesino también expresó preocupación por los alcances de la delimitación del páramo, señalando que las comunidades temen que se incluyan dentro del área protegida extensas zonas productivas donde actualmente habitan y trabajan miles de familias.“El Almorzadero es un territorio bastante amplio, con una zona productiva de más de 100.000 hectáreas y un páramo que no cubre más de 30.000 hectáreas. Quieren meter dentro de la zona de páramo toda la zona productiva”, explicó.De acuerdo con Vargas, la aplicación de la Ley 1930 restringiría actividades agropecuarias y ganaderas en estas áreas, lo que, según advierten los campesinos, pondría en riesgo el sustento de más de 10.000 familias.“Nos dejan en la calle porque nos quitan el derecho a producir en nuestras tierras”, sostuvo el vocero.Las comunidades del Almorzadero solicitaron al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Ambiente un pronunciamiento claro y por escrito sobre el estado de los acuerdos firmados tras el paro.Asimismo, señalaron que esperan respuestas durante la visita prevista del mandatario este viernes al municipio de Málaga, y advirtieron que, de no haber avances, podrían retomar las movilizaciones y las vías de hecho.
Luego de las protestas y bloqueos que afectaron la movilidad en varias vías del departamento durante abril, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expedirá resoluciones para disminuir los avalúos catastrales en cuatro municipios de Santander, como resultado de las mesas de concertación con comunidades campesinas.La medida beneficiará a habitantes rurales de Lebrija, Páramo, Cabrera y Barichara, donde se habían registrado incrementos significativos en los avalúos, generando inconformidad entre los productores del campo.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que en municipios como Lebrija la reducción promedio será del 60 % en 27 zonas rurales, lo que representa un alivio importante para las economías campesinas.“Estamos llevando justicia tributaria al campo santandereano. En muchos casos se corrigieron cobros desproporcionados y se ajustaron a la realidad económica de cada región”, afirmó el mandatario, quien destacó las gestiones adelantadas ante el IGAC Nacional para revisar los avalúos.Según cifras oficiales, al menos 33.500 familias campesinas ya se benefician con estos ajustes, que buscan corregir distorsiones en la actualización catastral y evitar cargas tributarias que superaban la capacidad económica de los propietarios rurales.El conflicto se originó tras la inconformidad de las comunidades por los altos incrementos en el impuesto predial, lo que derivó en protestas y bloqueos en corredores estratégicos del departamento durante varios días, afectando el transporte de alimentos y la movilidad regional.Como parte del seguimiento a los compromisos adquiridos, el próximo 6 de mayo se realizará una reunión a nivel nacional para evaluar los avances de las mesas de concertación entre campesinos y el IGAC, y definir nuevas medidas que garanticen estabilidad en los procesos catastrales.Las autoridades departamentales señalaron que el objetivo es mantener el diálogo con las comunidades y evitar nuevos escenarios de protesta, al tiempo que se avanza en soluciones estructurales para el sector rural.
