La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 35 antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte (BIRIC), involucrados en casos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en Santander y Norte de Santander entre 2003 y 2008.
La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que concedió a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, al concluir que no tuvieron un papel determinante como máximos responsables dentro de los patrones criminales investigados y que cumplieron con los requisitos exigidos por la justicia transicional.
Los hechos por los que comparecieron ante la JEP dejaron 11 víctimas directas en municipios de Santander como El Playón, Matanza, Lebrija, Sabana de Torres y Suratá, así como en La Esperanza, Norte de Santander. De acuerdo con la investigación, los militares participaron en nueve casos de ejecuciones extrajudiciales que posteriormente fueron reportadas como resultados operacionales contra grupos armados ilegales.
La JEP explicó que el beneficio otorgado extingue la acción penal y disciplinaria contra los comparecientes por estos hechos, lo que implica el cierre definitivo de los procesos en su contra. Sin embargo, precisó que esta medida no constituye una absolución automática ni fue concedida de manera gratuita.
Durante el proceso, los exintegrantes de la fuerza pública participaron en audiencias públicas en las que aportaron versiones detalladas sobre lo ocurrido, reconocieron su responsabilidad en los hechos y realizaron actos de perdón dirigidos a las víctimas y sus familias.
Según la decisión de la Jurisdicción, los comparecientes también asumieron compromisos restaurativos y de no repetición, entre ellos la realización de una audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad ante medios de comunicación de Santander y otras acciones orientadas a reivindicar el buen nombre de las víctimas.
La Sala estableció que los crímenes investigados respondieron principalmente a dos modalidades. En la primera, civiles señalados por informantes o supuestas fuentes de inteligencia fueron asesinados y posteriormente reportados como integrantes de grupos armados muertos en combate. En la segunda, las víctimas fueron engañadas mediante ofertas de actividades ilegales remuneradas para luego ser ejecutadas y presentadas falsamente como bajas operacionales.
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La JEP señaló que los aportes de verdad entregados por los comparecientes permitieron reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al alcanzado en las investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria. Además, indicó que durante el trámite fueron identificados nuevos hechos que no habían sido documentados previamente y que continúan bajo análisis.
Como parte de las medidas adoptadas, la jurisdicción ordenó que los beneficiarios no puedan reincorporarse a la fuerza pública, salvo para desempeñar funciones administrativas, y dispuso la revocatoria de los reconocimientos, condecoraciones e incentivos obtenidos por las operaciones ilegítimas relacionadas con estos casos.
La decisión también permitió establecer que uno de los hechos analizados dentro del mismo proceso correspondió a una operación militar legítima y no a una ejecución extrajudicial.
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