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Una fuerte advertencia hizo el gerente de la Clínica San Luis de Bucaramanga, Sergio Prada, por la creciente crisis financiera que enfrentan las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) a raíz de las deudas impagadas de EPS intervenidas y liquidadas por el Estado.
En entrevista con Blu Radio, el directivo calificó como “una historia de nunca acabar” el impacto de la desfinanciación del sistema de salud, que, según dijo, está debilitando gravemente la prestación de servicios tanto para usuarios del régimen contributivo como subsidiado.
“Las deudas que dejaron EPS como Coomeva, Comparta, Medimás o Saludcoop son millonarias y nadie responde por ellas. El Estado intervino, manejó estas entidades durante años y luego las liquidó sin asumir las obligaciones que dejaron", denunció Prada.
El gerente aseguró que ya se han iniciado acciones judiciales contra el Estado colombiano, incluyendo la Superintendencia Nacional de Salud y los ministerios competentes, al considerar que las IPS están asumiendo pérdidas por servicios prestados en el marco de una relación contractual amparada por la ley.
“Nosotros prestamos el servicio, cumplimos con la atención a los pacientes. Si alguien se robó esos recursos, no fuimos las IPS. Pero el Estado simplemente liquida las EPS, cierra el caso y deja los huecos financieros. Eso está deteriorando la salud en Colombia”, añadió.
A la crítica situación financiera se suma, según Prada, el impacto que generará la nueva reforma laboral, especialmente por los ajustes en jornada laboral, recargos nocturnos, dominicales y festivos, que incrementarán los costos operativos de las clínicas y hospitales.
“Yo no estoy en contra de que se mejore la calidad laboral de los trabajadores. Pero cuando se hace en medio de una crisis económica del sistema de salud, sin ayudas o compensaciones del Estado, simplemente golpea más a un sector que ya está asfixiado”, señaló.
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Explicó que con los cambios que entran en vigor el 15 de julio, su clínica, con 800 empleados, deberá cubrir el equivalente a 800 días laborales adicionales al año, solo por la reducción progresiva de la jornada semanal. Esto sin contar el aumento en los pagos por recargos nocturnos y dominicales, que afectan directamente a más de 150 trabajadores por día.
“Estas reformas tienen un impacto directo en dinero, y se aplican a mitad de año, cuando ya toda la programación financiera está en marcha. Es insostenible sin auxilios por parte del Estado”, subrayó Prada.
El directivo concluyó su intervención con un llamado al Gobierno Nacional para que revise integralmente las consecuencias financieras que enfrentan las IPS, no solo por reformas laborales, sino por el desamparo legal frente a las deudas de EPS liquidadas.
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