La protesta campesina que durante una semana bloqueó el acceso al aeropuerto de Bucaramanga, capital del departamento colombiano de Santander, fue levantada este martes tras un acuerdo entre el Gobierno y autoridades regionales que contempla la revisión de los avalúos catastrales que originaron las manifestaciones."Se ha podido firmar un acta", afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al término de una reunión en Bucaramanga con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.Benedetti agregó que "los alcaldes afectados van a revisar dónde fue que hubo un incremento" de los avalúos por encima de lo esperado por los campesinos de la zona y que en consecuencia aumentó los impuestos a pagar por las propiedades rurales. Asimismo, indicó que se crearán mesas técnicas para analizar la situación.El ministro subrayó que con estos compromisos "se ha levantado el paro" en Santander y celebró que se haya evitado una escalada de violencia, uno de los principales temores del Ejecutivo durante las jornadas de protesta.Por su parte, los departamentos de Boyacá, Casanare y Risaralda se sumaron este martes a los acuerdos alcanzados en Santander para levantar el paro campesino contra el alza en los avalúos catastrales. Las protestas también se registraron en Norte de Santander y en el departamento del Cesar. En Casanare se levantó el bloqueo a la salida de Yopal hacia Villavicencio, sobre la vía Marginal del Llano.En Risaralda también quedó habilitada la vía entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Allí se acordó suspender por tres meses el cobro del impuesto predial para predios en Dosquebradas, y se exigió el regreso del equipo técnico del Área Metropolitana Centro Occidente para revisar los avalúos directamente con la comunidad. En Boyacá se levantaron cinco puntos de bloqueoLos municipios de Chitaraque y Moniquirá desbloquearon las vías nacionales, y avanzaron las mesas de diálogo en Chiquinquirá, Saboyá y en Tinjacá. Mientras que el departamento del Cesar se levantaron los bloqueos en San Alberto, el sector El Retorno, en la Autopista Río Grande y Troncal del Magdalena Medio en el sur del departamento. Hay que recordar que el origen del paro es la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que actualizó los avalúos catastrales en 527 municipios. En algunos casos los incrementos superaron el 8.000%, lo que elevó el cobro del impuesto predial… Una reunión de seguimiento está programada para el 6 de mayo en la capital del país.
Tras seis días de bloqueos y protestas campesinas en Santander y otras regiones del país por el aumento en los avalúos catastrales, el Gobierno Nacional logró un acuerdo que permitió levantar las manifestaciones y restablecer la movilidad.El punto central del acuerdo establece una hoja de ruta para revisar los avalúos que han generado inconformidad en miles de propietarios rurales. Como primer paso, se instalarán mesas de trabajo regionales en departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar.Estas mesas deberán entrar en funcionamiento en un plazo máximo de dos semanas y tendrán tres tareas clave: identificar posibles inconsistencias en la aplicación de las metodologías catastrales, priorizar los casos más críticos y proponer ajustes técnicos dentro del marco legal vigente.En el proceso participarán entidades del orden nacional como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), junto con gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, organizaciones campesinas, veedurías ciudadanas y organismos del Ministerio Público, con el acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo.El acuerdo también busca garantizar que las revisiones se hagan de manera técnica, transparente y con participación directa de las comunidades, uno de los principales reclamos de los manifestantes.Las revisiones se apoyarán en la Resolución 384 de 2026, que modificó disposiciones de la Resolución 2057 de 2025 y otorgó facultades a las direcciones territoriales del IGAC para ajustar los porcentajes de incremento derivados de actualizaciones catastrales.Según lo expuesto por funcionarios de la entidad, esta normativa permitirá hacer ajustes cuando se evidencien inconsistencias o cuando los avalúos no reflejen la realidad económica de los predios.Otro de los compromisos alcanzados consiste en fortalecer los procesos de socialización antes de aplicar modificaciones en los avalúos catastrales.Las autoridades acordaron que cualquier resolución o ajuste que pueda impactar el valor de los predios deberá ser informado previamente a alcaldías, comunidades y organismos de control, con el fin de evitar nuevos conflictos sociales.
