La sanción impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato e incumplimiento de órdenes relacionadas con el proceso de delimitación del páramo de Santurbán, generó reacciones entre los líderes sociales y mineros de la región.
Ivonne González, presidenta del Consejo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río Alto Lebrija, vocera y veedora del Comité de Dignidad Minera y vicepresidenta del Consejo Departamental de Planeación, aseguró que recibe con satisfacción la decisión judicial, aunque advirtió sobre lo que calificó como un intento del Gobierno saliente de acelerar el proceso de delimitación en los últimos días de su administración.
"Recibimos con agrado el desacato que le impuso el Tribunal de Santander a la ministra, después de más de una decena de intentos", afirmó González, quien sostuvo que la decisión representa un llamado de atención frente al manejo que ha tenido el Ministerio de Ambiente sobre este proceso.
La dirigente expresó su preocupación por una convocatoria programada para el próximo 4 de julio en Neomundo, en Bucaramanga, donde se desarrollará una jornada relacionada con la delimitación del páramo. Según manifestó, teme que allí se impulse una propuesta de delimitación progresiva sin la participación adecuada de las comunidades involucradas.
González recordó que, en 2022, habitantes del municipio de Vetas solicitaron al Ministerio de Ambiente una delimitación parcial del territorio, petición que, según indicó, fue rechazada bajo el argumento de que el macizo de Santurbán no podía dividirse. Por ello cuestionó que ahora se estudie esa posibilidad en la recta final del actual Gobierno.
En ese sentido, hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que vigile el proceso y pidió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, intervenir durante el empalme para evitar que se adopten decisiones de última hora sobre la delimitación del ecosistema.
La líder también señaló que, a su juicio, el Ministerio de Ambiente estaría incumpliendo principios de participación ciudadana contemplados en el proceso de concertación y advirtió sobre un ambiente de tensión de cara a las actividades previstas para los próximos días, asegurando que distintos sectores saldrán a defender sus posiciones.
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El pronunciamiento se conoce luego de que el Tribunal Administrativo de Santander sancionara a la ministra Irene Vélez con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato y presunta negligencia en el cumplimiento de las órdenes impartidas dentro del proceso de delimitación del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
La decisión judicial concluyó que, desde su llegada al Ministerio en agosto de 2025, la funcionaria incumplió órdenes relacionadas con la definición de un cronograma verificable, el liderazgo del proceso participativo y la adopción de medidas concretas para avanzar en la delimitación. Además, el Tribunal otorgó un plazo de diez días hábiles para que la cartera ambiental presente un informe con el cronograma definitivo municipio por municipio y advirtió que podrían imponerse nuevas sanciones si persisten los incumplimientos.
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