Los mineros y otros sectores productivos de la provincia de Soto Norte, en Santander, celebraron la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la resolución que extendía hasta marzo de 2029 la vigencia de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal.
La decisión quedó contenida en la Resolución 1277 del 28 de septiembre de 2026, que dejó sin efecto la Resolución 0970 de agosto de este año. Con la nueva determinación, vuelven a regir las condiciones establecidas en las resoluciones 0221 y 0239 de 2025, por lo que la reserva temporal mantiene como fecha de vencimiento el 4 de marzo de 2027.
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Para Fabio Maldonado, director de ConSotoNorte, la decisión representa un alivio para mineros, ganaderos y agricultores de la región, quienes, según explicó, habían quedado en una situación de incertidumbre frente al desarrollo de sus actividades económicas.
“Hoy especialmente los mineros estamos contentos, estamos celebrando, pero no solo como mineros, sino los ganaderos y los agricultores de Soto Norte, porque nos quitan un gran peso de encima”, señaló Maldonado.
El dirigente aseguró que la anterior resolución había generado restricciones sobre cerca de 29.000 hectáreas que, según su interpretación, estaban por fuera del área delimitada del páramo y que terminaban afectando actividades económicas tradicionales de la provincia.
Maldonado sostuvo además que el impacto no se había traducido todavía en desplazamientos, pero sí, según dijo, en procesos de judicialización de actividades mineras.
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"Lo más grave que se estaba generando es la judicialización de nuestras actividades, la persecución a mineros. La resolución nos dejó en la ilegalidad, nos condenó a ser delincuentes de una actividad que históricamente hemos desarrollado siempre”, afirmó.
Piden terminar la delimitación de Santurbán
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La posición de los mineros coincide con el planteamiento de Asomineros Vetas, organización que pidió al Gobierno Nacional concentrarse ahora en concluir el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán y evitar que la discusión continúe alrededor de reservas temporales y prórrogas.
Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, aseguró que las comunidades habían cuestionado desde el comienzo la forma como se adoptó la prórroga hasta 2029 y sostuvo que la revocatoria confirma, según su organización, las observaciones que habían presentado.
La asociación también pidió convocar las 14 reuniones de concertación que, según las comunidades, están pendientes para completar el proceso de delimitación.
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La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional dejó sin efecto la delimitación realizada mediante la Resolución 2090 de 2014 y ordenó al Ministerio de Ambiente expedir un nuevo acto administrativo después de un procedimiento amplio, participativo, eficaz y deliberativo. La Corte posteriormente ha reiterado que el proceso contempla fases como convocatoria, información, consulta, concertación, observaciones, expedición de la resolución e implementación de los acuerdos.
Para Asomineros Vetas, después de nueve años, el proceso debe llegar a una decisión definitiva que tenga en cuenta los acuerdos alcanzados con las comunidades de los municipios de Soto Norte.
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La reserva temporal no desaparece
La revocatoria de la Resolución 0970 no elimina de inmediato la reserva temporal. Lo que deja sin efectos es la modificación que había extendido su vigencia hasta 2029. Por ahora, la figura establecida en 2025 permanece vigente hasta marzo de 2027.
Asomineros Vetas insiste en que su posición no busca eliminar la protección ambiental del páramo ni permitir actividades mineras dentro del área delimitada. La organización sostiene que su petición es que se complete el proceso ordenado por la Corte Constitucional y se defina, mediante concertación con las comunidades, el futuro de las zonas donde se desarrollan actividades productivas.
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La decisión del Ministerio vuelve a poner en el centro del debate las posiciones enfrentadas en Santander: mientras las organizaciones mineras y comunidades de Soto Norte piden cerrar la delimitación mediante concertación, organizaciones defensoras del páramo han cuestionado la revocatoria y advierten sobre sus posibles efectos en la protección ambiental de Santurbán.