La crítica situación de orden público producto de los bloqueos en las vías de acceso a Barrancabermeja está afectando gravemente la prestación de servicios de salud, con dificultades en el traslado de pacientes, medicamentos e insumos médicos esenciales.Así lo advirtió el secretario de Salud del distrito, Andrés Manosalva, quien denunció que, pese a la identificación de la misión médica, en varios puntos de bloqueo se presentan obstáculos para el paso de ambulancias y de suministros vitales.“Desde finales de la semana pasada empezamos a recibir reportes de prestadores de salud a quienes no les estaban dejando ingresar insumos, incluso para pacientes con tratamientos oncológicos que requieren atención diaria”, explicó el funcionario.La situación se ha agravado con el paso de los días. Según Manosalva, actualmente el distrito enfrenta un bajo abastecimiento de oxígeno, niveles mínimos en bancos de sangre y dificultades para el transporte de medicamentos que requieren cadena de frío. A esto se suma la falta de recolección de residuos hospitalarios, lo que representa un riesgo sanitario adicional.Uno de los hechos más preocupantes denunciados por la Secretaría de Salud es la falta de respeto hacia las ambulancias. De acuerdo con el reporte, algunas personas en los bloqueos han llegado a ingresar a los vehículos, revisar historias clínicas e incluso cuestionar la veracidad de los pacientes transportados. “La historia clínica es un documento de absoluta reserva. Estas situaciones son inaceptables”, enfatizó el secretario.También se ha evidenciado que ambulancias que trasladan pacientes hacia Bucaramanga no pueden retornar a Barrancabermeja, lo que limita la disponibilidad de estos vehículos en el distrito y afecta la capacidad de respuesta ante emergencias.Ante este panorama, el funcionario reiteró que la misión médica no solo implica el transporte de pacientes, sino todo el sistema que garantiza la atención en salud, incluyendo oxígeno, sangre, medicamentos, insumos quirúrgicos y la disposición de residuos hospitalarios.Frente a la emergencia, la Alcaldía de Barrancabermeja adoptó una serie de medidas urgentes para mitigar el impacto de los bloqueos. Entre ellas se encuentra la entrega de tarjetas de identificación de misión médica a las IPS, la creación de un canal de comunicación para facilitar el intercambio de insumos entre prestadores, y el desplazamiento de funcionarios a los puntos de bloqueo para mediar y explicar la importancia del corredor humanitario.Asimismo, se estableció un sistema de referencia que busca garantizar la movilidad de las misiones médicas que entran y salen del distrito.“Hemos recogido todas estas necesidades y las llevaremos a la mesa de diálogo en el departamento. El mensaje es claro: el corredor humanitario debe ser respetado, porque de él depende la vida y la salud de los barranqueños”, concluyó Manosalva.Las autoridades hicieron un llamado urgente a los actores del paro para que se garantice el libre tránsito de la misión médica y se evite una crisis mayor en el sistema de salud del puerto petrolero.
La crisis por los bloqueos viales en el departamento de Santander sigue escalando y ya golpea con fuerza al sector de la construcción, uno de los motores clave de la economía regional. Así lo advirtió la Camacol Santander, que alertó sobre pérdidas millonarias y riesgos inminentes para miles de empleos.Según el gremio, tras más de cinco días de bloqueos en las principales vías del departamento, las afectaciones han alcanzado niveles críticos, con pérdidas estimadas cercanas a los $600.000 millones. La interrupción en la cadena de suministros ha generado desabastecimiento de materiales esenciales como cemento, acero y agregados, lo que compromete la continuidad de múltiples proyectos.Camacol advirtió que la situación podría derivar en la paralización total o parcial de obras, afectando directamente más de 107.000 empleos entre directos e indirectos. Además, el retraso en los cronogramas de construcción está generando sobrecostos para las empresas, que deben asumir gastos operativos pese a la inactividad.Actualmente, más de 90 proyectos de vivienda presentan retrasos en sus tiempos de entrega, impactando no solo a las constructoras sino también a cientos de familias que esperan recibir sus hogares.El impacto también se extiende a la cadena de suministro. Industriales reportan caídas superiores al 50 % en sus ventas, mientras que los ferreteros registran disminuciones cercanas al 30 %, con inventarios que apenas alcanzan para pocos días. De mantenerse la situación, se estiman pérdidas diarias cercanas a los $950 millones en este sector.Este panorama se presenta en medio del paro campesino que mantiene bloqueados corredores estratégicos del departamento, en protesta por el aumento en los avalúos catastrales definidos por el IGAC, lo que ha generado un efecto dominó en la economía regional.El sector constructor, que representa el 5,2 % del PIB de Santander, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, autoridades locales y manifestantes para priorizar el diálogo y permitir el restablecimiento de la movilidad.Camacol advirtió que la prolongación de los bloqueos podría generar un impacto financiero irreversible, afectar el abastecimiento y poner en riesgo el desarrollo económico del departamento.
