La historia ha generado conmoción en Santander por el contraste entre la imagen pública de la mujer y el proceso judicial que enfrenta.
En el municipio de Charalá, Ángela Carolina Rodríguez creó la fundación Uniendo Colores, una organización desde la que promovía actividades de prevención de la violencia intrafamiliar y protección de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el Juzgado Primero Penal con Funciones Mixtas de Piedecuesta emitió un sentido de fallo condenatorio en primera instancia en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada, tras considerar probadas las agresiones contra uno de sus hijos.
De acuerdo con Hernando Morantes, tío del menor y abogado del padre de la segunda hija de la mujer, durante el juicio fueron escuchados cinco testigos y se presentaron diferentes elementos probatorios.
Entre ellos, la declaración del niño, hoy de 10 años, quien relató que presuntamente era golpeado con un palo y obligado a ingerir su propio vómito. El abogado también aseguró que padres de familia del colegio advirtieron en varias oportunidades señales de maltrato y descuido.
Como consecuencia de ese proceso, al menor le fueron restablecidos sus derechos y la custodia quedó en manos de su padre.
No obstante, Morantes asegura que la preocupación ahora se concentra en la segunda hija de la mujer, una niña de siete años que, según afirma, continúa bajo la custodia de su madre.
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"Queremos hacer una alerta máxima. No entendemos por qué ninguna entidad ha actuado para proteger a esta niña", manifestó el abogado, quien sostiene que la menor habría denunciado en varias oportunidades, ante comisarías de familia, presuntos hechos de violencia sin que, según él, se adoptaran medidas de protección.
El jurista también afirmó que, tras conocerse la condena en primera instancia, la mujer abandonó el municipio de Charalá y se trasladó a Bucaramanga con la niña, lo que aumentó la preocupación de la familia por el paradero y las condiciones en las que se encuentra la menor.
Según Morantes, la niña también habría manifestado a sus familiares que su madre le dijo que "prefería atentar contra su vida antes que ir a la cárcel", situación que, asegura, ha generado una fuerte afectación emocional en la menor y motivó un nuevo llamado a las autoridades para intervenir de manera urgente.
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El abogado cuestionó que, pese a existir un fallo condenatorio en primera instancia por hechos de violencia contra uno de los hijos y a las declaraciones que, según él, ha entregado la niña ante distintas autoridades, esta continúe bajo la custodia de su madre.
El próximo 6 de agosto, un juez resolverá la apelación de la sentencia. De confirmarse el fallo, la mujer enfrentaría una condena por violencia intrafamiliar agravada.
Mientras tanto, la familia insiste en que el proceso judicial no puede ser el único frente de atención y solicita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las comisarías de familia y a la Fiscalía revisar los casos de maltrato contra menores de edad.
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