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Para muchos colombianos, el costo de las facturas puede generar preocupación, ya sea por su alto valor o porque simplemente no alcanza el dinero para pagarlas.
Por eso existen los subsidios a los servicios públicos, una ayuda esencial para los hogares de menores ingresos. Sin embargo, el riesgo de perder este beneficio ha puesto en alerta a millones de usuarios.
Un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca trajo algo de tranquilidad, ya que obliga al Gobierno Nacional a garantizar y ejecutar los recursos necesarios para cubrir los subsidios de energía y gas, especialmente para los estratos 1, 2 y 3 y para las comunidades vulnerables.
La preocupación de fondo radica en que, si el Estado no paga a tiempo a las empresas prestadoras del servicio, el costo termina recayendo en los usuarios.
Es decir, los hogares que hoy se benefician de una reducción en el valor de su factura verían un aumento drástico, no por un alza de tarifas, sino por la falta de recursos del Gobierno para sostener los subsidios.
El fallo judicial impone un plazo de diez días a los ministerios de Hacienda, Minas y Energía para que aseguren los recursos correspondientes a los años 2024 y 2025.
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Además, exige la presentación de informes detallados de ejecución presupuestal, que permitan al poder judicial realizar seguimiento sobre el cumplimiento de esta obligación.
La sentencia también dejó claro que no basta con incluir los recursos en el Presupuesto General de la Nación, como ha señalado el Gobierno.
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La gestión debe ser oportuna y efectiva, ya que cualquier demora pone en riesgo la prestación óptima de servicios públicos esenciales.
Según cifras de gremios como Acolgen, Andesco y Naturgas, la deuda del Gobierno con las empresas prestadoras de servicios es multimillonaria: más de $1,5 billones en energía eléctrica y cerca de $550.000 millones en gas.
A eso se suma un déficit proyectado que ronda los $4,4 billones para finales de 2025.
Históricamente, las empresas del sector han asumido la financiación de los subsidios mientras esperan el reembolso del Estado.
Sin embargo, ahora advierten que no tienen margen financiero para seguir cubriendo esos costos. Si no se realizan los pagos, podrían interrumpirse los servicios o aumentar las tarifas, afectando a millones de colombianos.
El impacto más fuerte lo sentirían las personas de bajos recursos que dependen de los subsidios para acceder a servicios básicos.
Incluso un ligero incremento en la factura mensual podría afectar seriamente a miles de familias, especialmente en zonas rurales o apartadas, donde no existen alternativas de suministro energético.
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Por eso, el fallo representa un alivio para la ciudadanía. Con esta decisión judicial, se obliga al Estado a responder con responsabilidad, de modo que el acceso a servicios públicos no dependa de si hay o no pagos a tiempo.
En últimas, la diferencia entre tener luz o gas y vivir sin ellos no puede recaer sobre los usuarios más vulnerables.
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