Las protestas campesinas en Santander continúan y ya completan bloqueos en al menos 10 puntos del departamento, como rechazo al incremento en los avalúos catastrales que, aseguran, afecta gravemente su economía.Uno de los casos es el de José David Acero, campesino de Lebrija, quien denunció que su predio pasó de estar avaluado en 60 millones a más de 268 millones de pesos tras la actualización catastral. Su finca, de dos hectáreas, cuenta con una vivienda humilde y cultivos de cítricos que actualmente no producen debido a enfermedades.“Nos sentimos afectados porque ese avalúo que nos puso el Gobierno es muy alto. Pasar de 60 a casi 270 millones es injusto”, expresó.A esta situación se suma la de María Socorro Beltrán, quien también cuestionó el impacto de la medida. Según dijo, la crisis en sus cultivos le impide asumir el aumento en los impuestos. “Los cultivos se dañaron y ahora no hay cómo pagar ese impuesto tan caro”, afirmó.Esta problemática se estaría presentando en 68 de los 87 municipios del departamento, lo que motivó a decenas de campesinos a salir a las vías para exigir soluciones.Ernesto Ramírez, otro de los afectados, señaló que la baja productividad del campo agrava el panorama. “La tierra también se cansa y en estos momentos no quiere dar frutos, ¿de dónde vamos a sacar para pagar con esos avalúos?”, cuestionó.El impacto del paro ya empieza a sentirse en otros sectores. Desde Asoleche advierten dificultades en el acopio de miles de litros de leche y reportan pérdidas diarias que ascenderían a $120.000 millones en Santander.Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Rincón, hizo un llamado a buscar soluciones que no perjudiquen la economía regional. “No se puede mostrar una economía afectando cada uno de los sectores”, indicó.Entre tanto, las conversaciones entre líderes campesinos y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Bogotá no han llegado a acuerdos. Los manifestantes anunciaron que continuarán en paro indefinido hasta que se derogue la resolución 2057, que fija los incrementos en los avalúos catastrales rurales para 2026.
Sube la tensión entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales por la crisis del impuesto predial en Santander, el gobernador Juvenal Díaz respondió con dureza al presidente Gustavo Petro, quien lo advirtió públicamente sobre posibles sanciones si no se logran acuerdos con los alcaldes.“¿Advertido de qué?”, lanzó el mandatario departamental, dejando claro que no está dispuesto a asumir responsabilidades que, según él, no le corresponden.Díaz fue enfático en que el paro no es promovido por la Gobernación y que quienes hoy están en las vías son campesinos afectados por decisiones del orden nacional: “Le guste o no al presidente, los que están protestando son campesinos”, afirmó.Según explicó, el origen de la crisis está en la Resolución 2057 y en los avalúos catastrales definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que habrían generado incrementos desproporcionados en el valor de los predios.El gobernador reveló casos que han encendido la indignación en el campo, propiedades que pasaron de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos, “eso no solo impacta el predial, vuelve a los campesinos ricos en el papel, tienen que pagar impuesto al patrimonio, y cuando vaya a vender el lote o la parcela, pues tiene que liquidar los gastos notariales sobre ese valor, lo que los campesinos no tienen para pagar, eso es lo que ellos están reclamando”, advirtió.Frente a la exigencia del presidente Petro de que se ajusten las tarifas, Díaz insistió en que los alcaldes liquidan el impuesto con base en esos avalúos, por lo que el problema de fondo no está en las administraciones locales.“A mí no me pueden obligar a hacer lo que no está a mi alcance, yo no puedo modificar las resoluciones del IGAC ni ordenarles a los alcaldes”, señaló, marcando distancia frente a las advertencias del Gobierno nacional.El gobernador también hizo un llamado directo al presidente para que se involucre en el diálogo y conozca de primera mano la situación, “yo invito al presidente a que ojalá nos acompañara, así fuera de manera virtual en esta reunión, para que se dé cuenta de que los que están protestando acá no son ricos, son personas de diferentes movimientos, incluso que lo apoyaron a él, como lo han manifestado, y todavía lo apoyan para sus fines políticos, pero que hoy tienen un problema que hay que solucionárselo”, reiteró.“Acá no se trata de pelear, se trata de liderar": Díaz insistió en que la salida no está en las amenazas ni en “echar culpas”, sino en un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los alcaldes para corregir lo que calificó como el “problema madre” los avalúos catastrales.
