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Por segunda ocasión, la Gobernación de Santander negó el permiso de introducción y comercialización del aguardiente Superior, fabricado por la Empresa Licorera de Santander S.A.S. BIC. La primera negativa se dio en abril de 2024 y la segunda en marzo de 2025, lo que llevó a la compañía a interponer acciones legales contra la administración departamental.
Danny Villamizar, uno de los propietarios de la Licorera de Santander, denunció que la Gobernación de Santander ha incumplido la normatividad vigente. En entrevista con Blu Radio, afirmó que la empresa cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley 1816 de 2016, pero la solicitud fue rechazada bajo argumentos que, según él, no se ajustan a la norma.
"El año pasado hicimos la primera solicitud cumpliendo con todos los requisitos, pero se nos negó porque la Gobernación estaba en proceso de radicación de marcas y creación de la empresa estatal de licores. Sin embargo, la ley es clara en las causales para negar los permisos, y en este caso no se cumplieron. Por eso iniciamos acciones jurídicas", explicó Villamizar.
Según la respuesta oficial de la Gobernación de Santander en la segunda solicitud, la negativa se basa en el Decreto 823 de 2024, que suspendió por seis años la expedición de permisos para la introducción y comercialización de aguardientes en el departamento, en el marco del monopolio rentístico.
Sin embargo, Villamizar cuestiona esta decisión, argumentando que la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos en los que se basó dicha suspensión.
“Aunque la sentencia aún no ha sido notificada oficialmente, otras gobernaciones del país han comenzado a aplicar la apertura del mercado con base en el comunicado de prensa de la sentencia”, anotó.
Ante esta situación, la Licorera de Santander interpuso una denuncia penal contra Nelson Javier López, exdirector técnico de ingresos de la Secretaría de Hacienda de Santander, quien firmó la primera negativa del permiso. Asimismo, la empresa presentó una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Gobernación y anunció una demanda administrativa y disciplinaria.
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Actualmente, el aguardiente Superior tiene autorización de comercialización en Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Armenia. También se encuentra en proceso de aprobación en Norte de Santander, Cesar y otros departamentos de la costa.
La controversia continúa mientras la Gobernación de Santander mantiene su posición, argumentando que la suspensión del permiso sigue vigente y amparada en el marco legal del departamento. Entretanto, la Licorera de Santander sigue buscando mecanismos legales para poder comercializar su producto en el territorio santandereano.
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