El gerente de Metrolínea S.A. , Emiro Castro, presentó su renuncia irrevocable al cargo, argumentando que la constante inestabilidad y la incertidumbre jurídica que atraviesa el Sistema de Transporte Masivo ponen en riesgo su tarjeta profesional, su salida se hará efectiva el próximo 27 de abril, tras permanecer cerca de tres meses al frente de la entidad, luego de su nombramiento en enero de 2025.
La decisión de Castro se dio luego de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda, impidiera que se avanzara en el proceso de disolución y liquidación de Metrolínea , pese a la existencia de una clara causal legal para hacerlo.
Durante la más reciente Asamblea General de Accionistas, el Ejecutivo, que tiene una participación del 70 %, votó en contra de esta medida, negando la posibilidad de cerrar el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo del área metropolitana.
Ante este panorama, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que se emprenderán acciones legales para hacer valer la legalidad del proceso de liquidación , el cual ha sido promovido desde su administración con base en las facultades otorgadas por el Concejo Municipal.
La decisión de liquidar Metrolínea se sustenta en la figura jurídica de “no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha”, contemplada en el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020. Esta causal ya había sido reconocida y debatida en la Asamblea de Accionistas del 23 de agosto de 2023, donde se concluyó que los altos pasivos acumulados hacían inviable la continuidad operativa del sistema.
La deuda que tiene Metrolínea a fecha de marzo de 2025, asciende a $4.500 millones con los operadores encargados de garantizar la logística y operación diaria del servicio, la intención de la liquidación era permitir la estructuración de un nuevo modelo de transporte para Bucaramanga y su área metropolitana, transfiriendo la responsabilidad del servicio al Municipio y otorgando al liquidador las herramientas para responder por los pasivos existentes.
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No obstante, con la negativa del Gobierno Nacional, Bucaramanga, junto con los municipios de Floridablanca y Piedecuesta, enfrenta en solitario un escenario de inviabilidad financiera del sistema de transporte masivo. Según la administración municipal, el Ejecutivo insiste en sostener una estructura que consideran insostenible, en lugar de permitir una transformación urgente y necesaria para la región.
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