La reciente decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de impedir una nueva alocución del presidente Gustavo Petro, acatando un fallo del Consejo de Estado, desató una tormenta política y mediática en el país. El mandatario calificó la medida como un acto de censura y respondió con una entrevista en RTVC, donde cuestionó los límites a su derecho de expresión.
En medio del debate, la Fundación para el Estado de Derecho, reconocida por su trabajo de vigilancia sobre la democracia y la Constitución, fue señalada por RTVC de ejercer censura. Su director, el abogado Andrés Caro, respondió a esas acusaciones en Sala de Prensa Blu, dejando una frase que marcó el tono de la conversación: “El presidente no fue censurado, fue limitado por la ley”.
Advierten que RTVC se convirtió en un canal de propaganda
Durante la entrevista, Caro explicó que la fundación presentó acciones públicas y derechos de petición para revisar el uso de RTVC como medio del Ejecutivo. Según él, el sistema de medios públicos se ha convertido en una “central logística” del Gobierno nacional, dedicada a promover la figura del presidente y organizar eventos oficiales, una práctica que considera contraria a la regulación vigente.
“Nosotros no censuramos a nadie. Lo que hacemos es ejercer un control ciudadano, preguntar, fiscalizar y alertar cuando se desbordan los límites del uso público de los medios”, afirmó el jurista, quien además denunció que el comunicado de RTVC fue “tendencioso y peligroso para el ejercicio del control social”.
“El fallo protege el derecho a una información veraz”, asegura Andrés Caro
Al referirse al caso de la alocución presidencial, Caro destacó que la CRC actuó conforme al fallo del Consejo de Estado, que busca evitar que los mensajes oficiales se utilicen con fines de propaganda política. “Las alocuciones son un instrumento del Estado, no del presidente. Deben ser pertinentes, urgentes y necesarias. El mandatario puede seguir hablando, pero no todo puede ser una locución nacional”, explicó.
El abogado insistió en que la decisión no vulnera la libertad de expresión del presidente, sino que garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y equilibrada. “El presidente no fue censurado, fue limitado por la ley, y eso también es parte del Estado de Derecho”, concluyó.
La entrevista dejó claro que, más allá de la molestia del Gobierno, el debate sobre los límites del poder comunicacional del Ejecutivo apenas comienza.