La tensión por el impuesto predial en Lebrija está al rojo vivo. Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que los alcaldes podrían ser destituidos si no logran acuerdos, el mandatario local, Gabriel Martínez Calderón, salió al paso con una respuesta directa: el problema no es del municipio.“Lo primero es que no se puede generar más discordia ni desinformación”, afirmó, dejando claro que la crisis tiene dos frentes que hoy tienen enfrentadas a comunidades y autoridades: los avalúos y las tarifas del impuesto.El alcalde fue contundente al señalar que los municipios no tienen control sobre los avalúos catastrales, responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y ahí, justamente, estaría el origen del conflicto.Según explicó, en Lebrija hay casos que han generado indignación: "Fincas que pasaron de valer cerca de 100 millones a más de 2.500 millones de pesos, son predios sobreavaluados, demasiado sobreavaluados”, insistió.A esto se suma que, según el mandatario, no se tuvo en cuenta la realidad del territorio zonas de ladera, cercanía a ríos y condiciones geográficas que, aun así, fueron tasadas como si tuvieran valor comercial alto.Frente a la exigencia del Gobierno Nacional de ajustar tarifas, el alcalde fue claro, no pueden hacerlo sin que primero se corrija la base. “Nosotros no podemos cambiar los avalúos. Una vez el IGAC entregue una nueva base, ahí sí se podrá hacer un estudio técnico y financiero”, explicó.Incluso, advirtió que cualquier cambio real en el impuesto solo podría aplicarse a partir de 2027, lo que deja en evidencia que la solución no será inmediata.Sobre la advertencia del presidente, Martínez Calderón lanzó una frase que sube aún más la tensión: “Es una forma de tirar la pelota”, explicó.Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los habitantes de Lebrija, que siguen esperando en las vías, una solución a cobros que, según denuncian, están completamente fuera de la realidad, aparte que no tienen como pagarla, aseguran que están a punto d eperder sus tierras por el impuetso predial.
La prolongación de los bloqueos viales en el departamento de Santander continúa generando un fuerte impacto económico y social, con pérdidas estimadas en cerca de $120.000 millones diarios, según advirtió la Alianza por Santander.La situación, que ya completa varios días, ha afectado gravemente el abastecimiento de alimentos, el transporte de carga y pasajeros, así como la prestación de servicios esenciales. Los gremios aseguran que la crisis ha escalado a un nivel crítico, comprometiendo la competitividad del departamento y el funcionamiento normal de distintos sectores productivos.De acuerdo con el pronunciamiento, los bloqueos han paralizado corredores estratégicos, dificultando la movilidad entre municipios clave y generando desabastecimiento en diferentes zonas de Santander. Además, advierten sobre el impacto en el empleo y el riesgo de suspensión de operaciones en empresas debido a la falta de insumos.Este panorama se da en medio del paro campesino que exige al IGAC la revisión de los avalúos catastrales tras el aumento del impuesto predial, situación que mantiene múltiples vías cerradas en el departamento.Frente a este escenario, desde la Alianza por Santander se hizo un llamado urgente a levantar los bloqueos y aprovechar los espacios de diálogo abiertos con el Gobierno Nacional.El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, reiteró la preocupación del sector empresarial: “No se puede solucionar un problema creando uno mucho mayor”, afirmó.Los gremios insisten en que Santander no puede continuar detenido, mientras crece la presión para alcanzar acuerdos que permitan restablecer la movilidad y mitigar las millonarias pérdidas que deja la crisis.
