Corte absuelve a exgobernador Hugo Aguilar por contratos con Parque Nacional Chicamocha

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, quien enfrentaba cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.La Fiscalía lo había acusado por presuntas irregularidades en la firma de convenios entre la Gobernación y la Corporación Parque Nacional del Chicamocha (Panachi).Los hechos investigados correspondían a 12 convenios suscritos entre 2005 y 2007 para la ejecución del proyecto Panachi, cuya creación y desarrollo fueron liderados por Aguilar cuando aún era gobernador.Según la acusación, dichos contratos se habrían adjudicado sin cumplir con los principios de legalidad, transparencia e igualdad establecidos en la Ley 80 de 1993.No obstante, la Corte determinó que el exmandatario actuó bajo el principio de confianza y a través de delegaciones legales, ejerciendo labores de vigilancia y control que lo exoneraban de responsabilidad penal directa.Frente al delito de peculado, el alto tribunal concluyó que no se probó que los recursos involucrados fueran efectivamente bienes públicos ni que las obras contratadas implicaran sobrecostos en perjuicio del Estado.Pese a la absolución, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera salvó su voto, señalando que Aguilar debió ser condenado. A su juicio, el exgobernador utilizó la Corporación Panachi como un vehículo para evadir las reglas de la contratación estatal, en una maniobra planificada para adjudicar recursos por más de 22 mil millones de pesos sin licitación pública.Panachi se constituyó sin autorización legal ni estudios técnicos, así mismo fue concebida como una entidad híbrida entre una sin ánimo de lucro y una sociedad de economía mixta, lo que creó un marco legal ambiguo e irregular.El proyecto no hacía parte del plan de desarrollo departamental cuando se iniciaron los convenios, y el Exgobernador era quién controlaba simultáneamente la Gobernación y la Corporación Panachi, lo que le permitió dirigir los recursos y contrataciones a discreción.Frente a esta situación el magistrado señaló que el principio de confianza fue mal aplicado, ya que el acusado conocía la ilegalidad de sus acciones.Finalmente, fue enfático al resaltar que las actuaciones del procesado debieron derivar en una condena por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, incluso bajo la figura de delito continuado.Por ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido informada formalmente sobre el proceso, pero no ha mostrado interés en intervenir o asumir competencia en el caso, pese a declaraciones previas de Aguilar ante esa jurisdicción sobre la construcción del parque.