El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, reconoció desde Bucaramanga la grave crisis financiera que enfrenta la entidad y admitió que mantienen deudas con gran parte de la red hospitalaria y clínica del país.
Durante una reunión en la Clínica Foscal Internacional con prestadores de salud y operadores farmacéuticos, Ospina aseguró que la prioridad es estabilizar la red de servicios en Santander y Norte de Santander, especialmente en clínicas privadas de Cúcuta que presentan dificultades por retrasos en los pagos.
“Le debemos casi a todo el mundo”, afirmó el interventor.
Según explicó, aunque algunas instituciones continúan prestando servicios, la mora en los pagos y los giros parciales han generado una fuerte afectación financiera.
“El proveedor de servicios de salud tiene que pagar médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, servicios públicos y generales. Si no recibe el pago oportuno, todo queda en inestabilidad”, sostuvo.
Ospina indicó que una de las deudas más altas corresponde al Hospital Universitario de Santander, aunque aseguró que recientemente realizaron un pago cercano a los 22.000 millones de pesos.
Además, pidió a clínicas y hospitales evitar embargos contra la EPS.
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“Cada vez que nos embargan, se agudiza la crisis”, señaló.
El funcionario aseguró que actualmente adelanta mesas de trabajo y acuerdos de pago con diferentes prestadores para evitar el colapso de servicios médicos.
En medio de su intervención, también lanzó una fuerte advertencia frente a casos en los que pacientes habrían sido rechazados por falta de pago, como ocurrió con un bebé que padecía una malformación congénita cardiovascular.
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“No se tiene que esperar un anticipo para atenderlo. Un bebé debe tener prioridad, incluso, por encima de los propios pagos”, afirmó.
Incluso, advirtió que negar atención en una urgencia vital puede constituir un delito.
“Si una entidad niega la atención a un paciente en riesgo de muerte, está incurriendo en un acto criminal”, aseguró.
Sobre el desabastecimiento de medicamentos denunciado por usuarios en Santander, Ospina confirmó reuniones con Cafam, Ofimedical y Disfarma para mejorar la entrega de tratamientos.
El compromiso, según dijo, es que en un plazo de ocho días los niveles de cumplimiento estén entre el 90 % y el 100 % en municipios como Bucaramanga, Lebrija y Socorro.
Finalmente, el interventor insistió en que la Nueva EPS no será liquidada y afirmó que el Gobierno Nacional busca capitalizar la entidad para garantizar la atención de más de 10 millones de usuarios en el país.
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