La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años al exconcejal de Lebrija, Santander, Alexander Porras Marín, tras hallarlo responsable de apropiarse irregularmente de recursos públicos mientras se desempeñaba como presidente del Concejo Municipal.
En el fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga concluyó que entre julio y agosto de 2023 el entonces cabildante dispuso irregularmente de dinero perteneciente a la corporación, mediante el giro de dos cheques debitados de la cuenta corriente institucional que se encontraba bajo su custodia y administración.
El Ministerio Público determinó que con estas actuaciones el exconcejal vulneró los principios de moralidad y legalidad en la función pública, calificando la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.
La @PGN_COL sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años al concejal de Lebrija, Santander, para la época de los hechos, Alexander Porras Marín, por la apropiación de recursos públicos. https://t.co/EdVypFtIzG pic.twitter.com/UlJUpuChS3
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 9, 2026
El exconcejal Alexander Porras Marín habría utilizado su posición como ordenador del gasto para apropiarse indebidamente de siete millones de pesos, a través de la expedición de dos cheques.
Según las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, entre los meses de julio y agosto de 2023, Porras Marín habría utilizado su posición como ordenador del gasto para apropiarse indebidamente de siete millones de pesos, a través de la expedición de dos cheques.
La Fiscalía determinó que dichos cheques fueron cobrados por la entonces secretaria del concejo, Jennifer Angarita, quien también fue judicializada por su posible responsabilidad en estos hechos.
Por este caso, la Fiscalía General de la Nación imputó a Porras Marín y a Jennifer Angarita por los delitos relacionados con presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos del Concejo de Lebrija. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias adelantadas ante un juez de control de garantías.
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La decisión de la Procuraduría se conoce en medio de varios escándalos por presuntas irregularidades administrativas y casos de corrupción que han sido investigados en diferentes corporaciones públicas de Santander.
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