En las últimas horas la Diócesis de Jericó informó sobre un hecho que ha generado indignación en el Suroeste de Antioquia, luego de que la orden de misioneras a la que perteneció Santa Laura Montoya fuera víctima de hurto.Los hechos ocurrieron luego de que una pareja ingresara a la comunidad religiosa de María Inmaculada haciéndose pasar por visitantes. Una mujer de 19 años de edad manifestó ser una posible aspirante a la comunidad, lo que les permitió ganarse la confianza de las hermanas.Fue este relacionamiento el que facilitó la comisión del delito y aunque las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan siendo materia de investigación, no se descarta que los delincuentes hubieran suministrado algún tipo de sustancia a las religiosas.Los responsables se llevaron el dinero destinado al sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios correspondientes a las celebraciones de eucaristías, afectando gravemente la economía de esta comunidad religiosa.El gobernador Andrés Julián Rendón rechazó lo ocurrido y desde la administración municipal anunciaron 50 millones de pesos de recompensa para quien suministre información que permita la captura de los responsables.La Diócesis de Jericó también pidió a todas las parroquias, comunidades religiosas, casas de formación y demás instituciones eclesiásticas para que extremen las medidas de precaución ante este tipo de modalidades de engaño.Advirtieron que es importante verificar la identidad de quienes solicitan ingreso a las comunidades y mantener protocolos básicos de seguridad que permitan prevenir situaciones similares.
La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.Países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras EE.UU. desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a miles de afectados.Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona.México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión.Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.EE.UU. desplegará de equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que el viernes enviará en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, además de los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.Ecuador y El Salvador enviarán este jueves equipos de rescate a Venezuela. Desde Quito partirán 47 rescatistas y dos perros entrenados, mientras que El Salvador despachará una misión integrada por personal de emergencia, médicos y canes especializados.Panamá y República Dominicana también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.El portavoz presidencial de Argentina, Adrian Ravier, anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que "atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente".También, Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, al tiempo, Argentina, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron ayuda a Caracas.Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con "especial sensibilidad" el sufrimiento del pueblo venezolano.Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo gobierno mantiene profundas diferencias políticas.Primeras ayudasAl menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, que tiene sus bodegas en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria en Panamá.Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, "sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas", dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que la situación en las zonas afectadas por los terremotos es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar "toda la ayuda" que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país.Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el "amigo pueblo venezolano" y afirmó que atenderá "con prontitud" cualquier solicitud de asistencia.La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela para ayudar ante el "caos provocado" por los terremotos y apoyar las labores de la organización humanitaria World Central Kitchen, que ya se está movilizando para distribuir alimentos.La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto el principal del país, que sirve a Caracas, están operativos, confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.
En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados durante la noche del miércoles, un video captado por una cámara de seguridad se convirtió en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales. La grabación muestra el conmovedor gesto de un adulto mayor que, sin pensarlo dos veces, utilizó su propio cuerpo para proteger a su esposa mientras el violento movimiento sacudía su vivienda.El país enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años luego de que dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, estremecieran gran parte del territorio nacional con pocos minutos de diferencia. La región costera de La Guaira figura entre las más afectadas, donde las autoridades reportan severos daños en edificaciones, además de un alto número de víctimas y personas atrapadas bajo los escombros.Según los reportes preliminares entregados por los organismos de emergencia, al menos 235 personas fallecieron y más de 4.000 resultaron heridas a causa de los terremotos. Entretanto, los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda en diferentes sectores, ya que aún hay un número indeterminado de desaparecidos.En medio de este panorama, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos que registraron los angustiosos momentos vividos durante los movimientos telúricos. Sin embargo, una grabación en particular logró conmover a miles de usuarios por el acto de amor y valentía protagonizado por un hombre de la tercera edad.Las imágenes muestran a una pareja de adultos mayores sentada tranquilamente en la sala de su casa cuando, de un momento a otro, comienzan a sentir el primer temblor. Al percatarse de lo que ocurre, la mujer entra en estado de pánico mientras observa cómo los objetos del lugar empiezan a moverse.Al notar el miedo de su compañera de vida, el hombre se acerca de inmediato para tranquilizarla. Pero cuando el sismo aumenta su intensidad y la vivienda comienza a sacudirse con mayor fuerza, el adulto mayor toma una decisión instintiva: rodea a su esposa con sus brazos y utiliza su cuerpo como un escudo para protegerla de cualquier objeto que pudiera caer.Durante varios segundos permanece abrazándola sin soltarse, soportando el fuerte movimiento hasta que finalmente el terremoto termina. La escena ha sido interpretada por miles de internautas como una muestra del amor incondicional que puede prevalecer incluso en los momentos más difíciles.El video rápidamente se viralizó en diferentes plataformas digitales, donde usuarios destacaron la serenidad y el coraje del hombre, calificando su reacción como un ejemplo de solidaridad, compromiso y protección hacia la persona con la que ha compartido su vida.
