La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa disciplinaria por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de videovigilancia (CCTV) en el distrito de Barrancabermeja, cuyo valor se aproximaría a los $6.500 millones.
La actuación disciplinaria busca establecer posibles responsabilidades de funcionarios de la administración distrital en la contratación, adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad.
De acuerdo con la información conocida, el organismo de control advirtió que de aproximadamente 125 cámaras instaladas, solo alrededor de 25 estarían en funcionamiento, mientras que un número significativo presenta fallas o se encuentra fuera de servicio, lo que habría afectado la cobertura del sistema de videovigilancia en la ciudad.
La situación se agrava en el puerto petrolero debido al aumento de casos de sicariato y robos, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.
Según el balance de seguridad, varios de estos hechos no han podido ser esclarecidos ni se ha logrado la identificación de los responsables, lo que incrementa la percepción de inseguridad en la ciudad.
La Policía Nacional, en respuesta a un derecho de petición, indicó que no cuenta con información técnica ni operativa que permita certificar el funcionamiento del centro de monitoreo anunciado por la administración distrital, el cual haría parte del sistema de videovigilancia operado desde el CAD 123.
En ese sentido, señaló que no es posible validar su puesta en marcha ni su operatividad actual, en medio de la preocupación por el aumento de hechos de inseguridad, incluidos casos de sicariato en la ciudad.
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Asimismo, la institución reportó que entre 2024, 2025 y lo corrido de 2026 no se han instalado nuevas cámaras dentro del sistema de seguridad de la ciudad.
Además, advirtió que otros componentes de apoyo a la seguridad presentan fallas significativas, como las alarmas comunitarias y los botones de pánico, lo que impacta la capacidad de respuesta frente al incremento de delitos como los homicidios selectivos y el sicariato
Asimismo, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja señaló posibles deficiencias en la operatividad del sistema, entre ellas problemas técnicos, falta de almacenamiento de video funcional y ausencia de software especializado para su administración.
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El Ministerio Público también ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer los hechos y determinar si hubo fallas en la planeación o ejecución del contrato.
La entidad aclaró que la actuación se encuentra en etapa preliminar, por lo que no implica aún determinación de responsabilidades disciplinarias.
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