De acuerdo con la investigación, en 2020 Cardona habría permitido que se implementara un plan de ahorro voluntario conocido como “Plan Semilla”, financiado con más de 1.000 millones de pesos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Dichos recursos tenían una destinación exclusiva al aseguramiento en salud tanto legal como constitucionalmente.
El organismo de control indica que el funcionario, al aprobar esa operación, posiblemente la habría registrado como gasto administrativo, lo que podría constituir una violación de la normativa.
Por esta razón, según la Procuraduría, el funcionario se habría apartado del principio de moralidad que orienta el ejercicio de la función pública, y de manera provisional, calificó la supuesta conducta como una falta disciplinaria gravísima.
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