Más de 100 edificios colapsaron en el estado costero La Guaira (norte, cercano a Caracas) debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello."Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.Cabello anunció un despliegue para este viernes de 11.500 funcionarios de seguridad en La Guaira de distintas instituciones, entre ellas la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército para "garantizar la paz, la tranquilidad"."Teníamos hasta la tarde de hoy (jueves) 4.200 hombres y mujeres de seguridad desplegados en todo el estado. La presidenta ha dado instrucciones que incrementemos ese número. Bueno, vamos a tener para el día de mañana, estos comienzan a llegar hoy, 11.500 hombres y mujeres", dijo en una transmisión del canal estatal VTV.El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía fue clausurado debido a los daños.
Una carrera contra el tiempo y un clamor estrictamente humanitario es el que lidera desde Europa la colombiana Indira Ramírez. Su objetivo: localizar con urgencia en Bucaramanga o en Santander a los familiares de Argemiro Antolínez Ángel, un bumangués de 64 años que se convirtió en una de las víctimas mortales de los dos terremotos que sacudieron Venezuela, afectando varias ciudades. Es el primer colombiano, quien se sabe murió en la tragedia. El cuerpo de Antolínez Ángel se encuentra actualmente en la morgue del hospital de la localidad costera de Tucacas, en el estado Falcón, y el temor más grande de quienes conocían su entorno es que, ante la falta de familiares directos que reclamen sus restos, termine en una fosa común.Argemiro, nacido en Bucaramanga el 28 de enero de 1962 y radicado en el vecino país desde hace poco más de una década, residía en Tucacas junto a su pareja de hecho, una ciudadana venezolana de nombre Body. La familia de ella era propietaria de varios apartamentos en los edificios que colapsaron debido a la fuerza del sismo.Indira Ramírez es la única colombiana en la familia política de la víctima, pues está casada con un sobrino de la compañera sentimental de Argemiro; por esta razón, aunque reside en España, se puso en la tarea de buscar a alguien que pueda reclamar el cuerpo. "Esta búsqueda es un acto de humanidad, es lo único que pedimos. No se está buscando dinero, no se está buscando nada, simplemente que la familia se entere", expresó Indira.Horas después del desastre, y tras una compleja travesía por carreteras bloqueadas y bajo el miedo a las réplicas, allegados de la pareja lograron ingresar a la zona de la catástrofe. En el lugar del desplome hallaron una escena conmovedora que da cuenta de sus últimos instantes de vida: los cuerpos de Argemiro y Body fueron encontrados abrazados bajo los escombros. Aunque los daños físicos eran severos, marcas particulares permitieron su plena identificación.Indira Ramírez es periodista y aunque ejerció su profesión en Colombia, desde hace 23 años está radicada en Madrid, España, y por ahora su búsqueda no ha tenido resultados."He escrito a decenas de perfiles, a personas que comentaban sus fotos asumiendo que eran cercanos, y no hay respuesta alguna. Ya no ejerzo en Colombia y no tengo esa red de apoyo allá, por eso acudo a los medios. Esto es un acto puramente humanitario", reiteró Ramírez.Entre la información que Indira ha podido recolectar de Argemiro Antolínez Ángel se sabe que es una persona separada, que dejó hijos en Colombia (al parecer uno de ellos es miembro de las Fuerzas Militares) y que tiene al menos una hermana.
