La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Mauricio Castaño Trespalacios, comandante de guardia de la estación de Policía del municipio de Girón, en Santander, por un presunto caso de hostigamiento y asedio sexual en perjuicio de una subordinada.
Con esa decisión, el órgano de control abre formalmente la etapa de investigación disciplinaria y pone bajo escrutinio la conducta de un mando policial dentro de su propia unidad.
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De acuerdo con la información conocida, para la época de los hechos el uniformado se desempeñaba como intendente jefe de la institución y tenía bajo su mando a una auxiliar que prestaba sus servicios en las instalaciones de la estación.
La investigación se concentra en lo ocurrido durante el mes de febrero de 2026, cuando, según la hipótesis del Ministerio Público, el entonces intendente jefe habría aprovechado la posición de superioridad que le daba su cargo para acercarse a la auxiliar en repetidas ocasiones.
Ese acercamiento reiterado no habría sido casual. La Procuraduría examina si el uniformado realizó tocamientos no consentidos en zonas íntimas del cuerpo de la auxiliar y si, además, le dirigió insinuaciones y propuestas de contenido sexual.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó la presunta falta como gravísima y la atribuyó a título de dolo. Esa calificación no es menor: implica que, para el Ministerio Público, la conducta no fue producto de un descuido ni de una omisión involuntaria, sino de una actuación consciente y deliberada.
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El caso pone sobre la mesa un problema que trasciende lo individual el uso de la cadena de mando como factor de vulnerabilidad.
Cuando quien presuntamente agrede es el superior inmediato de la víctima, la denuncia se vuelve más difícil, las rutas de atención se vuelven más frágiles y el silencio se convierte en una opción razonable para quien teme represalias.
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La Procuraduría deberá establecer no solo qué ocurrió en febrero de 2026, sino también en qué condiciones institucionales pudo ocurrir.
La institución policial, por su parte, queda ante la exigencia de revisar sus protocolos de prevención y atención en casos de acoso y hostigamiento sexual al interior de las unidades, especialmente en municipios donde la estación funciona como espacio de trabajo y, en la práctica, como espacio de convivencia jerárquica permanente.