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Fallo en segunda instancia del Tribunal Superior favorece a mineros de Santurbán

Tribunal superior de Bucaramanga ratificó fallo de tutela contra minambiente, Susana Muhammad, por omitir información a comunidades sobre áreas de reserva para declarar el páramo de Santurbán.

Susana Muhamad
Susana Muhamad.
Foto: Suministrada

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó en segunda instancia, el fallo de tutela interpuesto por Ivonne Consuelo González, presidenta de Asomineros Vetas y líder del Paro Minero.

Quién afirmo que la posible creación de un área de reserva en la zona de Santurbán, en el departamento de Santander, afectaría considerablemente a los pequeños mineros.

"Nos da la razón es una prueba más a las denuncias que hemos hecho sobre la ministra de Ambiente Susana Muhamad que ha violado los derechos fundamentales de miles de familias y pequeños mineros legales, condenándolos a la pobreza y a la ilegalidad, ella pretende borrar más de 470 años de vocación, minería arraigo e idiosincrasia minera, con una resolución que no ha sido concertada" señaló González.

El magistrado Danny Samuel Granados Durán, resalta que las autoridades ambientales no han respondido de manera adecuada a las solicitudes y preocupaciones planteadas por las comunidades mineras.

Y a su vez que no se ha garantizado la participación suficiente de los afectados sobre la propuesta de área de reserva que abarcaría el 98% de los territorios de seis municipios de Soto Norte, como son los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona.

En este contexto, el juez consideró que el Ministerio no brindó respuestas completas, sino que ofreció respuestas superficiales y evasivas.

Ivonne González había solicitado formalmente al Ministerio una respuesta a sus inquietudes, especialmente en relación con el impacto de las decisiones gubernamentales sobre la minería y las áreas de reserva temporal.

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El fallo de segunda instancia se suma a otros pronunciamientos de instituciones locales, como la Gobernación de Santander y las Alcaldías de los municipios de Soto Norte, así como de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que han cuestionado la legalidad y consistencia técnica del proyecto de área de reserva en Santurbán.

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